Judiciales ⚖️
Gatillo fácil: confirman la prisión preventiva del policía que mató a Luciano Olivera
Maximiliano Abel González está acusado de asesinar a Luciano Olivera en Miramar y la Justicia de Mar del Plata reafirmó su prisión preventiva
Confirman la prisión preventiva del policía que mató a Luciano Olivera en MiramarLa Justicia de Mar del Plata confirmó hoy la prisión preventiva del policía bonaerense acusado de matar de un disparo en el pecho al adolescente Luciano Olivera, el último 10 de diciembre, en la localidad balnearia de Miramar, informaron fuentes judiciales.
El fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del citado distrito recayó sobre el efectivo Maximiliano Abel González (25), acusado del delito de «homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía», el cual prevé en un futuro juicio oral la prisión perpetua.
Por el caso, también están detenidos los policías Nélson Albornoz, Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia, quienes están imputados de los delitos de «encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio en concurso ideal».
En el fallo de 8 páginas, los camaristas Adrián Angulo, Marcelo Riquert y Pablo Poggetto confirmaron la resolución que hace 10 días tomó el juez de feria Saúl Errandonea, quien hizo lugar al requerimiento efectuado por la fiscal de la causa, Ana María Caro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Miramar.
«Esperamos que puedan ser juzgados por este crimen el autor, los encubridores y los que abusaron del poder. La causa está encaminada muy prolijamente por la Justicia marplatense. Judit (la madre de Luciano) no tiene consuelo y lo único que busca es justicia», manifestó el abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón.
TweetCaso Luciano.
— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) January 14, 2022
MIRAMAR.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I de Mar del Plata confirmó calificación y Prisión Preventiva al asesino de Luciano, Maximiliano González.
Resolución muy bien fundada por los Jueces Adrián Angulo, Marcelo Riquert y Pablo Poggetto. pic.twitter.com/izGEjFLPDF
En su pedido, la fiscal Caro había solicitado que el policía permaneciera detenido por la pena en expectativa y por el peligro de entorpecimiento de la investigación que podría existir si fuera excarcelado. Según la Cámara de Apelaciones, «luce evidente que la existencia de una penalidad no graduable (la máxima de nuestro catálogo punitivo), no fue el único argumento de peligrosidad procesal» .
«A ella se añadió las características de un hecho de suma gravedad, en el contexto de una investigación de reciente inicio, en la que el juez advirtió sobre diligencias probatorias de relevancia por practicar, pero sobre todo, en la que -dijo- se estaban investigando, paralelamente, otras conductas que tuvieron relación con el suceso», afirmaron los jueces.
La Sala I recordó que «esas otras conductas no podrían valorarse sólo como presunciones, desde que el peligro de entorpecimiento se vio efectivamente concretado con la imputación a Albornoz, Mastrángelo y Guerricagoitía, bajo la circunstancia, precisamente, de haber ayudado a eludir la investigación de un hecho especialmente grave, brindando declaraciones con falsedad».
Para la fiscal Caro, está acreditado a través de diversos testimonios y pruebas obtenidas en la investigación que González asesinó de un disparo a Luciano (16), en la madrugada del viernes 10 de diciembre último.
«Personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Miramar se encontraba realizando tareas de prevención de delitos en la vía pública y fue convocado por radio llamada porque habría música alta en el anfiteatro de la plaza céntrica delimitada por calles 21, 24, 23 y 26 de Miramar», relató en su pedido de prisión preventiva.
Caro señaló que un móvil policial comenzó el seguimiento de una moto marca Yamaha YBR 125, conducida por el adolescente, hasta la intersección de avenida 9 entre calles 34 y 32, de Miramar. Allí, «Luciano Olivera se encuentra de frente con otro móvil policial siendo una pick up Toyota Hilux, que se incorporó a la interceptación» de la víctima.
El patrullero frenó «bruscamente sobre la avenida 9 en dirección al mar, al observar al joven en el motovehículo sobre la Avenida 9 en sentido contrario y en dirección hacia Av. 40, descendiendo tres efectivos policiales en el lugar y quedando una cuarta efectivo dentro del móvil, quienes habrían dado la voz de alto».
Según la fiscalía, «el oficial de Policía Maximiliano Abel González, quien había descendido del lado izquierdo trasero del aludido móvil policial, y actuando sobre seguro, con claras intenciones de darle muerte -toda vez que el joven Olivera no poseía elemento alguno que pudiera poner en riesgo inminente la vida del personal policial actuante ni de terceros-, extrajo su arma reglamentaria pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones-«.
De acuerdo a la instrucción, el acusado efectuó un disparo «en forma sorpresiva contra la humanidad de Luciano Olivera», quien no pudo conocer su «acción intempestiva a los fines de ponerse a resguardo, pues conducía el motovehículo y el mismo se encontraba aún en movimiento a una distancia mayor a un metro, desde donde se encontraba González y los demás efectivos».
