Política 📢
Cinismo libertario: Adorni calificó como “terrorismo” los incidentes que provocaron infiltrados policiales en el Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó una denuncia penal contra manifestantes, omitiendo que agentes encubiertos desataron la violencia. La jugada judicial se produce mientras crecen las evidencias de la operación policial.
★ El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el Gobierno presentó una denuncia por terrorismo contra quienes participaron de los incidentes frente al Congreso durante la movilización contra la reforma laboral, en un giro que busca judicializar la protesta social y desviar la atención de las denuncias sobre infiltrados policiales que provocaron la violencia.
«Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional», señaló Adorni en un mensaje difundido en la red social X (ex Twitter). El funcionario agregó: «El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin».
Con su conocido estilo hilarante, Hermana Beba muestra en su video-reacción publicado en Instagram lo sucedido en el Congreso, en las imágenes que acompañan su comentario se puede ver el atraque al vallado policial por parte de cuatro infiltrados de las fuerzas de seguridad actuando coordinados (supuestos manifestantes terroristas), a los que los chorros de los carros hidrantes y los gases lacrimógenos no los afectaban. “Hagan su trabajo”, pide con humor tragicómico, y remata al decir: “Hagan de cuenta que son jubilados”, quienes son reprimidos sistemáticamente cada miércoles en marchas completamente pacíficas.
La contradicción entre el relato oficial y los hechos documentados
La denuncia anunciada por Adorni se produce apenas horas después de que este medio y otros cronistas documentaran la presencia de agentes de civil vestidos como manifestantes que fueron vistos manteniendo conversaciones con uniformados en la zona del Congreso antes de los incidentes.
Según pudo confirmar este medio, los infiltrados se mezclaron entre los manifestantes pacíficos y, de manera completamente coordinada y organizada, comenzaron a arrojar piedras, bombas Molotov, fuegos artificiales y maderas contra la policía cuando la movilización alcanzó cierta masividad.
La operación de provocación desencadenó la represión con balas de goma, gases y camión hidrante, que dejó un saldo de dos detenidos. Los encapuchados utilizaron planchas de madera estratégicamente dispersadas por la zona como escudos, en lo que diversas fuentes consultadas por este medio describieron como una acción planificada para desalentar la protesta sindical.
El cinismo de criminalizar lo que el propio Gobierno provocó
La decisión de denunciar por «terrorismo» a manifestantes resulta particularmente contradictoria si se considera que, según las evidencias recogidas en el lugar, fueron agentes del propio Estado los que provocaron los incidentes que ahora el Gobierno utiliza como argumento para judicializar la protesta.
Organizaciones de derechos humanos consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad señalaron que la figura de terrorismo es desproporcionada para calificar incidentes en una manifestación, y que su uso responde a una estrategia de criminalización de la protesta social.
La movilización había sido convocada por la CGT y las dos CTA con un cese de actividades desde las 13 horas para rechazar la reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Senado, un proyecto que modifica las condiciones de contratación y despido, amplía el período de prueba, reduce indemnizaciones y flexibiliza los convenios colectivos.
La escalada retórica del Gobierno
La denuncia de Adorni se enmarca en la ofensiva comunicacional que el Gobierno desplegó tras los incidentes. El presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli salieron a las redes sociales a calificar de «delincuentes organizados» a los manifestantes, en un intento por desviar el foco de las denuncias sobre la operación de infiltración policial.
El uso de la figura de terrorismo eleva la apuesta judicial del Gobierno y busca instalar un relato de amenaza al orden constitucional que contrasta con el carácter pacífico de la convocatoria sindical y con las evidencias sobre quiénes iniciaron efectivamente la violencia.
Puntos clave:
• El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció una denuncia por terrorismo contra manifestantes tras los incidentes en el Congreso
• Cronistas documentaron que agentes de civil vestidos como manifestantes provocaron la violencia de manera coordinada
• Los infiltrados se mezclaron entre los manifestantes pacíficos y arrojaron piedras, bombas Molotov y fuegos artificiales
• La denuncia por terrorismo se produce mientras el Gobierno intenta desviar el foco de la operación policial documentada
• La CGT y las CTA habían convocado a la movilización pacífica contra la reforma laboral que debate el Senado ★
CABA
Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da
En 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la historia argentina. Más de 80 estudiantes de once escuelas porteñas debatieron su propio proyecto de ley de salud mental, mientras la diputada Natalia Zaracho denunció el desfinanciamiento de la prevención.
Catorce personas por día, una cada dos horas. Ese es el ritmo al que la Argentina pierde vidas por suicidio, y fueron los propios adolescentes los que decidieron no esperar más una respuesta: más de 80 estudiantes secundarios llenaron la Legislatura porteña para discutir un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas.





