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Crisis del PMO: obras sociales y prepagas ya no garantizan cobertura básica

La desregulación impuesta por el Gobierno de Milei profundizó la crisis del Programa Médico Obligatorio, mientras las obras sociales y prepagas atomizaron planes, aumentaron costos y para los usuarios muchas prestaciones ya no se cubren o requieren copago.

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Se desplomó la cobertura médica universal: el 81% de usuarios quedó desprotegido

El Programa Médico Obligatorio (PMO), creado en los años ’90 como el piso mínimo de prestaciones que debían garantizar obras sociales y prepagas, se transformó en una referencia obsoleta tras décadas sin actualización tecnológica y médica. Las controversias por la cobertura universal entre empresas, afiliados y prestadores de la salud dispararon conflictos judiciales y administrativos, agravando una situación que se profundizó tras la desregulación aplicada por el Gobierno de Javier Milei.

Después de la desregulación aplicada en diciembre de 2023 por el recién asumido el Gobierno de Javier Milei, se produjo un desbande de aumentos en las cuotas de las prepagas, junto con modificaciones sobre la marcha de los planes de cobertura para aplicar copagos y coseguros según las atenciones.

Crisis de cobertura y fragmentación del sistema

El PMO, que según su definición oficial «incluye todas las prestaciones que la obra social o prepaga tiene que cubrir de manera obligatoria, cualquiera sea el plan de salud», en la práctica dejó de ser obligatorio y homogéneo para todos los subsistemas de salud.

Las áreas, procedimientos y servicios médicos que debería abarcar son: Atención Primaria de Salud, Plan Materno Infantil, Odontología, Salud Mental, Tratamiento del cáncer, Tratamiento de enfermedades, Especialidades médicas y Descuento en medicamentos. Sin embargo, los avances tecnológicos, epidemiológicos y químicos de la medicina cambiaron muchos de los tratamientos incluidos en esta cobertura universal, alterando también significativamente los costos.

«Sin un piso común, el sistema de salud argentino seguirá siendo un archipiélago de islas descoordinadas, con ciudadanos de primera y de segunda según su cobertura», sostuvo Juan Manuel Ibarguren, magíster en Administración de Servicios de Salud y secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF).

El impacto de la desregulación libertaria

En diciembre de 2023 y a través del DNU 70, el presidente Javier Milei dispuso liberar las subas de cuotas de las prepagas, que hasta entonces estaban sujetas a aprobaciones de las autoridades del área de Salud. Esta medida desencadenó una escalada de aumentos que obligó al propio Gobierno a intervenir meses después.

En abril de 2024, ante la magnitud de los aumentos, el Ministerio de Economía ordenó a un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por inflación a partir de allí. El Gobierno alegó presunción de «cartelización» entre las principales empresas del sector.

Se eliminó además la intermediación de las obras sociales para la derivación de los aportes previsionales a los privados, con la diferencia en la cuota a cargo del asociado, provocando un éxodo de afiliados hacia la medicina pública.

Obras sociales al borde del colapso

Las obras sociales sindicales entraron en una crisis profunda. Según datos del sector, apenas el 24% de las nacionales supera el costo estimado del PMO en su recaudación per cápita. Esto implica que solo el 19% de los beneficiarios recibe una cobertura ajustada a las necesidades reales, mientras que el 81% depende de entidades que no alcanzan a financiar el costo del PMO.

Esta situación expone a la mayoría de los usuarios a un acceso limitado y fragmentado a la atención médica, contradiciendo el principio de universalidad que debería regir el sistema.

Atomización de planes y nuevos costos para los usuarios

En el caso de las prepagas, el Ministerio de Salud liberó los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el PMO, que «podrán ser fijados libremente por parte de las entidades».

Esta medida provocó una atomización de planes para segmentar los servicios brindados dentro de las cuotas y que los usuarios paguen de sus bolsillos coseguros según las prestaciones y el porcentaje a cubrir. Por ejemplo, con coseguros del 100%, cada beneficiario podría abonar $6.480,90 por mes, con un 48% de ese monto destinado a medicamentos ambulatorios.

El precio de un plan de medicina prepaga se encuentra actualmente entre $80.000 y $200.000 por mes por persona, considerando valores actualizados, aunque se pueden encontrar opciones más económicas desde aproximadamente $50.000 mensuales en prepagas «low cost» o planes con copagos.

