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Marcó del Pont descartó que el acuerdo con el FMI implique nuevos impuestos

La titular de la AFIP negó que el acuerdo con el FMI incluya la creación de nuevos impuestos

Publicado hace

4 años

15.02.2022

La administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, descartó hoy que la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implique la creación de nuevos impuestos, sino que se trabajará en mejorar la recaudación profundizando los controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva.

«Parte de la letra chica del acuerdo con el FMI es converger a un mayor equilibrio fiscal, que no va a ser resignando el crecimiento, sino mejorando la recaudación y administración tributaria. Vamos a profundizar el trabajo en materia de fiscalización y control en los sectores de mayor capacidad contributiva», aseguró Marcó del Pont.

La titular de la AFIP subrayó que «no se está pensando en crear nuevos impuestos sino en mejorar los ya existentes», y afirmó que su administración se concentra «en mejorar la recaudación con mayor cumplimiento de los sectores que más contribuyen».

«no se está pensando en crear nuevos impuestos sino en mejorar los ya existentes»-dijo la titular de AFIP

La funcionaria indicó que:»el fortalecimiento de las herramientas de administración tributaria es parte del aporte que haremos para mejorar la recaudación. Además, mejorar el comportamiento fiscal no compromete el crecimiento económico».

En cuanto a los avances tributarios registrados durante su gestión, destacó que se logró «desandar la reforma tributaria regresiva del macrismo en materia de seguridad social y bienes personales», y añadió que también se avanzó «con modificaciones progresivas en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas y se elevó el piso salarial a partir del cual pagan los trabajadores».

La funcionaria aclaró que :»no alcanza con mejorar el sistema tributario sin garantizar que paguen los que más tienen. Hay que seguir cerrando las vías de evasión y elusión utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición y sumando nueva tecnología».

Respecto a los controles fiscales sobre la actividad agrícola, explicó que «hay que desmitificar ciertas cosas que se repiten, particularmente que (la producción de granos) se va por la Hidrovía», y remarcó que «el trabajo satelital le dará al Estado Nacional una gran capacidad de conocimiento’. La titular de la AFIP destacó que :»pusimos en práctica la carta de porte electrónica, que es lo se necesita para trasladar granos dentro del país, que antes era en papel y permitía abusos».

También señaló que se implementó «la inteligencia artificial para realizar fiscalizaciones electrónicas automáticas sobre grandes contribuyentes», y puntualizó que se abordó «el uso de las imágenes satelitales para saber qué se produce y cómo se produce no sólo en base a las autodeclaraciones».

Consultada sobre la colaboración del organismo recaudador para segmentar la aplicación de los subsidios a la energía, subrayó que se trata de una cuestión bastante «compleja», ya que «muchas veces los datos de ingresos (de los usuarios) no coinciden con los datos de los medidores».

Marcó del Pont también se refirió a las maniobras de hostigamiento que se impulsaron desde la AFIP a los opositores durante el Gobierno de Mauricio Macri. Al respecto indicó que «el trabajo desarrollado desde el área de auditoría evidenció que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos los fiscalizaron en la clandestinidad, sin avisarles, ni darle derecho a la defensa».

«Armaron grupos de trabajo que estaban por fuera de las facultades que tenían para actuar, realizaron una ejecución fiscal que no debería haber existido. Nosotros realizamos las denuncias correspondientes y las autoridades políticas del Gobierno anterior van a tener que hacerse responsables del daño que realizado por actuar por fuera de los procedimientos», concluyó Marcó del Pont.

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Etiquetas:Acuerdo con el FMI AFIP Destacada FMI Impuestos Mercedes Marco del Pont

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Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

Publicado hace

44 minutos

14.05.2026

ElArgentino.ar

¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.