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Pericia clave revelará cómo hirieron al fotógrafo Pablo Grillo en manifestación

La jueza federal María Servini dispuso para este lunes una pericia balística para determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza del reportero gráfico durante la manifestación del 12 de marzo en apoyo a jubilados frente al Congreso.

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El Argentino Diario-Represión en la marcha de los jubilados en el Congreso-El fotógrafo Pablo Grillo.

La Justicia federal realizará hoy una pericia balística decisiva para establecer las circunstancias del disparo que hirió gravemente al reportero gráfico Pablo Grillo durante la manifestación del 12 de marzo último en apoyo a jubilados frente al Congreso Nacional.

La diligencia fue ordenada por la jueza federal María Servini, quien también dispuso citar a declaración indagatoria para el próximo 2 de septiembre al gendarme Héctor Guerrero, imputado como supuesto autor del disparo, según informaron fuentes judiciales a este medio.

Los alcances de la pericia

El peritaje balístico deberá determinar con precisión «la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto», según estableció la magistrada en su resolución.

Además, los expertos deberán establecer «la velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto» y determinar la posición del arma al momento de efectuarse el disparo.

Estos elementos resultan cruciales para establecer las responsabilidades en el hecho que dejó gravemente herido al fotógrafo que cubría profesionalmente la protesta social.

El hecho que conmocionó al periodismo

El incidente ocurrió el 12 de marzo durante una manifestación de apoyo a jubilados en inmediaciones del Congreso Nacional. Un cartucho de gas lacrimógeno disparado por fuerzas de seguridad impactó directamente en la cabeza de Grillo, quien se encontraba ejerciendo su labor periodística.

El reportero gráfico sufrió heridas de gravedad que requirieron atención médica urgente, en un episodio que generó repudio en organizaciones de derechos humanos y entidades periodísticas.

La causa judicial avanza ahora con esta pericia técnica que podría aportar elementos determinantes para establecer las circunstancias exactas del disparo y las eventuales responsabilidades penales del efectivo de Gendarmería Nacional.

Puntos clave:

  • La jueza federal María Servini ordenó una pericia balística para determinar la trayectoria del disparo que hirió a Pablo Grillo
  • El gendarme Héctor Guerrero fue citado a indagatoria para el 2 de septiembre como supuesto autor del hecho
  • La pericia establecerá la velocidad del proyectil y la posición del arma al momento del disparo
  • El incidente ocurrió el 12 de marzo durante una manifestación de apoyo a jubilados frente al Congreso
  • Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo mientras ejercía su trabajo

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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