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Legislativo

Oficialismo bloqueó en Diputados la citación a Karina Milei y Adorni por el caso $LIBRA

La moción impulsada por Maximiliano Ferraro para incorporar tres proyectos vinculados a la estafa cripto obtuvo 125 votos afirmativos pero no alcanzó la mayoría agravada requerida. El bloque oficialista de La Libertad Avanza votó en bloque en contra. La oposición anticipa que en las próximas semanas tendrá los números para avanzar.

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Caso $LIBRA: el oficialismo bloqueó en Diputados la citación a Karina Milei y Adorni

★ El oficialismo de La Libertad Avanza volvió a blindar a sus propios funcionarios en el Congreso. Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados celebrada este miércoles, la oposición intentó incorporar al temario tres proyectos vinculados al caso $LIBRA mediante una moción de apartamiento de reglamento, pero el bloque gubernamental logró impedirlo.

La votación arrojó 125 votos afirmativos y 116 negativos, un resultado que refleja que la mayoría simple estaba del lado opositor, pero que resultó insuficiente: al tratarse de expedientes sin dictamen de comisión, la incorporación exigía una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes.

La moción fue presentada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, y apuntaba a poner en tratamiento iniciativas que buscan citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que rindan cuentas sobre su presunta participación en la trama de la estafa cripto. El tercer expediente rechazado busca que el propio Javier Milei responda sobre sus comunicaciones con el operador cripto Mauricio Novelli y sobre posibles pagos recibidos de parte de ese empresario.

El bloqueo y el discurso de Ferraro

Tras conocerse el resultado de la votación, Ferraro fue contundente en su diagnóstico: «Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación.»

El legislador también apuntó directamente contra la actuación del fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa $LIBRA, una figura que este medio ya señaló como cuestionada por la propia oposición parlamentaria.

«A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa $LIBRA, en donde se ha malversado la investidura presidencial. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de tres meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria, a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy; y que hasta el momento, si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes», sostuvo el diputado durante la sesión.

Las palabras de Ferraro sobre Taiano adquieren un peso particular en el contexto de la investigación judicial. Como informó este medio, legisladores opositores presentaron en marzo una denuncia formal contra el fiscal por presuntamente entorpecer la causa, y es precisamente ese mismo Taiano quien tiene en sus manos el pedido de indagatoria que el querellante Martín Romeo formuló contra 16 sospechosos, entre ellos Adorni.

El rol de Karina y Adorni en la causa

Los dos funcionarios a los que la oposición intentó citar al Congreso no son nombres elegidos al azar: ambos figuran en el expediente judicial con roles específicos dentro de la trama.

En el caso de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia aparece en el escrito de la querella de Romeo como parte de la asociación ilícita que, según esa presentación, lideró Novelli. Como informó este medio, tanto ella como el presidente fueron incluidos entre los solicitados para declaración indagatoria.

En el caso de Manuel Adorni, tal como reveló este medio en una nota publicada ayer, la querella lo señala como el «legitimador» indispensable del esquema: su presencia en el Tech Forum del Hotel Libertador el 19 de octubre de 2024 fue calificada de «fundacional» para dotar a los organizadores del fraude del respaldo institucional que necesitaban para atraer tanto a los financistas internacionales como a los inversores que resultaron estafados.

El escrito de más de 200 páginas presentado por Romeo lo define como «condición sine qua non» para que el desapoderamiento masivo fuera posible, y los registros extraídos del iPhone de Novelli y analizados por la DATIP documentan que la organización pagó por publicaciones de Adorni utilizando deliberadamente su cargo de Vocero Presidencial.

Adorni acumula, además, una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito con propiedades no declaradas, vuelos privados pagados por un empresario con contratos estatales y registros migratorios que contradicen sus declaraciones públicas. La escribana que intervino en dos de sus operaciones inmobiliarias fue citada a declarar precisamente este 8 de abril ante el fiscal Gerardo Pollicita.

El bloqueo como patrón

Lo ocurrido este miércoles en Diputados no es un episodio aislado sino la expresión parlamentaria de una estrategia que tiene su correlato en el fuero judicial. El oficialismo utiliza su peso numérico en el Congreso para impedir que los funcionarios sean interpelados, mientras que en la justicia federal el fiscal Taiano, cuestionado por la oposición, no ha avanzado en la causa con la celeridad que el volumen de evidencia disponible parecería exigir.

La contradicción que emerge es difícil de soslayar: el mismo gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con «la casta» y con la impunidad de los funcionarios se vale hoy de los mecanismos institucionales para blindar a sus propios cuadros de cualquier control republicano efectivo, tanto en el Parlamento como, según denuncia la oposición, en el fuero federal.

La sesión de este miércoles dejó, sin embargo, un dato político relevante: 125 diputados votaron a favor de que Karina Milei, Adorni y Milei rindan cuentas ante el Congreso. Ferraro advirtió que ese número puede crecer. Si la oposición logra en las próximas semanas los votos que le faltan para la mayoría agravada, el escenario para el oficialismo en el Congreso se complicará sensiblemente en un año en que las elecciones legislativas de medio término ponen en juego el control de la Cámara baja.

Puntos clave

  • La moción de apartamiento de reglamento para incorporar tres proyectos vinculados al caso $LIBRA obtuvo 125 votos a favor y 116 en contra, pero no alcanzó la mayoría agravada de tres cuartas partes requerida por tratarse de expedientes sin dictamen.
  • Los proyectos rechazados buscaban citar al Congreso a Karina Milei y a Manuel Adorni, y obligar a Javier Milei a responder sobre sus comunicaciones con Mauricio Novelli y posibles pagos recibidos de ese empresario.
  • El diputado Ferraro acusó al fiscal Taiano de «encubrimiento» y señaló que en más de un año y tres meses no se realizó ninguna citación a declarar en la causa $LIBRA, ni siquiera testimonial.
  • Tanto Karina como Adorni figuran en el pedido de indagatoria de la querella de Romeo; el rol de Adorni como «legitimador» del fraude y el pago por el uso de su cargo están documentados en registros del iPhone de Novelli analizados por la DATIP.
  • La oposición anticipa que en las próximas semanas contará con los votos necesarios para avanzar en comisiones con los pedidos de informes e interpelación.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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