Menos del 30% de las personas cree aprovechar al máximo las prestaciones incluidas en su plan actual, lo que llevó al auge de los «planes parciales», donde se parte de una cuota baja y luego se pagan adicionales por uso.

El ejemplo de la oftalmología

«En oftalmología, las diferencias son aún más notorias. El PMO argentino incluye escasas prestaciones explícitas, centradas en patologías graves o prevenibles como retinopatía diabética o cataratas, pero no garantiza controles periódicos, ni tratamientos ambulatorios de enfermedades frecuentes como glaucoma o degeneración macular», explicó Ibarguren.

El especialista advirtió que «una reforma del PMO no es solo una necesidad técnica, sino una exigencia ética y sanitaria. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor y con equidad. El verdadero cambio no vendrá de un nuevo listado en PDF, sino de una nueva forma de entender la salud como derecho efectivo».

Comparación internacional

En países con sistemas de salud robustos como Suiza, Países Bajos, Francia, Reino Unido o Taiwán, la cobertura universal básica está definida por ley o por agencia estatal independiente, y se revisa periódicamente para incorporar innovaciones clínicas y cambios en las necesidades poblacionales.

A diferencia de Argentina, en todos estos países la cobertura básica es exigible, equitativa y financiada con criterios solidarios y sostenibles, contemplando copagos únicamente en prestaciones de alta complejidad.

Puntos clave:

  • El PMO, creado en los ’90, quedó obsoleto tras décadas sin actualización médica y tecnológica
  • La desregulación de Milei en diciembre 2023 disparó aumentos masivos en cuotas de prepagas
  • Solo el 19% de beneficiarios de obras sociales recibe cobertura ajustada a necesidades reales
  • Las prepagas pueden ahora fijar libremente los coseguros del PMO tras resolución ministerial
  • Los planes actuales oscilan entre $50.000 y $200.000 mensuales con creciente atomización de servicios

Educación

Redes sociales y niños: “Que tengan libre acceso a pantallas es catastrófico”

Mientras el mundo avanza hacia restricciones legales para menores en plataformas digitales, en Argentina cuatro proyectos de ley aguardan tratamiento en el Congreso. La psicoanalista Marina Begonja advirtió que el acceso sin límites a pantallas tiene consecuencias devastadoras en la salud mental infantil y adolescente, con un incremento alarmante en las tasas de suicidio e intentos autolíticos.

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Redes sociales y menores: qué dicen los especialistas y qué propone la Argentina.

El debate global sobre el impacto de las redes sociales en la infancia y la adolescencia escaló en los últimos años hasta convertirse en una agenda legislativa urgente en varios países. Australia, Francia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y China ya establecieron prohibiciones de acceso para menores, y se espera que otros Estados se sumen en los próximos meses. En Argentina, la situación avanza a un ritmo más lento: cuatro proyectos de ley, dos en la Cámara de Diputados y otros dos en el Senado, esperan tratamiento sin que ninguno haya logrado dictamen.

En ese contexto, la psicoanalista Marina Begonja ofreció una lectura que no deja márgenes para la complacencia: «El daño que producen las redes sociales en la sociedad, especialmente en los más chicos, es enorme. La tecnología avanza más rápido que las reglamentaciones y aún el mundo no sabe cómo responder a esto, que de alguna manera debe ser regulado en lo inmediato, pero que no se debe agotar únicamente en la restricción».

Una crisis silenciosa en las guardias hospitalarias

En diálogo con NA, Begonja no habló en abstracto ni apeló a estadísticas frías. Describió una realidad que, según señaló, se vive a diario en los servicios de urgencias de los hospitales públicos: «La tasa de suicidio e intento autolítico adolescente se ha incrementado tanto que es desesperante, y los números no llegan a reflejar la realidad que se vive a diario en la guardia de los hospitales y en los casos que no llegan a consulta».

La profesional identificó los mecanismos concretos por los cuales las plataformas digitales afectan la construcción subjetiva de niños y adolescentes: «El efecto que tienen los likes sobre sus identidades, las notificaciones permanentes, el no-contacto social porque no hay encuentro real, el impacto en la sexualidad, la adoración de la imagen, la confusión que genera la Inteligencia Artificial que ya no sabemos qué es real o no, y la cultura del exceso y el consumo sin límites dañan el tejido social».

