Salud 🩺
Más de 160 prepagas fuera del registro: el trasfondo de una “depuración” que no reduce las cuotas
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó del RNEMP a 10 nuevas entidades sin actividad operativa ni administrativa, con lo que ya suman 162 las bajas desde el inicio del gobierno de Milei. La medida, presentada como «saneamiento» del sistema, contrasta con la desregulación de precios que disparó las cuotas y dejó al sector privado de salud sin controles efectivos.
★ La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dispuso la baja de 10 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) por incumplimiento de la Ley N° 26.682, que exige la presentación de balances, declaraciones juradas y planes de cobertura. Con esta última resolución, el total de entidades eliminadas del registro oficial desde la asunción de Javier Milei trepó a 162.
Las entidades excluidas en esta última tanda son: And the Yellow Too S.A., Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución, Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Círculo Médico de Bragado, Círculo Médico de San Luis, ECSA Salud, Mutual Odontológica Argentina, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales, Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Protección Médica SRL.
Una «limpieza» que no toca el negocio real
El organismo regulador justificó la medida como parte de un proceso de «depuración y actualización» del listado de prestadores, orientado a eliminar estructuras sin actividad real que, según la SSS, jamás llegaron a tener afiliados, ni presentaron padrones, balances ni declaraciones juradas desde su inscripción provisoria.
El Boletín Oficial documenta que las entidades en cuestión no habían presentado padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales desde su inscripción provisoria en el RNEMP.
Pero mientras el Gobierno exhibe estas bajas como señal de orden y transparencia, la fotografía completa del sistema de salud privado muestra una realidad muy distinta para los afiliados: desde su asunción, el presidente Milei promovió la desregulación del sector a través del DNU 70/2023, que permitió a las prepagas ajustar libremente las cuotas de sus planes, eliminando la obligación de aplicar incrementos uniformes a todos sus servicios.
El precio de la desregulación lo pagan los afiliados
La consecuencia directa de esa política fue un espiral de aumentos que superó ampliamente la inflación. La incidencia de un plan de medicina prepaga en el salario formal promedio llegó al 23,5% en junio de 2025, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El propio Gobierno reconoció el problema: a principios de 2025 convocó a las principales empresas para pedirles que moderaran las subas, que rondaban el 3,2% mensual, por encima de la pauta inflacionaria oficial.
En septiembre de 2025, el Ejecutivo avanzó con una nueva desregulación a través de la Resolución 2155/2024 de la Superintendencia, que habilitó a las prepagas a aplicar aumentos variables según el tipo de plan y la región, alejándose aún más de cualquier mecanismo de control uniforme.
El modelo que prometió Milei antes de asumir
En una reunión con los dueños de las principales prepagas, antes de su asunción, Milei les anticipó su posición: «Yo voy a desactivar los controles de la Superintendencia, ustedes aumentan lo que consideren necesario y luego compiten en el mercado», según reveló una fuente del sector al tanto del encuentro. El cumplimiento de esa promesa quedó registrado en sucesivos decretos y resoluciones que fueron desmontando, capa por capa, la arquitectura regulatoria existente.
El gobierno sostiene que las bajas registrales buscan garantizar que solo las empresas con capacidad real de dar cobertura a sus afiliados permanezcan en el sistema, evitando la fragmentación y la falta de servicios básicos. Sin embargo, ese argumento choca con la evidencia: el sistema que quedó en pie, y que sí opera con afiliados reales, aplica aumentos que muchos usuarios ya no pueden afrontar.
La paradoja del «reordenamiento»
El Gobierno presenta la eliminación de estas 162 entidades como un logro de gestión. Lo que no dice es que la mayoría de las entidades dadas de baja eran estructuras inactivas, sin un solo afiliado, que nunca prestaron servicios. La operación de «limpieza», en ese sentido, no mejora en nada la cobertura de quienes sí están afiliados a prepagas activas y enfrentan cuotas cada vez más inaccesibles.
Durante 2024, las cuotas de las prepagas aumentaron por encima del nivel general de precios, situación que llevó a la Superintendencia a emitir la Resolución 645/2025, que obliga a las empresas a notificar los aumentos antes de aplicarlos y a discriminar los valores por plan, franja etaria y región, en un intento por restablecer algo de orden sobre una desregulación que generó más problemas de los que resolvió.
El sistema de salud privado argentino atraviesa una de sus coyunturas más complejas: el Estado retrocedió como regulador efectivo, las grandes empresas del sector consolidaron su poder de mercado, y la ciudadanía quedó expuesta a la lógica financiera de un negocio que, como señaló el sanitarista Jorge Rachid, no es un sistema de salud sino una entidad financiera que ofrece un seguro.
