El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla se declaró este lunes incompetente y envió al fuero federal porteño la denuncia presentada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

El magistrado resolvió «remitir las actuaciones» al juzgado federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y en el mismo fallo cuestionó la duplicación de causas, sostuvo que podría tratarse de un caso de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que «no ha sido verificado» que la filtración de las conversaciones de Robles y D´alessandro fuera producto del espionaje ilegal como se sostuvo en Comodro Py para archivar una denuncia por el mismo tema.

Antes de resolver la incompetencia por conexidad con otros expedientes que ya están en manos de la justicia federal porteña, el juez Ramos Padilla trazó una línea temporal en la que precisó que la primera denuncia presentada por la filtración de los supuestos chats entre Robles y D´alessandro fue la presentada en Santiago del Estero por el Gobernador Gerado Zamora, aunque luego fueron las presentadas en Comodoro Py aquellas en las que se procedió rápidamente al archivo.

La hipótesis de investigación había sido delimitada por la fiscal María Laura Roteta en su dictamen del día 6 de febrero y surgía también de la propia denuncia del gobernador bonaerense: de los supuestos chats difundidos se deprendía que Robles habría asesorado, a través de D´Alessandro, a la alianza Juntos por el Cambio respecto de cómo proceder para obtener una mayoría en el caso del Consejo de la Magistratura.

En la denuncia y el dictamen fiscal también se hacía referencia a la posible connivencia entre ambos funcionarios en relación con el dictado de fallos judiciales: puntualmente se aludía a que, de las supuestas conversaciones de Telegram filtradas por distintos medios, surgen menciones directas a la decisión que luego adoptara la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del porcentaje de fondos coparticipables.

«Sería contrario a los principios del federalismo que plasmaron nuestros constituyentes que sea un juez de sección -de alguna de las provincias o incluso de CABA- el que determine si, a partir de un presunto funcionamiento irregular del Máximo Tribunal signado por las maniobras delictivas enunciadas -de abuso de autoridad y/o tráfico de influencias-, al dictar esas sentencias, existió algún beneficio o perjuicio indebido hacia una u otra provincia o partido político, tal como surge de la denuncia presentada por el gobernador Axel Kicillof», sostuvo Ramos Padilla al postular la posibilidad de que el caso sea tratado por la Corte Suprema.

«Sin embargo, de acuerdo con lo explicado en los puntos anteriores, corresponde que sea la magistrada titular del juzgado que ha acumulado las distintas denuncias la que analice -tras convocar a los denunciantes, si lo considera necesario-, si se encuentra frente a alguno de los supuestos de competencia originaria y exclusiva en los que se impone la actuación del Máximo Tribunal de la Nación y se desplaza la competencia de los tribunales inferiores», continuó.

En la misma línea, Ramos Padilla remarcó que «no puede soslayarse que, en su denuncia, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que la cuestión a investigar ´atenta contra el federalismo y la democracia de nuestro país´ y ´si bien afecta a todas las provincias argentinas, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal´».

Antes de enviar el caso a Comodoro Py, el juez remarcó que el archivo de esta causa no había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal y que el argumento empleado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, no estaba probado: no existen hasta ahora elementos que prueben que Robles y/o D´alessandro habrían sido víctimas de espionaje ilegal.

«Con las probanzas acumuladas a este expediente, no me es posible dictar el archivo de las actuaciones, tal como ocurrió en el marco de la causa CFP 16/2023. No sólo ello no me fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que calificó los hechos denunciados como de gravedad institucional, sino que, además, tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D´Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520», remarcó Ramos Padilla.

«No debe olvidarse que, según establece dicha norma, el delito de espionaje ilegal se configura únicamente con la intervención de un funcionario público; es decir, cuando es el Estado el que realiza o participa de algún modo en la actividad de espionaje, cuestión que, al menos de momento, no ha sido verificada», explicó el magistrado.

Sobre el paso de la causa a Comodro Py, el juez señaló que «en el caso, no existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» y que «es en esa jurisdicción -y no en otras- donde ha transcurrido la totalidad del iter criminis y las conductas con presunta relevancia típica, de modo tal que la atribución de competencia territorial de C.A.B.A. prevalece sobre las otras y la asignación de competencia entre los distintos jueces de sección debe responder a esos parámetros».

«Aún cuando se compartiera lo sostenido por el Sr. Gobernador Kicillof en cuanto a que los efectos dañosos del/los fallo/s denunciado/s como espurio/s se extendieron a otras jurisdicciones -por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero o La Rioja-, no puede ignorarse que las dos personas mencionadas en la denuncia son dos funcionarios que habrían cometido los delitos señalados a partir de su desempeño en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos organismos con asiento en esa Capital Federal», completó.