Judiciales ⚖️
El juez Mahiques denuncia “persecución mediática” y amenaza con querellar a periodistas críticos
El padre del ministro de Justicia denunció «acoso y persecución mediática» ante el tribunal de Diego Barroetaveña. Pero el historial del magistrado habla por sí solo: un vuelo privado con directivos del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis, un operativo de encubrimiento con facturas apócrifas, una cumpleaños en la quinta del tesorero de la AFA mientras tramitaba su causa, y un hijo ministro que le extendió el mandato por cinco años más. El «Partido Judicial» en su versión más cruda.
Del avión de Clarín a la quinta de Toviggino: el historial del juez que ahora denuncia “persecución mediática”
★ El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó esta semana ante el tribunal presidido por Diego Barroetaveña un escrito en el que denuncia haber sufrido «acoso y persecución mediática» por parte de colegas del Poder Judicial y de periodistas que trabajan con fuentes reservadas. Calificó ese vínculo como «promiscuidad informativa», lo definió como una práctica «oportunista y mercenaria» y advirtió que podría iniciar acciones penales contra comunicadores que difundan información que considera falsa. La presentación es llamativa en sus términos. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es el contexto que la rodea: el magistrado tiene un prontuario de episodios que ninguna denuncia formal puede borrar.
El vuelo del «lawfare»: Bariloche, Joe Lewis y los directivos de Clarín
El capítulo más documentado del historial de Mahiques es el que hoy los involucrados prefieren no mencionar. El 13 de octubre de 2022, un vuelo privado operado por la empresa Flyzar partió desde el aeropuerto de San Fernando con rumbo a Bariloche. A bordo viajaban, según consta en los registros oficiales incorporados al expediente judicial, el propio Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista Mahiques (entonces Fiscal General de la Ciudad), los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el exdirector de asuntos jurídicos de la ex SIDE Leonardo Bergroth y el consultor en campañas digitales Tomás Reinke. El destino final era la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, un enclave patagónico cuyo acceso al agua pública lleva años siendo disputado por comunidades locales y organismos estatales.
En el aeropuerto de Bariloche, la comitiva fue recibida por Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino del fundador Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del grupo mediático. Ambos directivos no habrían viajado en el mismo vuelo, pero las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto los muestran subiendo juntos a los vehículos con el resto del grupo, según describió la fiscal federal María Cándida Etchepare en su requerimiento de instrucción. La financiación del vuelo nunca fue aclarada: los pagos figuraron como efectuados en efectivo y el mismo día del traslado, según el mismo documento judicial.
Chats filtrados y el plan para encubrir la causa
Lo que siguió al viaje fue tan grave como el viaje mismo. Cuando el 17 de octubre de 2022 la prensa reveló el episodio, los participantes crearon grupos de Telegram para coordinar una respuesta. Según informó el sitio Litigio, fue Juan Bautista Mahiques quien ocupó un rol central en el armado de una cobertura documental falsa: los participantes acordaron juntar dinero para respaldar facturas apócrifas preparadas con fecha anterior, que la empresa que los trasladó emitiría comprobantes retroactivos y que el administrador de la estancia, Nicolás Van Ditmar, representante de Joe Lewis, haría una declaración por videoconferencia confirmando los detalles ficticios. La causa, que se había abierto y avanzado en el juzgado federal de Bariloche ante la jueza Silvina Domínguez, fue derivada exactamente a donde el grupo había discutido que convenía: Comodoro Py. Allí fue declarada nula y todos los imputados quedaron sobreseídos.
Mientras tanto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por escrito a la magistrada de Bariloche que Carlos Mahiques no había informado el viaje, no había pedido autorización, no estaba de licencia los días 13, 14 y 15 de octubre y no había justificado su inasistencia. Ese mismo día, según estableció El Destape, el magistrado firmó 13 resoluciones desde tribunales, lo que generó además una denuncia penal por presunto falseamiento de documento público presentada por una familiar de las víctimas del ARA San Juan.
Macri lo puso «a dedo»: la génesis del problema
El origen del poder institucional de Carlos Mahiques tiene una fecha precisa. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri lo trasladó a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un mecanismo que el bloque kirchnerista calificó siempre de inconstitucional: sin concurso específico para ese cargo y por decisión directa del Ejecutivo. El senador Martín Soria lo definió en la audiencia de abril de 2026 como parte de «un grupo selecto que fue trasladado sin concursar a la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal», en referencia al conjunto de magistrados que el macrismo posicionó estratégicamente en el fuero que concentra las causas de mayor impacto político del país. La expresión que circula en los pasillos judiciales, «Comodoro Pro», sintetiza ese proceso de colonización sistemática del poder judicial por parte del espacio político que hoy se llama PRO.