Puntos clave:
- La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó 10 nuevas entidades del RNEMP, acumulando 162 bajas desde el inicio de la gestión Milei.
- Las entidades dadas de baja no tenían actividad operativa ni administrativa y nunca presentaron padrones ni balances, según el Boletín Oficial.
- El motivo formal es el incumplimiento de la Ley N° 26.682.
- El DNU 70/2023 liberó los precios de las prepagas; la cuota de un plan privado llegó a representar el 23,5% del salario formal promedio en junio de 2025.
- La desregulación benefició a las grandes empresas del sector mientras los afiliados enfrentan aumentos sostenidos muy por encima de la inflación. ★
Gestión
Di Liscia asume en Discapacidad con la mira puesta en las pensiones fraudulentas
El Gobierno oficializó este martes el reemplazo de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El nuevo titular, Pablo Di Liscia, ex presidente del IOMA bonaerense, asume con el mandato explícito de detectar irregularidades en el padrón de pensiones no contributivas y eliminar beneficios otorgados de manera fraudulenta.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene nuevo conductor. El Gobierno nacional designó este martes a Pablo Di Liscia al frente del organismo con una misión declarada: profundizar la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral para identificar y dar de baja aquellos beneficios que fueron otorgados sin que sus titulares cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y estado de salud exigidos.
Di Liscia reemplaza a Alejandro Vilches en un organismo que, en los últimos meses, atravesó uno de los momentos de mayor exposición pública de su historia reciente, en el marco del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan nombramientos irregulares y presuntos desvíos de fondos. El nuevo secretario llega desde el sector privado y con antecedentes en la gestión pública bonaerense y porteña.
Un perfil técnico con paso por IOMA y el GCBA
Según informó Presidencia, Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, organismo que gestiona la cobertura médica de más de 2,2 millones de afiliados. Antes de esa función, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su trayectoria se completa con más de dos décadas en el sector privado en roles ejecutivos.
El oficialismo presentó ese perfil como una garantía de capacidad técnica para encarar la reorganización interna del organismo. Sin embargo, el recorrido de Di Liscia en el IOMA corresponde a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que lo ubica políticamente dentro del espacio PRO, dato que el Gobierno eligió no destacar en el comunicado oficial.
La «eficiencia» como bandera, las personas con discapacidad como variable de ajuste
El Gobierno encuadró el cambio bajo la retórica habitual de la administración Milei: «optimización de prestaciones», «fortalecimiento de mecanismos de control» y «administración eficiente de los recursos públicos». En la práctica, esa narrativa se tradujo, durante toda la gestión libertaria, en recortes sistemáticos sobre el gasto social dirigido a los sectores más vulnerables.
El organismo que Di Liscia heredará acumula una historia reciente de turbulencias. La ANDIS fue el centro de uno de los escándalos más resonantes del año: irregularidades en nombramientos, sospechas de desvíos de fondos y vínculos con el entorno de funcionarios del Ejecutivo nacional. El propio Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, está siendo investigado judicialmente en una causa donde la ANDIS aparece mencionada como parte de una trama de triangulaciones.
La meta que el nuevo secretario anunció como prioritaria, depurar el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, viene siendo ejecutada desde el inicio de la gestión Milei con una agresividad que generó una ola de reclamos judiciales y movilizaciones de organizaciones de personas con discapacidad. Decenas de miles de beneficios fueron suspendidos o dados de baja sin las debidas garantías de audiencia previa, en una práctica que la justicia federal debió frenar en varios casos mediante medidas cautelares.
El argumento oficial de que se trata de eliminar el fraude no está en disputa per se; sí lo están los métodos, la escala y la falta de resguardos para quienes son dados de baja por error, un fenómeno que las organizaciones del sector documentaron reiteradamente. La pregunta que Di Liscia deberá responder en los próximos meses es si viene a corregir esos procedimientos o a acelerarlos.
Lo que tenés que saber
- Pablo Di Liscia fue designado este martes al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches.
- Di Liscia presidió el IOMA bonaerense entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
- El Gobierno anunció que su gestión priorizará la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral para dar de baja beneficios fraudulentos.
- La ANDIS atraviesa un escándalo judicial por irregularidades en nombramientos y presuntos desvíos de fondos, contexto en el que asume el nuevo funcionario.
- Organizaciones de personas con discapacidad documentaron bajas masivas de beneficios sin garantías previas a lo largo de 2024 y 2025, muchas de las cuales fueron frenadas por la justicia federal.
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