La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires y se realizó en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En paralelo, la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) difundió en sus redes una serie de datos que ponen en cifras lo que los chicos describen en primera persona: la tasa de suicidios más alta de la historia del país.
La voz de las aulas
«En un contexto donde se encuentran tantos problemas pero pocas soluciones, hoy con la UES llenamos un salón con más de 80 estudiantes que se mueven en busca de sumar su granito de arena ante todo lo que nos está pasando», escribió la organización en su cuenta oficial. Y agregó: «Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental».
Tomaron la palabra delegados y delegadas de 11 escuelas porteñas: el Juan B. Justo, el Larroque, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Pellegrini, el René Favaloro, el Nacional Buenos Aires, el Lenguas Vivas, el Nacional 17, el Normal 1 y la Técnica 37. Fueron los propios estudiantes quienes pusieron el cuerpo y la palabra para explicar lo que viven en sus escuelas.

La UES agradeció a la diputada Berenice Iañez por «levantar» el proyecto, a Victoria Montenegro por acompañar la jornada, a Amanda Martín por estar presente y a los legisladores que recibieron a la delegación. También participaron Renata Vismara, de Docentes por el Aborto Legal, una integrante de Incidencia Feminista y el sindicato docente UTE-CTERA. La organización definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley» y cerró con una consigna: «queremos salud mental para todxs».
Los números que alarman
«Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina», advirtió Zaracho al presentar su serie de placas. El dato central proviene del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249. Es el registro más alto de toda la serie histórica oficial.
La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 3,6 homicidios dolosos por la misma cantidad de población. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre datos del SNIC, entre 2017 y 2025 los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un salto del 57,7% en ocho años. Mientras la agenda oficial se obsesiona con la inseguridad, las muertes por suicidio ya superan a las producidas por homicidios y siniestros viales.
Zaracho remarcó que el suicidio es hoy la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, un dato que coincide con el SNIC, que ubica al fenómeno como primera causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito. La legisladora señaló además que cuatro de cada cinco víctimas son varones jóvenes. Las diferencias territoriales también son marcadas: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.


A esas muertes se suman los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día.
Un sistema que no da abasto
«Esto no es casualidad«, planteó Zaracho, y aportó otros dos indicadores: según la diputada, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42% en el último tiempo. Frente a esa demanda creciente, la legisladora describió un panorama de faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención totalmente desfinanciados.
La advertencia no es aislada. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el escenario como una crisis máxima y alarmante que atraviesa todo el territorio nacional. El contraste es brutal: la demanda de atención crece al mismo ritmo que el Gobierno de Javier Milei recorta los recursos públicos destinados a sostenerla.
Las escuelas, sin respuestas
La movilización secundaria tiene antecedentes recientes. En mayo, coordinadoras estudiantiles porteñas realizaron un corte de calle en San Juan y Boedo con más de 200 estudiantes de distintos colegios, luego de la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de 60 escuelas y profesorados de la Ciudad. Desde la Legislatura porteña, bloques opositores cuestionaron que la ley de «bienestar escolar» aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas para atender las problemáticas de salud mental en las aulas.
Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes los que salen a escribir la ley que necesitan. La pregunta que dejan planteada es tan simple como incómoda: cuántas vidas más hacen falta para que la salud mental deje de ser una partida prescindible del presupuesto.
Dónde pedir ayuda
Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275-1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800-999-0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas.
Lo que tenés que saber:
- En 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024, según el SNIC del Ministerio de Seguridad.
- La tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más de tres veces la de homicidios dolosos.
- El suicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.
- Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron un proyecto de ley de salud mental.
- La diputada Natalia Zaracho denunció falta de profesionales, de turnos y el desfinanciamiento de los programas de prevención.
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