Legislativo
Glaciares en llamas: LLA intenta entregarle la cordillera a las mineras en medio de protestas y represión
Sesión caliente en el recinto y represión policial afuera del Congreso, con una oposición que intentó, sin éxito, abordar la interpelación de Manuel Adorni, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y maniobras de corrupción.
Votan por las mineras, reprimen al pueblo: la sesión de los glaciares en Diputados
★ La Cámara de Diputados sesionó este miércoles para tratar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una jornada que combinó debate encendido en el recinto, represión policial afuera del Congreso y una oposición que intentó, sin éxito, forzar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salpicado por múltiples escándalos de corrupción.
Qué está en juego: el agua como recurso estratégico
La reforma a la Ley 26.639, vigente desde 2010, busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo criterios que el oficialismo define como «técnicos». El punto central es que la protección dejaría de abarcar a todo el ambiente periglacial y pasaría a concentrarse en los cuerpos de hielo o geoformas con función hídrica efectiva y relevante, acotando la tutela ambiental.
Bajo el nuevo esquema, la protección de un área periglacial dejará de ser absoluta para depender de su función técnica: si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Lo que también está en juego es el Inventario Nacional de Glaciares. Mientras los gobernadores lo critican por considerarlo desactualizado, los sectores ambientalistas y técnicos sostienen que el registro ha sufrido por falta de financiamiento crónico, pero sigue siendo la base científica esencial para proteger las 39 cuencas hidrográficas que alimentan los glaciares argentinos.
El lobby minero: inversiones, RIGI y gobernadores aliados
El proyecto no llegó solo al recinto. Impulsado por el Gobierno Nacional y un bloque de gobernadores aliados, pretende captar inversiones millonarias bajo el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La reforma cuenta con el respaldo explícito de los mandatarios de Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Mendoza (Alfredo Cornejo).
El Gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de 20.000 millones de dólares en inversiones. Entre los proyectos beneficiados figura el yacimiento Taca-Taca, un proyecto de cobre de la canadiense First Quantum Minerals considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar, con una inversión inicial estimada en 4.200 millones de dólares, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC).
El secretario de Minería, Luis Lucero, fue el principal vocero oficial en las comisiones. Fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras, ante lo cual se defendió valorando su experiencia y negando conflicto de intereses.
La ciencia dice que no
La comunidad científica argentina se pronunció masivamente en contra. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales publicó un comunicado alertando sobre las consecuencias en el acceso al agua. En la misma línea, el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y distintas redes científicas pidieron a los diputados que no aprueben la ley.
El propio IANIGLA indicó que los glaciares de escombro pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior y, en los Andes Áridos, aportar entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en años de sequía, cuando la demanda es más alta y las precipitaciones no alcanzan.
Varios especialistas señalaron que un debate que debería tener la evidencia científica como columna vertebral descansó, en cambio, sobre un conjunto de argumentos productivos y políticos. Un grupo de expertos en geología, ambiente y clima denunció además que fue desplazado antes de poder exponer en la audiencia pública.
Las audiencias públicas solo permitieron exponer a unos 200 oradores presenciales y 200 virtuales de los 100.000 inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.
La oposición en el recinto: voces contra la entrega
La diputada kirchnerista Sabrina Selva abrió el debate con dardos directos: «El debate propuesto por el gobierno de Milei respecto de la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como su gobierno, tan mentiroso como su relato, tan injustificado como las propiedades de Adorni».
La diputada rionegrina Adriana Serquis fue aún más contundente: «Van a terminar votando a favor de 6 mineras y en contra de todo un pueblo». Y denunció que, según el dictamen de mayoría, más del 99% de los inscriptos no pudo exponer y más del 95% de los expositores rechazó firmemente el proyecto.
El ex ministro de Educación Nicolás Trotta anticipó su voto negativo: «Yo estoy a favor de una minería sostenible, que no implique un retroceso de una ley que surgió a partir del consenso de toda la sociedad. No se van a generar más inversiones poniendo en riesgo nuestro ambiente».
Represión afuera: un detenido en Av. de Mayo y 9 de Julio
Mientras se debatía en el recinto, la protesta popular fue respondida con represión en las calles. Una persona fue detenida en medio de los incidentes registrados esta tarde entre militantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso. El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes para que permanecieran en los alrededores del Congreso.
El episodio Adorni: la oposición intentó la interpelación y el oficialismo la bloqueó
En el arranque de la sesión, la oposición intentó instalar otro tema que sacude al Gobierno. A través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. La iniciativa recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), pero la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los presentes para incluirla en el temario.
Penacca apuntó al «misterio de la calle Miró»: el departamento de lujo que Adorni compró en Caballito por 230.000 dólares, a partir de un supuesto préstamo de 200.000 dólares de dos jubiladas que, según la escritura, fueron las vendedoras. «Una de ellas dijo no conocerlo a Adorni pero parece que es muy solidaria e igual le prestó 200 mil dólares», ironizó la legisladora.
El diputado radical bonaerense Pablo Juliano agregó que «el 90% de los argentinos no se come el caramelito» de las explicaciones del funcionario, y advirtió que el Congreso no puede convertirse en cómplice de una situación que «no tiene explicación porque no la hay».
Contexto: una ley con historia
La Ley de Glaciares tiene una historia de resistencia política. La discusión no pasa solo por minería contra ambiente: lo que está en juego es quién define qué áreas deben quedar bajo resguardo, con qué criterios técnicos y hasta dónde pueden intervenir las provincias en una ley de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial en todo el territorio argentino.
Con la media sanción del Senado ya obtenida el 26 de febrero, La Libertad Avanza contaba con 94 votos propios y el respaldo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio y al menos entre 2 y 4 de Provincias Unidas. Los números, al momento del cierre de esta edición, favorecían al oficialismo.
Puntos clave:
- El oficialismo impulsó en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares para habilitar la minería en zonas periglaciares que no demuestren función hídrica comprobable.
- La Academia Nacional de Ciencias, la UBA y el IANIGLA se pronunciaron en contra, alertando sobre el riesgo hídrico para 39 cuencas.
- Se esperan inversiones por 20.000 millones de dólares si la reforma se aprueba, en el marco del RIGI.
- Una persona fue detenida en los incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad frente al Congreso.
- La oposición intentó interpelar a Adorni por corrupción: obtuvo más votos a favor que en contra (124 a 118), pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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