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Referentes de DDHH advierten que Villarruel quiere «borrar la historia» con sus dichos sobre ESMA

«Villarruel quiere borrar la historia, pero no va a poder porque para eso estamos los organismos de Derechos Humanos y el pueblo argentino. La ex Esma es una imagen mundial de lo que fue el horror en la Argentina», afirmó Estela Carlotto.

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Referentes de derechos humanos y políticos advirtieron hoy que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, quiere «borrar la historia» de memoria, verdad y justicia y reivindicaron el rol del Museo Sitio de Memoria ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que la dirigente libertaria propone convertir en un paseo para ser «disfrutado por todo el pueblo argentino».

«Villarruel quiere borrar la historia, pero no va a poder porque para eso estamos los organismos de Derechos Humanos y el pueblo argentino. La ex Esma es una imagen mundial de lo que fue el horror en la Argentina», afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, en declaraciones a la radio FutuRöck.

Carlotto salió a responder las declaraciones de Villarruel a TN, donde afirmó que la exESMA «son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino» y sostuvo que «habría que tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad».

La compañera de fórmula de Javier Milei insistió en que las personas que «murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó» no son víctimas y propuso a «revisar» las indemnizaciones que pudieron haber recibido sus familiares.

«Que Villarruel diga las payasadas que quiera. No hay que perder tiempo en esta persona», sostuvo Carlotto, quien definió a la diputada como «una mujer desquiciada». Añadió que «se cree una reina que puede borrar todo y el país es de todos los argentinos».

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, invitó a recorrer el Museo Sitio ESMA que fue «declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco».

«Se trata de un espacio de 17 hectáreas que pueden ser recorridos por todxs lxs argentinxs y visitantes de otros países», recordó el funcionario y nieto restituido en su cuenta oficial de X.

Recordó que en el predio también se pueden visitar el Museo Malvinas y sus muestras, que «expresan la historia y memoria colectiva sobre nuestras islas».

En el debate presidencial Milei reiteró una postura cuestionable sobre la cuestión Malvinas, ya que reivindicó el rol histórico de la exprimera ministra inglesa Margaret Thatcher, y evitó ser contundente sobre su posición respecto a la autodeterminación de la población ocupante de las islas.

«Hay un concepto erróneo en lo que dice la candidata a vicepresidenta porque este predio ya está abierto a todos los argentinos y argentinas que al visitarlo pueden disfrutar de la entereza que tuvo nuestra sociedad para saber, juzgar, condenar y promover las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y visibilizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad», dijo Pietragalla.

Reafirmó que «el predio de la ex ESMA hoy, sin duda, educa a nuestras sociedades y a las nuevas generaciones en materia de memoria, verdad y justicia».

Pietragalla remarcó que la Argentina «lleva adelante una política muy clara» sobre derechos humanos y que no se trata de una cuestión «partidaria».

«No es un partido político el que reconoce que en Argentina hubo delitos de lesa humanidad sino que es el Estado en sus tres poderes. El Poder Legislativo, con leyes para profundizar la agenda en materia de derechos humanos; el Poder Judicial, a partir de sus fallos por delitos de lesa humanidad y también el Poder Ejecutivo a partir de fomentar políticas públicas con las heridas del pasado, pero también con las problemáticas del presente», argumentó el secretario.

Por su parte, los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos rechazaron «enérgicamente» los dichos de Villarruel y advirtieron que se suman a un «patrón constante» de discursos contra «los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica».

«Solo a través del compromiso colectivo con la verdad y la justicia podremos construir un futuro donde los derechos humanos sean respetados y protegidos», sostuvieron y reafirmaron su «compromiso hacia la preservación de la Memoria, la búsqueda de la Verdad y la aplicación irrestricta de la Justicia, así como el respaldo inquebrantable a los valores democráticos», enfatizaron hoy en un comunicado.

Para el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, el Espacio de la exESMA «es un orgullo y parte central de las políticas de derechos humanos de la Argentina, que son reconocidas como un ejemplo en todo el mundo».

