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Represión

Infiltrados policiales provocaron violencia en la marcha pacífica contra la reforma laboral

Agentes de civil se mezclaron entre los manifestantes y desataron enfrentamientos coordinados contra el vallado policial frente al Congreso. Lo que habilitó la represión, que incluyó balas de goma y un camión hidrante, con un saldo de dos detenidos.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Una jornada de protesta convocada por la CGT y las dos CTA contra la reforma laboral que debate el Senado terminó este martes con episodios de violencia generada por infiltrados policiales que se mezclaron entre los manifestantes pacíficos y desataron incidentes de manera coordinada.

Según pudo confirmar este medio a través de cronistas propios que cubrieron la movilización, desde temprano se observó la presencia de agentes de civil vestidos como manifestantes en la zona detrás del Congreso, específicamente en la calle Combate de los Pozos, desde Hipólito Yrigoyen hasta la calle Moreno. Estos efectivos fueron vistos manteniendo conversaciones con uniformados y mostrando gestos de camaradería con las fuerzas de seguridad desplegadas en el operativo.

La secuencia de la provocación

Con la llegada de las columnas de gremios y partidos políticos, los infiltrados se mezclaron entre la multitud. Cuando la concentración alcanzó cierta masividad frente al Congreso, de manera completamente coordinada y organizada comenzaron a arrojar piedras, bombas Molotov, fuegos artificiales y maderas contra la policía.

Los provocadores, encapuchados, con gorras, máscaras y cascos, utilizaron planchas de madera estratégicamente dispersadas por la zona como escudos para protegerse de la represión que desataron las fuerzas de seguridad con agua del camión hidrante, gases y balas de goma.

El resultado hasta el momento es de cinco detenidos, ya que lo que buscan estás acciones es desmoralizar a manifestantes genuinos y, además, sumar a la violencia desatada a manifestantes distraídos, no acostumbrados a esos episodios, como si fuera un enfrentamiento genuino.

Según organizaciones de derechos humanos y sociales consultadas, la represión ejercida contra los infiltrados entre los manifestantes es casi una coreografía ensayada, ya que no tiene punto de comparación con la violencia policial que habitualmente se ejerce contra los jubilados los días miércoles en las movilizaciones frente al Congreso.

El objetivo de la operación

El accionar de estos infiltrados entre manifestantes pacíficos buscó desalentar la manifestación y cortar el paso a la gente que se había acercado de manera pacífica para expresar su rechazo a la reforma laboral.

La movilización había sido convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto con las dos CTA y diversas organizaciones sociales y políticas. Sin paro general pero con un cese de actividades desde las 13 horas, la conducción sindical apostaba a una demostración de fuerza frente al Congreso desde las 14.30.

Qué dice la reforma laboral que se debate

El proyecto que impulsa el Gobierno en el Senado introduce cambios sustanciales en las condiciones laborales. Los sindicatos rechazan modificaciones en las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de esquemas de fondo de cese en reemplazo de la indemnización tradicional.

También cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de acuerdos individuales que, advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.

La protesta de este martes se inscribe en una serie de jornadas de lucha que ya tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon contra lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Puntos clave:

• Cronistas de este medio identificaron agentes de civil vestidos como manifestantes que mantenían contacto con uniformados antes de los incidentes

• Los infiltrados desataron violencia coordinada con piedras, bombas Molotov y maderas cuando la movilización alcanzó masividad

• La represión policial incluyó balas de goma, gases y camión hidrante, con un saldo de dos detenidos

• La CGT y las CTA convocaron la movilización contra la reforma laboral que debate el Senado

• Los sindicatos rechazan cambios en indemnizaciones, período de prueba y negociación colectiva ★

Judiciales ⚖️

Otro revés judicial al protocolo antipiquetes: es incompatible con el Estado de derecho

Un dictamen del Ministerio Público Fiscal cuestionó la validez de la resolución que habilita la intervención automática de fuerzas de seguridad ante protestas. La discusión escala a la Cámara.

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El llamado “protocolo antipiquetes” sumó un nuevo traspié judicial. En el marco de una causa que busca declarar su inconstitucionalidad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que la normativa resulta ilegal por violar principios constitucionales básicos, en particular los vinculados al derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión.

La presentación fue impulsada por organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, el CELS y SIPREBA, entre otras, que cuestionaron la Resolución 943/23, instrumento mediante el cual el Gobierno implementó el protocolo.

Un dictamen que pone el foco en derechos fundamentales

El fiscal sostuvo que, frente a conflictos entre derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio sin anularlos, y subrayó que el derecho a la protesta social posee una tutela preferencial dentro del sistema constitucional.

En esa línea, el dictamen cuestionó el corazón del protocolo: la habilitación de una intervención policial automática ante cualquier afectación de la circulación. Según el análisis fiscal, ese criterio:

Desconoce las circunstancias concretas de cada manifestación Ignora el carácter legítimo de muchas protestas Viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad

Para el Ministerio Público, esa lógica resulta incompatible con el Estado de derecho, ya que prioriza la circulación por sobre derechos fundamentales sin realizar una ponderación adecuada.

La discusión pasa a la Cámara

Con este pronunciamiento, la causa entra en una nueva etapa. Ahora deberá expedirse la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que tendrá la última palabra sobre si confirma el criterio del juez de primera instancia y del fiscal (contrarios al protocolo) o si avala la postura del Estado.

El fallo que surja no será menor: definirá el alcance de la intervención de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social y marcará un precedente clave sobre los límites del poder estatal en contextos de conflictividad.

Organizaciones: “La protesta no es delito”

Desde Amnistía Internacional Argentina remarcaron que continuarán litigando para que se confirme la nulidad del protocolo. La organización insistió en que la protesta pacífica es un derecho protegido y que cualquier regulación debe respetar estándares constitucionales e internacionales.

El fallo vuelve a poner en el centro del debate una tensión histórica: orden público versus derechos sociales. El dictamen fiscal, al menos por ahora, inclinó la balanza hacia estos últimos.

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