DDHH
A 30 años del atentado de la AMIA
En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado, cuyos responsables siguen impunes.
En el barrio porteño de Balvanera, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló
contra la entrada del edificio de la AMIA, cuando faltaban siete minutos para las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994, jornada que a partir de ese momento se convirtió en una de las fechas más negras de la historia argentina.
Desde entonces, 30 años han pasado sin que la investigación judicial ni las acciones de los distintos gobiernos hayan arrojado resultados satisfactorios para los familiares de los 85 muertos y los 300 heridos, que provocó ese ataque terrorista.
En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado, cuyos responsables siguen impunes.
Aunque la comunidad judía de la Argentina es la más numerosa de América latina y una de las principales del mundo, el atentado fue tomado por la colectividad, la Justicia y los gobiernos como un ataque a la sociedad argentina toda.
La iniciativa del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner para acordar con Irán el interrogatorio en Teherán a los acusados terminó rodeada de polémica, rechazo, inconstitucionalidad y resultados nulos.
Ahora, el gobierno del presidente Javier Milei intenta implementar el juicio en ausencia para avanzar con el proceso que apunto a los iraníes.
El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía ya había sido objeto de otro atentado, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel, que entonces se ubicaba en el barrio porteño de Retiro, y como consecuencia de lo cual murieron 27 personas y más de 100 resultaron heridas.
Dos años después, la Asociación Mutual Israelita Argentina se encontraba organizando los preparativos para el festejo del primer centenario de su creación.
La organización había sido fundada grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país.
El viernes 15 de julio de 1994, tres días antes de la explosión, una Traffic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la sede de la mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945.
A las 9:53 del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur.
La explosión produjo un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos/dólares, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.
Desde ese momento, sin novedades judiciales a la vista, sobre el atentado a la AMIA se produjeron miles de artículos periodísticos y decenas de libros, ensayos y videos, así como
centenares de testimonios orales, expresiones artísticas, imágenes y actividades educativas.
Cada 18 de julio a las 9.53 en la reconstruida sede de Pasteur 633 se hace sonar la sirena que buscar fortalecer la memoria y redoblar el reclamo de justicia.
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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