Las declaraciones de Villarruel también fueron repudiadas por la exdiputada peronista Fernanda Vallejos, quien sostuvo que «además de mentirosa y perversa», es «cínica», ya que «no quiere memoria».

«Es parte de su estrategia prodictadura en defensa de los genocidas. Fascistas y procesistas: nunca más», escribió en su cuenta de X respecto a los discursos negacionistas de la diputada libertaria.

La sobreviviente de los centros clandestinos «Banco» y «Olimpo» Elsa Lombardo se preguntó si la propuesta de Villarruel es «para hacerle un monumento» al dictador Jorge Rafael Videla.

«El lenguaje de ella, por más que lo quiera edulcorar, es de cerrar espacios. Van a venir a avasallar todo. Lo que me sacó de casa y de la comodidad de la militancia anónima y me llevó al subte no fue tanto Milei, fue ella», reconoció al hablar de sus recorridas por los vagones del subterráneo dando a conocer su historia para generar conciencia de cara al balotaje.

«Esos mensajes cuasi demoniacos, malignos, es algo espantoso esta mujer. Villarruel habla de respeto encubriendo otras ideas mucho más tremendas que es borrar la Memoria, la Verdad y la Justicia», advirtió Lombardo por Radio Nacional.

El referente del MST del Frente de Izquierda Alejandro Bodart le recordó a la diputada que la ex ESMA se usa «para recordar lo que vos negas: el terrorismo de Estado que llevaron adelante los genocidas que visitas en las cárceles».

«Si quisieran soltar se lo impediríamos los millones que saldríamos a las calles», dijo Bodart en X, y sostuvo: «No olvidemos, no perdonemos. Fueron 30.000!!».

Daniel Schiavi, coordinador del equipo de Investigación y Archivo del Espacio de Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, valoró que el predio mantiene «una ligación directa con la construcción de una sociedad democrática» y «una función educativa fundamental».

«No solo aquí se hace memoria, sino que se promueven derechos y se educan derechos. Se trata de prevenir la violencia institucional», remarcó al guiar una recorrida por el predio en una entrevista a C5N.

Añadió que allí «se resuelven y gestionan los asuntos indígenas» y «el acceso a las tierras» y funciona el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que «se dedica a detectar el origen por ADN de huesos y restos humanos» que ayudó a encontrar a los desaparecidos.

«En lo que fue la escuela de guerra naval hoy es el Archivo Nacional de la Memoria. Recopila todos los registros de la represión de la última dictadura militar como el registro de los desaparecidos y acumula historias de vida», añadió.

Ante las declaraciones de Villarruel advirtió que «estos grupos vienen trabajando como muy minoritarios, pero seguíamos sus publicaciones. La novedad es la proyección pública inédita a cuarenta años de democracia. Es una alerta de cómo llegamos a esta situación».

CABA

La jueza De Marinis respondió al ataque de Jorge Macri: “Debilita las instituciones democráticas”

Laura De Marinis, la titular del Juzgado Penal Juvenil N°3 porteño que declaró inconstitucional la baja de imputabilidad a los 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo, salió al cruce de las amenazas de juicio político y advirtió que cuestionarla por el fundamento de sus fallos es un ataque a la independencia del Poder Judicial.

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El Argentino Diario-La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires-Jorge Macri.
Cuando el Estado falla en educación y alimentación, Macri solo ofrece cárcel y juicio político.

Un chico de 14 años que vivía sin acceso a educación ni alimentación fue el disparador de una crisis institucional de magnitud. La jueza Laura Beatriz De Marinis sobreseyó al adolescente, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 que habilita la punibilidad desde esa edad, y desde entonces enfrenta una avalancha de presiones políticas que incluyen pedidos de juicio político del propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este miércoles, De Marinis rompió el silencio y respondió con precisión quirúrgica.

La magistrada es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires. El sobreseimiento que firmó el lunes 21 de septiembre se circunscribe exclusivamente al caso del menor identificado como M.I.A., detenido el 10 de septiembre junto a otros jóvenes tras intentar robar el celular a un hombre de 47 años que pedía ayuda policial en la vía pública. La resolución no suspende la vigencia de la ley para el resto de los adolescentes alcanzados por la norma.

