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Alerta por sobrepoblación en cárceles federales: más del 40% sin condena

Ya hay una sobrepoblación del 7,4%.

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El-Argentino-Cárcel de Devoto

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) informó que la población carcelaria en el sistema federal argentino continuó en aumento durante el primer trimestre de 2025, lo que generó una sobreocupación del 7,4% y elevó el número de internos a 11.815. De ese total, el 40,7% permanece encarcelado sin condena firme.

Más presos, más hacinamiento

Según el informe elaborado por la Procuvin, que dirige el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sumaron 119 nuevos internos entre enero y marzo de este año. Se trata de un crecimiento del 1% respecto a diciembre de 2024 y de una tendencia sostenida durante los últimos cuatro años: en diciembre de 2021 había 11.283 detenidos, y en diciembre pasado se registraron 11.696.

La capacidad de alojamiento del SPF es de 11.002 plazas, pero actualmente hay 813 personas por encima de ese límite. El informe subrayó, además, la subutilización de la Unidad 36 de Coronda, en Santa Fe, que fue inaugurada en diciembre de 2024 con capacidad para 464 internos pero aloja apenas a 167.

Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, entre los penales más poblados

Los cinco complejos penitenciarios federales con mayor cantidad de presos son:

  • Ezeiza: 1.934 internos
  • Marcos Paz: 1.868
  • Villa Devoto: 1.531
  • Mendoza: 770
  • Salta: 588

Villa Devoto encabezó el crecimiento trimestral, con 31 nuevos internos. Lo siguieron Salta (+11) y Santa Rosa (+10).

El 40,7% de los presos no tiene condena

Uno de los datos más preocupantes del informe es que 4.813 personas detenidas —el 40,7% del total— se encuentran sin condena firme. Se trata de un aumento del 1,4% respecto al trimestre anterior. Los presos condenados representan el 59,3%, con un total de 7.000 internos.

El fiscal Fabián Grillo recordó que “están las demandas” contra el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales, y advirtió que este crecimiento “compromete los estándares mínimos de derechos humanos que debe garantizar el Estado”.

Más mujeres y extranjeros detenidos

  • El 92,3% de la población carcelaria está compuesta por varones (10.904), un 7,5% son mujeres (883), y un 0,2% personas trans (28).
  • La población femenina creció un 3,6% en el último trimestre, mientras que la travesti-trans cayó un 30%.
  • También se registró un aumento del 2,9% en extranjeros detenidos, que pasaron de 1.884 a 1.938 personas. De ellos, el 54,5% está condenado y el 45,5% en prisión preventiva.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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