Investigación 🔎
El Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación que creó para el caso $LIBRA
La disolución de la UTI creada supuestamente para “indagar” sobre la estafa con la memecoin, se produce en medio de una investigación judicial que involucra al presidente Javier Milei y su entorno cercano.
El Gobierno da por cerrada la investigación interna sobre $LIBRA
El Gobierno argentino disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para recabar información sobre el criptoactivo $LIBRA, promocionado por el presidente Javier Milei. La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según el decreto, la UTI «cumplió con las tareas asignadas» y la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, no se han publicado informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta.
La investigación judicial continúa
A pesar de la disolución de la UTI, la investigación penal sobre el caso $LIBRA sigue su curso en el ámbito judicial. La jueza federal María Servini solicitó al Banco Central levantar el secreto bancario sobre las cuentas del presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, para investigar posibles delitos económicos o conflictos de interés vinculados al criptoactivo.
Además, se han congelado los bienes de los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, señalados como responsables de vincular al Gobierno con los desarrolladores de $LIBRA.
Demanda civil millonaria y ausencia en mediación
En paralelo a la causa penal, un grupo de 25 damnificados, representados por el abogado Nicolás Oszust, inició una demanda civil por daños y perjuicios estimados en 4,5 millones de dólares. El presidente Milei y su hermana Karina fueron convocados a una audiencia de mediación obligatoria, pero no se presentaron ni enviaron representantes legales.
Promoción de $LIBRA y consecuencias
El escándalo se originó el 14 de febrero, cuando el presidente Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales. Poco después, el valor del criptoactivo se desplomó, generando pérdidas significativas para los inversores. La justicia investiga si existieron maniobras fraudulentas, como un esquema de «rug pull», y si hubo participación de funcionarios del entorno presidencial.
Puntos clave:
- El Gobierno disolvió la UTI creada para investigar el caso $LIBRA.
- La investigación judicial continúa bajo la jueza María Servini y se investiga el patrimonio de Javier y Karina Milei.
- Una demanda civil por 4,5 millones de dólares avanza tras la ausencia de los Milei en la mediación.
- El escándalo se originó tras la promoción de $LIBRA por parte del presidente.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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