DDHH
Expropiación para espacio de memoria en Mendoza
El Congreso Nacional aprobó la ley que declara de utilidad pública a la Casa Grande de la localidad de Chacras de Coria, donde fue secuestrado su dueño durante la dictadura cívico-militar y su familia despojada de sus bienes.
Por Néstor Llidó
Luego de su postergación, atribuida a una cuestión administrativa por un error de registración catastral, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió el ley al proyecto de declaración de utilidad pública y expropiación de la denominada Casa Grande de la ciudad mendocina de Chacras de Coria para ser convertida en un espacio de memoria.
La emblemática casona, propiedad de la familia Cerutti, fue escenario de uno de los tantos operativos de la represión durante la dictadura cívico militar en enero de 1977, en la que secuestraron a su dueño, su yerno y dos de sus socios, para luego ser torturados y permanecer desaparecidos.
Conocida como “Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa grande” es uno de los lugares vinculados a la defensa de los derechos humanos en la provincia de Mendoza y desde siempre, es considerado como un espacio de memoria que, a partir de esta ley, podrá ser instituido como tal y desarrollar en el lugar toda serie de actividades sociales, culturales y educativas.

Victorio Cerutti fue secuestrado por un grupo de tareas y trasladado a la ESMA , donde fue torturado y obligado a firmar la cesión de la propiedad. Al igual que su yerno Omar Mansera Pincolini y sus socios Omar Palma y Conrado Gómez forma parte de los 30.000 desaparecidos.
El lugar fue saqueado por los militares, quienes se hicieron con las pertenencias de la familia, como autos, joyas, dinero y todo tipo de objetos de valor. Ya con la desaparición del dueño de casa, obligaron a su esposa e hijos a desprenderse de sus bienes, mientras la propiedad pasó a manos de testaferros del almirante Massera.
El libro “Casita Robada”, escrito por María Josefina Cerutti, refleja una de estas historias de desaparición, muerte y robo por parte de los genocidas de la dictadura cívico-militar, en este caso en Chacras de Coria, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo.
Al momento de presentar el proyecto, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) sostuvo que “resignificar los espacios que fueron usados en los momentos más oscuros de la historia argentina es sembrar memoria colectiva. El caso de Casa Grande fue uno más del plan sistemático durante la última dictadura militar”.
Para la legisladora mendocina, “implica una reparación para la comunidad y para la familia Cerutti. Estoy convencida de que este tipo de hechos, con fuerte simbolismo, nos permite generar vida donde hubo dolor, tortura y muerte», en relación a la instalación de un espacio de Memoria y Derechos Humanos en esa casona de Chacras de Coria.
Luego de haber sido aprobado por el Senado surgió un inconveniente en la nomenclatura catastral y por lo tanto, se demoró su tratamiento en Diputados hasta que en la sesión del último miércoles, al modificarse su artículo 1 subsanado ese error, quedó convertido en ley.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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