El Super RIGI y el lobby: dos proyectos libertarios para el poder concentrado avanzan en Diputados

★ La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada de intensa actividad legislativa con dos plenarios de comisiones que abordaron proyectos centrales de la agenda del Poder Ejecutivo: la denominada ley de lobby y el llamado «Súper RIGI», un régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias. Ambas iniciativas siguen el camino del RIGI original, aprobado en 2024 en el marco de la Ley Bases.

La ley de lobby: transparencia con letra chica

A las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, encabezada por Santiago Santurio, se reunieron en plenario conjunto para debatir el proyecto oficial que crea un «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses».

La iniciativa, que el oficialismo presenta como una adaptación del modelo estadounidense, establece un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse los lobistas. El régimen exige declaraciones juradas sobre los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión, e impone a los funcionarios la obligación de dar publicidad a las audiencias que mantengan con quienes actúen en representación de terceros.

Las sanciones previstas van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la actividad. Para quienes incurran en representación clandestina de intereses extranjeros, el proyecto contempla prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial.

Lo que el proyecto no explicita con igual énfasis es quién controlará ese registro ni cuál será la capacidad real del Estado de fiscalizar vínculos que, durante décadas, operaron en la más completa opacidad. Bajo una gestión que recortó los fondos para organismos de control y redujo el gasto primario en más del 31% desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo, la pregunta sobre quién audita a los auditores cobra particular relevancia.

El oficialismo cuenta con votos suficientes para avanzar, dado que existen coincidencias filosóficas con sectores de la oposición denominada «dialoguista» sobre la necesidad de regular el cabildeo privado.

El Súper RIGI: más beneficios, más sectores, menos soberanía

A las 15, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (a cargo de Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) abordó el proyecto de «Súper RIGI». Para el debate se esperaba la presencia de dos secretarios del Ministerio de Economía: Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción.

El proyecto extiende el régimen de incentivos a sectores que quedaron fuera del RIGI original: minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial. Para acceder, las inversiones deben superar los 1.000 millones de dólares.

El paquete de beneficios es extraordinario por su alcance y duración: estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años; reducción del impuesto a las Ganancias al 15%; amortización acelerada del 60% en el primer año; contribuciones patronales con alícuota única del 10%; exención de derechos de importación; eliminación de derechos de exportación; y disponibilidad del 100% de las divisas de exportación a partir del tercer año.

Los dividendos tributarán al 7%, con posibilidad de reducción al 3,5% luego de cuatro años.

En el contexto del programa acordado con el FMI en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares y los compromisos de acumulación de reservas, el Súper RIGI aparece como un mecanismo para atraer divisas externas, pero a un costo que se extiende tres décadas hacia el futuro y que recorta la capacidad del Estado de gravar sectores estratégicos.

La inclusión de litio, uranio y reactores nucleares en el régimen genera alarmas entre quienes sostienen la defensa de la soberanía sobre los recursos estratégicos. El Foro Economía y Trabajo ya advirtió, en su documento «Ceder Nucleoeléctrica es ceder soberanía», que la privatización de activos nucleares forma parte del mismo proceso de desguace estratégico que el Gobierno avanza por etapas.

El patrón que se repite

Ambos proyectos comparten una lógica: el Estado como facilitador del capital privado y como regulador de sus propias capacidades de intervención. La ley de lobby institucionaliza una práctica histórica del poder económico, sin garantizar que el Estado tenga herramientas reales para resistirla. El Súper RIGI extiende privilegios por 30 años sobre sectores de los que depende la transición energética y el desarrollo tecnológico del país.

Mientras el gasto social acumuló recortes del 61% desde diciembre de 2023 y las transferencias a universidades cayeron un 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo, el Congreso avanza en un esquema que blindará durante tres décadas la rentabilidad de las megainversiones privadas frente a cualquier revisión democrática futura.

Puntos clave

• Diputados debatió el proyecto de ley de lobby, que crea un Registro Público de Gestiones e Intereses con sanciones que van desde multas hasta prisión.
• El Súper RIGI extiende beneficios fiscales y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos como litio, uranio y energía renovable.
• La iniciativa incluye reducción de Ganancias al 15%, eliminación de retenciones a exportaciones y disponibilidad del 100% de divisas a partir del tercer año.
• El régimen incorpora sectores excluidos del RIGI original: minerales críticos, reactores nucleares, hidrógeno verde e inteligencia artificial.
• Ambas iniciativas avanzan en un contexto de recortes acumulados del 31% en el gasto primario y compromisos con el FMI que condicionan la política fiscal.