«¿A usted le parece razonable?»

«Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante», dijo De Marinis. «En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional», sostuvo la magistrada.

En diálogo con Radio Con Vos, De Marinis fue aún más contundente: «Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir», advirtió, y explicó que incluso una amonestación puede constituir un antecedente desde el cual el Estado habilita respuestas cada vez más gravosas sobre el mismo adolescente. Por eso, en lugar de aplicar el régimen punitivo, dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para articular medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo.

La fundamentación jurídica del fallo se apoyó en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya jerarquía constitucional es indiscutible desde 1994. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó expresamente a la Argentina, en 2018 y en 2024, que mantuviera la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. De Marinis también incorporó evidencia de neurociencia que demuestra que el desarrollo de la corteza cerebral en la etapa adolescente limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de las propias acciones. Para este caso en particular, la jueza concluyó que la conducta del menor consistió en una tentativa calificada como «burda y torpe» que no consumó el desapoderamiento de ningún bien ni generó lesiones físicas.

La paradoja de una ley que ella misma valora

Con una distinción que sus detractores parecen deliberadamente ignorar, De Marinis aclaró su posición frente al nuevo Régimen Penal Juvenil como herramienta general. «La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día», señaló. Su objeción no fue a la ley en abstracto, sino a su aplicación concreta sobre un adolescente cuyas circunstancias vitales hacen de la intervención punitiva una respuesta desproporcionada. La distinción entre constitucionalidad general y aplicación inconstitucional a un caso específico es elemental en derecho; la confusión entre ambos conceptos parece ser el motor de toda la campaña política en su contra.

Macri, Bullrich y la presión sobre el Poder Judicial

La reacción política al fallo fue inmediata y encendida. Jorge Macri publicó en sus redes sociales: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien». Acto seguido, instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que presentara el pedido ante el Consejo de la Magistratura. Tapia confirmó la iniciativa con el argumento de que «CABA no va a tener una Justicia garantista» y que «un menor de 14 años que roba es un delincuente».

La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich sumó su voz al coro: «Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas», sostuvo. Desde La Libertad Avanza, la legisladora porteña Pilar Ramírez aprovechó el episodio para presionar sobre la Legislatura de la Ciudad, que tiene pendiente el tratamiento de una adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, apeló el fallo y pidió el apartamiento de De Marinis de la causa. Fuentes del fuero judicial porteño advirtieron sobre una «casi segura revocación» de la resolución por parte de la Cámara de Apelaciones, en sintonía con la jurisprudencia del tribunal.

De Marinis respondió con calma y firmeza a todo ese frente político: «Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función». Y fue directa sobre el efecto institucional de las presiones recibidas: «Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví», afirmó.

El caso no es aislado. En la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, también suspendió preventivamente la aplicación de la misma ley y recibió amenazas similares de juicio político. El patrón se repite: cada vez que el Poder Judicial ejerce su función de control constitucional sobre normas de LLA, el Ejecutivo responde con presión política directa sobre los magistrados. No es una coincidencia; es una estrategia de disciplinamiento.

Lo que tenés que saber:

  • La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años en un caso concreto de tentativa de robo; el fallo no suspende la ley con carácter general.
  • De Marinis justificó la medida en el principio de proporcionalidad y en recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2018 y 2024, que instaron a la Argentina a mantener la imputabilidad en 16 años.
  • El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó al ministro de Justicia Gabino Tapia presentar un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura; el Ministerio Público Fiscal también apeló el fallo y pidió el apartamiento de la jueza.
  • De Marinis respondió que el juicio político procede por mal desempeño de la función, no por el fundamento de las decisiones judiciales, y advirtió que esa presión «debilita las instituciones democráticas».
  • Fuentes del fuero judicial porteño anticiparon una «casi segura revocación» del fallo por parte de la Cámara, en línea con la jurisprudencia del tribunal.
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