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El ajuste avanza: el Gobierno obliga a monotributistas sociales a asumir más costos

Fue resuelto por la cartera de Sandra Pettovello que sigue impulsando en el marco de un ajuste disfrazado de eficiencia.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, anunció un nuevo golpe a los sectores más vulnerables. A partir de octubre, los beneficiarios del Monotributo Social deberán asumir el 50% del costo de su obra social, tanto para sí mismos como para cada adherente. Esta decisión, establecida mediante la Resolución 630/2024, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de cambios en el régimen que el gobierno de Javier Milei sigue impulsando en el marco de un ajuste severo.

Un aumento de costos para los sectores más vulnerables

El Monotributo Social, una herramienta creada para formalizar a los trabajadores de la economía informal y permitirles acceder a una cobertura de salud básica, sufrirá modificaciones que lo hacen menos accesible. Según el texto oficial, “el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes”.

Esto implica que quienes antes accedían a la obra social con un aporte mínimo ahora deberán asumir un costo mayor, encareciendo aún más el acceso a los servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad. Este aumento de costos afecta directamente a monotributistas sociales que se encuentran dentro de programas como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, los cuales tenían como objetivo favorecer el desarrollo de emprendimientos y la inclusión laboral.

Un ajuste disfrazado de eficiencia

El gobierno justificó esta decisión bajo el argumento de que las normativas previas no cumplieron con sus objetivos. Se derogaron las Resoluciones Nros. 2757/2011 y 1215/2014, que habían sido implementadas durante gestiones anteriores para fortalecer el apoyo estatal a los emprendedores de la economía social. Según el nuevo enfoque, estos recursos ahora se destinarán a “una política pública social más efectiva”.

Sin embargo, la medida puede leerse como una nueva maniobra para reducir el gasto social a costa de los más desprotegidos. En lugar de buscar mejorar la eficiencia de los programas, el gobierno de Milei optó por desmantelarlos y aumentar la carga económica sobre aquellos que menos tienen. Este tipo de decisiones, amparadas en la retórica de la “eficiencia” y el “ordenamiento fiscal”, ignoran las necesidades concretas de quienes dependen del Monotributo Social para acceder a una mínima cobertura de salud y otros beneficios.

El mismo gobierno reconoció en su justificación que “el número de personas que se encuentran en la economía informal no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado”. En lugar de profundizar políticas inclusivas, se optó por responsabilizar a los beneficiarios por el fracaso de la estrategia estatal.

Ajuste en políticas sociales: el trasfondo de la decisión

El Gobierno, lejos de promover una verdadera política de inclusión, continúa avanzando con un ajuste encubierto que afecta a los sectores más desprotegidos. Al asegurar que “el Estado está realizando ingentes esfuerzos para reordenar las políticas sociales”, el Ejecutivo relativizó la importancia del Monotributo Social y priorizó un enfoque de “uso eficiente de los recursos disponibles”. Sin embargo, este supuesto reordenamiento se traduce en más barreras para el acceso a derechos básicos, como la salud, lo que agudiza la precariedad de quienes dependen de estos programas.

El impacto de este tipo de medidas no sólo afecta a los titulares de los beneficios, sino también a los adherentes, como hijos y familiares a cargo, que también perderán el acceso a una cobertura de salud accesible. En un contexto de inflación elevada y pérdida del poder adquisitivo, este tipo de decisiones empujan a más familias a la exclusión.

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Industria textil en crisis: 28.818 empleos y 1.090 empresas menos

La producción fabril acumuló 14 meses de retroceso y seis de cada diez máquinas quedaron paradas. El consumo, las importaciones y la pérdida de ingresos profundizaron el golpe sobre la cadena.

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La cadena de valor textil e indumentaria acumuló 14 meses consecutivos de caída interanual en la producción y perdió 28.818 puestos de trabajo registrados y 1.090 empresas entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según un informe de la Fundación Pro Tejer. El balance muestra una contracción que ya no se limita a una fábrica o a un rubro: golpeó el empleo, la inversión, las ventas y la estructura de abastecimiento del mercado interno.