Esa dependencia, subrayó Begonja, no es accidental sino el resultado de un diseño deliberado: «No es sólo la dependencia que genera, que fueron diseñadas para eso, sino lo más grave es todo lo que no habilita. No permite el encuentro con el otro, daña rituales y la narrativa. No hay aburrimiento, es nuestro chupete digital, automáticamente recurrimos ahí donde siempre encontramos algo, una satisfacción inmediata».

El diagnóstico en las aulas: diagnósticos multiplicados, juego simbólico ausente

La psicoanalista fue especialmente contundente al describir lo que ocurre en los espacios educativos: «Que los niños tengan libre acceso a pantallas es catastrófico, el impacto social de eso será tremendo. Ya lo vemos en las aulas llenas de diagnósticos y acompañantes terapéuticos, en niños que no desarrollan juego simbólico, no saben de límites, no crean, consumen pasivamente».

Para los adolescentes, el cuadro no es menos grave: «No encuentran motivación en la vida, sino que buscan satisfacciones inmediatas y excesivas. Ese escenario lo presentan las redes sociales». La referencia al juego simbólico no es menor en términos clínicos: su ausencia en la infancia compromete el desarrollo del lenguaje, la capacidad de simbolización y la construcción de vínculos afectivos reales, pilares de la salud mental adulta.

Regulación necesaria pero no suficiente

Consultada sobre cuál debería ser la respuesta del Estado argentino, Begonja rechazó las soluciones simplistas. Para la profesional, la regulación por edades es una condición necesaria pero insuficiente si no va acompañada de políticas públicas integrales: «La problemática es muy compleja para reducirla en simplemente una restricción de redes a cierta edad. Creo que se deben diseñar políticas públicas para pensar en cómo responde el sistema educativo frente a esto, que el sistema de salud también pueda asistir a la demanda creciente en salud mental y en promover cuidados desde las casas».

La ausencia del Estado en ese diseño no es un dato menor en el contexto argentino. El gobierno de Javier Milei avanzó en 2025 con recortes reales en el presupuesto de salud y educación que, según distintos análisis, comprometieron la capacidad de respuesta de los sistemas públicos precisamente en el momento en que la demanda en salud mental juvenil alcanzaba niveles críticos. En ese escenario, trasladar la responsabilidad a las familias sin recursos institucionales de respaldo no es una política: es el abandono disfrazado de libertad.

El mundo legisla: Argentina, en pausa

La tendencia internacional es clara y se acelera. Australia prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años y exige verificación de edad a las plataformas bajo pena de multas millonarias. Francia aprobó legislación que restringe el acceso a menores de 15 años sin consentimiento parental verificado. En el ámbito europeo, un panel de expertos de la Unión Europea recomendó en julio pasado que los menores de 13 años solo accedan a redes bajo supervisión adulta o en contextos educativos, mientras la Comisión Europea prepara su propia propuesta legislativa.

En Argentina, los cuatro proyectos en danza no lograron aún el consenso necesario para avanzar. La demora tiene consecuencias concretas que se miden en guardias hospitalarias desbordadas, en aulas donde el juego cedió su lugar a la pantalla, y en adolescentes que, como señaló Begonja, buscan en la satisfacción inmediata digital lo que el entorno social ya no les ofrece. El costo de esa inacción lo pagan los chicos.

Puntos clave

  • La psicoanalista Marina Begonja advirtió que el acceso libre de menores a pantallas y redes sociales tiene consecuencias «catastróficas» para la salud mental y el desarrollo infantil.
  • Las tasas de suicidio e intento autolítico adolescente aumentaron a niveles que, según la profesional, superan lo que reflejan las estadísticas oficiales.
  • Australia, Francia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y China ya legislaron restricciones para menores en plataformas digitales.
  • En Argentina, cuatro proyectos de ley sobre la materia aguardan tratamiento parlamentario sin haber alcanzado dictamen.
  • Begonja reclamó políticas públicas integrales que involucren al sistema educativo y al de salud, en lugar de limitarse a restricciones por edad.
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