El cumpleaños en la quinta de Toviggino y los lazos con la AFA
El segundo frente de exposición de Mahiques es más reciente. En febrero de 2026, la prensa reveló que el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio del proceso judicial que avanza sobre las finanzas y la gestión de la entidad. El dato es jurídicamente crítico: un juez con competencia sobre una causa no puede mantener vínculos sociales con personas investigadas o su entorno inmediato sin comprometer la imparcialidad del proceso. Tras la difusión de esas publicaciones, Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de Casación, el mismo tribunal que tiene pendiente pronunciarse en causas vinculadas a la propiedad de Toviggino, según publicó el portal Política y Medios.
Este diario documentó oportunamente que los lazos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA no se limitan al magistrado. Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, figura en documentación oficial como vicerrector de la UNAFA (Universidad de Fútbol Argentino), aunque según informó elDiarioAR desistió del cargo. Su hermano Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. El entramado familiar configura una red de conflictos cruzados que ninguno de los tres ha explicado con claridad.
El hijo ministro y la prórroga del mandato paterno
El episodio más reciente y quizás el más ilustrativo de la cultura institucional del clan Mahiques es la extensión del mandato judicial. Carlos Mahiques cumple 75 años el 1° de noviembre próximo, la edad límite para ejercer la magistratura sin renovación expresa. Fue su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien impulsó el pliego para extender ese mandato por cinco años adicionales. El Senado aprobó la prórroga el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra, con el apoyo del oficialismo, la UCR, el PRO y sectores del peronismo aliado al Gobierno. El kirchnerismo votó en contra y rechazó el pliego por carecer, según sus propias palabras, de «las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura».
Según publicó la revista Acción, fuentes del Consejo de la Magistratura advirtieron que la suma de la prórroga paterna y el control de 144 vacantes judiciales en manos del ministro podría abrir una nueva «hegemonía» del clan Mahiques sobre los tribunales clave del país, incluyendo la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal revisora de Comodoro Py.
La denuncia como operación de presión
Leída en ese contexto, la presentación de Mahiques ante Barroetaveña no puede evaluarse exclusivamente como un reclamo ante el hostigamiento mediático. Sus cuestionamientos a periodistas que trabajan con fuentes reservadas, su propuesta de sancionar ese tipo de relación entre Justicia y prensa, y su amenaza de querellas penales contra comunicadores críticos configuran, en los hechos, una operación de intimidación sobre la cobertura de sus propios conflictos de interés.
La paradoja es transparente y no requiere mayor elaboración: el juez que denuncia «promiscuidad informativa» entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es el mismo magistrado que voló en el avión privado de Clarín a la mansión de Joe Lewis, que coordinó con directivos del grupo la estrategia de encubrimiento posterior y que llegó a su cargo gracias a un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri. El «Partido Judicial» no es una metáfora: tiene nombres, vuelos, chats y decretos.
Puntos clave
- El 13 de octubre de 2022, Carlos Mahiques viajó en un vuelo privado junto a su hijo, otros jueces, funcionarios del macrismo y directivos del Grupo Clarín a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, sin informar ni pedir licencia a su tribunal.
- Chats filtrados revelaron que Juan Bautista Mahiques coordinó una cobertura documental falsa para encubrir el viaje; la causa fue derivada a Comodoro Py, donde fue anulada y todos los imputados sobreseídos.
- Carlos Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2018 mediante un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri, sin concurso específico para el cargo.
- En febrero de 2026 se reveló que el magistrado festejó su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de la investigación judicial sobre la entidad.
- Su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, impulsó la prórroga del mandato paterno por cinco años, aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2026 con 58 votos a favor.
-
Educación3 díasBecas Progresar congeladas: el Gobierno Milei excluye a los estudiantes de los aumentos de ANSES
-
AMBA6 díasChau niebla: así estará el clima en Buenos Aires este viernes
-
Economía 💲4 díasRetroceso histórico: el salario mínimo bajo Milei vale menos que antes de la crisis de 2001
-
Actualidad4 díasBronca y movilización en Córdoba por el femicidio Agostina Vega
-
Femicidio2 díasCaso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por femicidio tras detectar en la autopsia asfixia mecánica
-
Televisión4 díasCharlotte Caniggia al límite: advertida por Gran Hermano y al borde de abandonar la casa
-
Política 📢6 díasCon la nuestra: el Gobierno le pagó USD 148.000 a empresa del presidente de River por hacer “prensa turística”
-
Policiales 🚨5 días“Tu hija está bien, dormida”: el perturbador mensaje que sacude la investigación por Agostina Vega