La actividad registró resultados negativos desde julio de 2025 y quedó por debajo de los niveles de 2023 en 31 de los últimos 32 meses evaluados. El sector se ubicó así entre las ramas con mayor retroceso de toda la industria fabril, con una capacidad productiva cada vez más difícil de sostener.

Una fábrica que trabaja a media máquina

En agosto, la producción textil cayó 9,4 por ciento interanual y acumuló un retroceso de 33,8 por ciento frente al mismo mes de 2023. En prendas de vestir, cuero y calzado, la baja interanual llegó a 14,7 por ciento. El calzado recibió el impacto más fuerte, con una caída de 30,8 por ciento.

La utilización de la capacidad instalada retrocedió a 44,6 por ciento en agosto. En el acumulado de los primeros ocho meses del año promedió 40,6 por ciento, el registro más bajo de toda la serie histórica, salvo el período de la pandemia en 2020. El dato tiene una traducción concreta: seis de cada diez máquinas textiles quedaron paradas en los establecimientos productivos.

El consumo perdió fuerza

El informe de Pro Tejer señaló como principal factor de la recesión a la pérdida de capacidad de compra de los hogares y al encarecimiento relativo de los servicios esenciales. En agosto, el Salario Mínimo Vital y Móvil cayó 12 por ciento interanual y 44 por ciento frente a 2023. El salario registrado privado bajó 2 por ciento interanual, mientras que el salario público se redujo 2 por ciento y acumuló una caída de 25 por ciento frente a 2023.

La menor disponibilidad de ingresos se reflejó en las ventas. Entre enero y agosto de 2026, las ventas reales en centros comerciales descendieron 11,1 por ciento interanual y 28,5 por ciento respecto de 2023. En supermercados, la baja fue de 7 por ciento interanual y de 16,2 por ciento frente a 2023. Cuando el ingreso se achica, la ropa queda entre los gastos que primero se postergan, y la industria paga esa decisión con menos producción y menos puestos.

Más productos importados, menos inversión

El deterioro de la demanda local coincidió con un cambio en la composición del abastecimiento. Según el reporte, el mercado interno se repartía históricamente en partes iguales entre producción nacional e importaciones. Ahora, los productos extranjeros abastecen cerca del 70 por ciento.

Mientras la importación total de insumos industriales cayó por el menor nivel de actividad, las compras externas de bienes finales marcaron récords. En los primeros nueve meses de 2026, las importaciones de indumentaria aumentaron 46 por ciento en toneladas y 25 por ciento en dólares. Las confecciones para el hogar crecieron 12 por ciento en toneladas.

La inversión también perdió impulso. Después de acumular más de 782 millones de dólares en inversiones productivas entre 2021 y 2024, la importación de maquinaria sectorial descendió a 45 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, una baja interanual de 56 por ciento. El informe estimó un cierre anual de 60 millones de dólares, uno de los registros más bajos de los que se tenga constancia.

El golpe sobre el trabajo y las empresas

Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados, una reducción de 23,9 por ciento. Esa pérdida representó el 32 por ciento de todos los empleos industriales eliminados en la economía argentina durante el mismo período.

La cantidad de empresas también se achicó. Cerraron 1.090 firmas del sector, una caída de 17,7 por ciento. El número equivale al 24 por ciento de todos los cierres de fábricas registrados en el país, casi una de cada cuatro bajas. La crisis dejó de medirse solo en índices de producción: también se cuenta en persianas bajas, puestos perdidos y máquinas sin uso.

Los números centrales del informe

  • La producción textil cayó 9,4 por ciento interanual en agosto.
  • La utilización de la capacidad instalada promedió 40,6 por ciento entre enero y agosto.
  • Las importaciones de indumentaria subieron 46 por ciento en toneladas durante los primeros nueve meses del año.
  • La cadena perdió 28.818 empleos registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026.
  • El sector registró el cierre de 1.090 empresas en ese mismo período.
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