La Cámara Federal de Casación Penal inició este mes las audiencias para revisar las condenas impuestas a funcionarios y policías por las muertes en la represión el 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires, durante los hechos que concluyeron con la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa.

En junio del año pasado la Sala I de la Cámara confirmó las penas a funcionarios y policías pero ordenó revisar el monto de las condenas y para ello se convocó a la primera audiencia con las partes en el juicio para el 14 de noviembre pero luego decidió postergarla para los primeros días de diciembre.

En mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad Interior del Gobierno de Fernando de la Rúa, a una pena de 4 años y 9 meses de prisión, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 9 años y medio, por el homicidio y las lesiones culposas de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.

Por los mismos hechos fueron condenados Rubén Santos –jefe de la Policía Federal- a 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 8 años; a Raúl Andreozzi –a cargo de Seguridad Metropolitana- a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años y Norberto Gaudiero –responsable de la Dirección General de Operaciones de la Federal- a 3 años y medio de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años.

La baja calidad de la instrucción fue mencionada por el fallo de primera instancia y numerosos organismos civiles y de derechos humanos recalcaron la “lentitud” de la instrucción que investigó los episodios criminales de la policía del 20 de diciembre.

Uno de estos organismos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) incluso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recurrir el sobreseimiento, en 2014, del ex presidente ya fallecido, Fernando de la Rúa por estos episodios.

El reclamo para confirmar las penas por las muertes del 2001

La querella por familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 había reclamado a principios de noviembre a la Cámara Federal de Casación que confirme las condenas al ex secretario de Seguridad del Gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.

Por su parte, las defensas de ambos pidieron anular las penas, al exponer en una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom que mantuvieron ante la Sala I del máximo tribunal penal federal del país.

«Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos», sostuvo el abogado del CELS, Rodrigo Borda, querellante por los familiares de tres fallecidos ese día y 25 heridos.

Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que precedieron a la renuncia del fallecido De la Rúa, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.

En mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov a 4 años y 9 meses de prisión y a 4 años a Santos, pero estas penas se recalcularon por orden de Casación. Ahora los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma, quedaron en condiciones de resolver si confirman los nuevos montos fijados.

Tanto Mathov como Santos asistieron a la audiencia virtual, al igual que familiares de víctimas y heridos durante la represión policial que derivó en la renuncia de De la Rúa. En esa instancia, el abogado Borda, por la querella de familiares que representa el CELS, se opuso a cualquier reducción de penas.

«Sin lugar a dudas pretender bajar aún más la pena es un despropósito, perdón el énfasis, no puedo evitar decirlo de manera menos enfática», dijo el abogado. Además remarcó que «hace falta» que la Justicia «se pronuncie en forma definitiva» a casi 20 años de los hechos.

«Debe cumplirse con el objetivo de una sentencia definitiva en tiempo y en forma, la defensa ya tuvo éxito en la impugnación de las penas, es un circuito de impugnaciones para que nunca quede firme la pena», evaluó.

El letrado sostuvo que la Justicia «no debe prestarse a este juego», y que las víctimas y los familiares necesitan que este proceso se defina», agregó el abogado al resaltar los «graves daños ocasionados a la salud» de quienes padecieron la represión.

Borda habló de los muertos y de los lesionados en la represión policial ese día y formuló un interrogante ante los magistrados: «¿Bajarle más la pena a los acusados? Me resulta difícil de explicar a las víctimas. Es como decirles que la salud de ellas no valen o valen menos».

«Esta sentencia tiene que ver con el valor que se le otorga a la vida perdida, las vidas de Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón y la integridad física de todos los heridos tiene valor», concluyó.

En algunos casos «el daño es irremediable y no me refiero sólo a los homicidios , me refiero también a las lesiones. No se puede seguir menospreciando ese valor con penas aún más a la baja», afirmó.

La defensa de Mathov

A su turno, las defensas pidieron que se declare la nulidad de las penas resueltas por el Tribunal Oral, o en todo caso, se reduzcan para que sean de cumplimiento condicional y evitar que los exfuncionarios queden presos.

En el caso del ex secretario de Seguridad, su abogado Jorge Valerga Aráoz planteó además que el delito está prescripto y le pidió a Casación posponer cualquier decisión hasta que pueda manifestarse sobre este punto, a estudio todavía en el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6.

La defensa de Mathov argumentó que la «acción penal está extinguida» y solicitó «diferir el dictado del fallo hasta que este incidente de prescripción esté en condiciones de ser resuelto por este Tribunal».

El abogado pidió «invalidar» la sentencia que recalculó las penas de cumplimiento efectivo. «Mathov actuó sin el conocimiento propio del dolo, fue un delito imprudente», agregó al remarcar que el ex funcionario «mantuvo su vida paralizada hace 20 años por esta acusación».

«Hace 20 años que está penando por este proceso» dijo el abogado y pidió que «se tenga en cuenta la pena natural que ha sufrido Mathov, estuvo preso seis meses , hace 20 años que pesan sobre él restricciones patrimoniales, no puede salir del país,tiene que pedir permiso».

El letrado sostuvo que su cliente «no fue libre en estos 20 años» y que «perdió su carrera política». «Está sometido al constante escarnio público, es hostigado por medios de comunicación masiva cada vez que se evoca el 20 de diciembre, padece juicio civil, problemas de salud», acotó.

«El peso simbólico de la condena tiene peso específico por sí mismo y ante este panorama» se busca » enviarlo a la cárcel como pretende la acusación y como resolvió el TOF 6″, concluyó.

La defensa de Santos

La defensa de Santos, a cargo del abogado Adolfo Vázquez, remarcó que la condena no está firme y sostuvo que el ex jefe de la PFA «actuó convencido de estar actuando a derecho».

«No tuvo en cuenta el Tribunal Oral que los hechos se dieron en un contexto único, sin precedentes del 20 de diciembre de 2001», acotó al coincidir en que Santos también es víctima de una «pena natural porque está sometido a proceso hace 20 años»

«Ya se ha castigado bastante a Rubén Jorge Santos por cumplir su deber el 20 de diciembre de 2001», agregó al pedir a Casación que anule la pena e imponga al acusado el mínimo legal previsto para evitar que quede preso.