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El ajuste avanza: el Gobierno obliga a monotributistas sociales a asumir más costos

Fue resuelto por la cartera de Sandra Pettovello que sigue impulsando en el marco de un ajuste disfrazado de eficiencia.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, anunció un nuevo golpe a los sectores más vulnerables. A partir de octubre, los beneficiarios del Monotributo Social deberán asumir el 50% del costo de su obra social, tanto para sí mismos como para cada adherente. Esta decisión, establecida mediante la Resolución 630/2024, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de cambios en el régimen que el gobierno de Javier Milei sigue impulsando en el marco de un ajuste severo.

Un aumento de costos para los sectores más vulnerables

El Monotributo Social, una herramienta creada para formalizar a los trabajadores de la economía informal y permitirles acceder a una cobertura de salud básica, sufrirá modificaciones que lo hacen menos accesible. Según el texto oficial, “el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes”.

Esto implica que quienes antes accedían a la obra social con un aporte mínimo ahora deberán asumir un costo mayor, encareciendo aún más el acceso a los servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad. Este aumento de costos afecta directamente a monotributistas sociales que se encuentran dentro de programas como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, los cuales tenían como objetivo favorecer el desarrollo de emprendimientos y la inclusión laboral.

Un ajuste disfrazado de eficiencia

El gobierno justificó esta decisión bajo el argumento de que las normativas previas no cumplieron con sus objetivos. Se derogaron las Resoluciones Nros. 2757/2011 y 1215/2014, que habían sido implementadas durante gestiones anteriores para fortalecer el apoyo estatal a los emprendedores de la economía social. Según el nuevo enfoque, estos recursos ahora se destinarán a “una política pública social más efectiva”.

Sin embargo, la medida puede leerse como una nueva maniobra para reducir el gasto social a costa de los más desprotegidos. En lugar de buscar mejorar la eficiencia de los programas, el gobierno de Milei optó por desmantelarlos y aumentar la carga económica sobre aquellos que menos tienen. Este tipo de decisiones, amparadas en la retórica de la “eficiencia” y el “ordenamiento fiscal”, ignoran las necesidades concretas de quienes dependen del Monotributo Social para acceder a una mínima cobertura de salud y otros beneficios.

El mismo gobierno reconoció en su justificación que “el número de personas que se encuentran en la economía informal no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado”. En lugar de profundizar políticas inclusivas, se optó por responsabilizar a los beneficiarios por el fracaso de la estrategia estatal.

Ajuste en políticas sociales: el trasfondo de la decisión

El Gobierno, lejos de promover una verdadera política de inclusión, continúa avanzando con un ajuste encubierto que afecta a los sectores más desprotegidos. Al asegurar que “el Estado está realizando ingentes esfuerzos para reordenar las políticas sociales”, el Ejecutivo relativizó la importancia del Monotributo Social y priorizó un enfoque de “uso eficiente de los recursos disponibles”. Sin embargo, este supuesto reordenamiento se traduce en más barreras para el acceso a derechos básicos, como la salud, lo que agudiza la precariedad de quienes dependen de estos programas.

El impacto de este tipo de medidas no sólo afecta a los titulares de los beneficios, sino también a los adherentes, como hijos y familiares a cargo, que también perderán el acceso a una cobertura de salud accesible. En un contexto de inflación elevada y pérdida del poder adquisitivo, este tipo de decisiones empujan a más familias a la exclusión.

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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