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El ajuste avanza: el Gobierno obliga a monotributistas sociales a asumir más costos

Fue resuelto por la cartera de Sandra Pettovello que sigue impulsando en el marco de un ajuste disfrazado de eficiencia.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, anunció un nuevo golpe a los sectores más vulnerables. A partir de octubre, los beneficiarios del Monotributo Social deberán asumir el 50% del costo de su obra social, tanto para sí mismos como para cada adherente. Esta decisión, establecida mediante la Resolución 630/2024, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de cambios en el régimen que el gobierno de Javier Milei sigue impulsando en el marco de un ajuste severo.

Un aumento de costos para los sectores más vulnerables

El Monotributo Social, una herramienta creada para formalizar a los trabajadores de la economía informal y permitirles acceder a una cobertura de salud básica, sufrirá modificaciones que lo hacen menos accesible. Según el texto oficial, “el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes”.

Esto implica que quienes antes accedían a la obra social con un aporte mínimo ahora deberán asumir un costo mayor, encareciendo aún más el acceso a los servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad. Este aumento de costos afecta directamente a monotributistas sociales que se encuentran dentro de programas como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, los cuales tenían como objetivo favorecer el desarrollo de emprendimientos y la inclusión laboral.

Un ajuste disfrazado de eficiencia

El gobierno justificó esta decisión bajo el argumento de que las normativas previas no cumplieron con sus objetivos. Se derogaron las Resoluciones Nros. 2757/2011 y 1215/2014, que habían sido implementadas durante gestiones anteriores para fortalecer el apoyo estatal a los emprendedores de la economía social. Según el nuevo enfoque, estos recursos ahora se destinarán a “una política pública social más efectiva”.

Sin embargo, la medida puede leerse como una nueva maniobra para reducir el gasto social a costa de los más desprotegidos. En lugar de buscar mejorar la eficiencia de los programas, el gobierno de Milei optó por desmantelarlos y aumentar la carga económica sobre aquellos que menos tienen. Este tipo de decisiones, amparadas en la retórica de la “eficiencia” y el “ordenamiento fiscal”, ignoran las necesidades concretas de quienes dependen del Monotributo Social para acceder a una mínima cobertura de salud y otros beneficios.

El mismo gobierno reconoció en su justificación que “el número de personas que se encuentran en la economía informal no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado”. En lugar de profundizar políticas inclusivas, se optó por responsabilizar a los beneficiarios por el fracaso de la estrategia estatal.

Ajuste en políticas sociales: el trasfondo de la decisión

El Gobierno, lejos de promover una verdadera política de inclusión, continúa avanzando con un ajuste encubierto que afecta a los sectores más desprotegidos. Al asegurar que “el Estado está realizando ingentes esfuerzos para reordenar las políticas sociales”, el Ejecutivo relativizó la importancia del Monotributo Social y priorizó un enfoque de “uso eficiente de los recursos disponibles”. Sin embargo, este supuesto reordenamiento se traduce en más barreras para el acceso a derechos básicos, como la salud, lo que agudiza la precariedad de quienes dependen de estos programas.

El impacto de este tipo de medidas no sólo afecta a los titulares de los beneficios, sino también a los adherentes, como hijos y familiares a cargo, que también perderán el acceso a una cobertura de salud accesible. En un contexto de inflación elevada y pérdida del poder adquisitivo, este tipo de decisiones empujan a más familias a la exclusión.

Buenos Aires

Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021

La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
La deuda del macrismo vuelve a golpear: un fondo (buitre) alemán demanda a Buenos Aires en Nueva York por bonos de María Eugenia Vidal.

Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.

La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares

Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.

El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.

El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.

Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado

Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».

En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.

El 2% que no entró: un precedente peligroso

Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».

El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.

La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación

El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.

El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.

Puntos clave

  • Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
  • Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
  • El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
  • El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
  • La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.

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