★ El ex jefe de la policía de Buenos Aires, Salvador Baratta, afirmó que «el 70 por ciento de los menores terminan muertos» en declaraciones a Radio Rivadavia AM 630, en medio del debate parlamentario sobre la baja de imputabilidad de 16 a 14 años. El comisario responsabilizó al Estado y a la protección de derechos humanos por la muerte de adolescentes en conflicto con la ley.

«En los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia. Y les digo más: yo todos los casos que tuve de menores ¿sabe como terminaron?, el 70 por ciento muertos. Porque el Estado vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía», sostuvo Baratta.

La retórica que culpa a los derechos humanos

Las declaraciones del ex funcionario policial reproducen una narrativa recurrente en sectores de las fuerzas de seguridad que responsabilizan a la protección de derechos humanos por la violencia que afecta a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Esta lógica invierte la relación de causalidad: en lugar de reconocer que los menores «terminan muertos» por la ausencia de políticas de contención social, tratamiento de adicciones y programas de reinserción, atribuye esas muertes a la existencia de garantías constitucionales.

El argumento de Baratta omite que los adolescentes en conflicto con la ley provienen mayoritariamente de contextos de pobreza extrema, abandono estatal y marginalidad. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, lo que indica que el problema central no es el «exceso de derechos humanos» sino la ausencia de políticas públicas que garanticen educación, salud mental y oportunidades de inclusión.

Los institutos que «no recuperan a nadie»

El ex subjefe de la policía bonaerense señaló que «en los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia». La afirmación, aunque presentada como crítica al sistema actual, no viene acompañada de ninguna propuesta concreta para mejorar las condiciones de los centros de detención juvenil ni para crear programas efectivos de rehabilitación y reinserción.

Según informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los centros de detención para menores en Argentina están sobrepoblados y carecen de recursos para garantizar condiciones dignas. Sin embargo, Baratta no propone inversión en infraestructura ni en equipos profesionales de acompañamiento, sino que su diagnóstico parece apuntar a justificar un sistema más punitivo sin garantías de contención.

La contradicción es evidente: si los institutos actuales «no recuperan a nadie», bajar la edad de imputabilidad solo incrementará la cantidad de adolescentes expuestos a un sistema que el propio ex funcionario policial reconoce como ineficaz. La experiencia internacional refuerza este punto: en Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, la reincidencia supera el 70%, cifra que coincide irónicamente con el porcentaje de «menores muertos» que menciona Baratta.

La falsa dicotomía entre derechos y seguridad

El discurso del ex jefe policial plantea una falsa dicotomía entre la protección de derechos humanos y la seguridad pública, como si ambas dimensiones fueran incompatibles. Esta retórica, habitual en sectores de las fuerzas de seguridad y en la derecha punitivista, ignora que la efectividad de cualquier sistema de justicia penal juvenil requiere precisamente el respeto de garantías constitucionales y la inversión en políticas de prevención y reinserción.

Las declaraciones de Baratta se inscriben en un momento político particular: el oficialismo busca aprobar en el Senado el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad, y las voces de ex funcionarios policiales que responsabilizan a los derechos humanos por la violencia operan como refuerzo mediático del discurso gubernamental.

Sin embargo, la evidencia disponible contradice esta narrativa. Los países que priorizan medidas socioeducativas y el respeto de garantías tienen tasas de reincidencia significativamente menores que aquellos que optan por el punitivismo. Noruega, con un modelo de justicia restaurativa, tiene índices de reincidencia inferiores al 20%, mientras que Brasil, con un sistema punitivo, supera el 70%.

Las muertes que el Estado no previene

La cifra que menciona Baratta sobre el «70% de menores muertos» no está respaldada por ningún dato oficial ni estudio verificable, pero aun si fuera precisa, la pregunta que queda es: ¿cuántas de esas muertes podrían haberse evitado con políticas de contención social, tratamiento de adicciones y programas de inclusión educativa y laboral?

El ex funcionario policial atribuye esas muertes al «exceso de garantías», pero omite que el Estado argentino no garantiza a los adolescentes vulnerables acceso a salud mental, educación de calidad ni oportunidades laborales. Tampoco menciona que muchas de esas muertes ocurren en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, en contextos que merecerían investigaciones rigurosas sobre el uso de violencia institucional.

Puntos clave:

• El ex subjefe de la policía bonaerense Salvador Baratta afirmó que «el 70% de los menores terminan muertos»

• Responsabilizó al Estado por «velar mucho por los derechos humanos» mientras deja a los adolescentes «en la calle»

• Sostuvo que «en los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia»

• Las declaraciones reproducen una narrativa que culpa a los derechos humanos por la violencia contra adolescentes

• El discurso omite que el 56% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza según la UCA ★