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Judiciales ⚖️

Nuevas imágenes de la «inteligencia previa» de Sabag Montiel y «los copitos»

El agresor aparece en imágenes del 27 de agosto con copos de nieve entre los manifestantes incluso hasta colocarse cerca de Kicillof, el mismo día que el gobierno porteño colocó vallas en la puerta de la casa de la Vicepresidenta.

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Con imágenes, comunicaciones y geolocalización, se los habría podido detectar cerca de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, incluso semanas antes del ataque.

Una serie de videos y fotos conocidas este viernes permitieron detectar la presencia de Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta camuflado entre los manifestantes que realizaban una vigilia en su apoyo en la puerta de su domicilio.

Se trata de imágenes en las que el agresor, de 35 años, aparece con un palo en el que lleva copos de nieve y se mueve entre los manifestantes incluso hasta colocarse a metros de Axel Kicillof el 27 de agosto pasado, el mismo día en el que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la colocación de un vallado en la puerta de la casa de la exmandataria.

Las primeras imágenes fueron exhibidas en la mañana de este viernes por el canal de noticias C5N y se prevé que las próximas horas surjan nuevas imágenes de otros medios que ya estaban buscando entres sus archivos propios.

Investigación

Las imágenes abonan a una teoría que los investigadores barajan hace varios días: el ataque a la vicepresidenta habría sido el final de una maniobra que incluyó largas jornadas de “inteligencia previa” para conocer cómo se desenvolvía Fernández de Kirchner entre los manifestantes y cuáles eran las vulnerabilidades de su dispositivo de seguridad.

Por ahora el expediente judicial que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención del fiscal Carlos Rívolo, tiene solo dos imputados, ambos detenidos: Sabag Montiel y su pareja, Brenda “Ámbar” Uliarte (23), que está acusada de participar del intento de magnicidio.

En el expediente, que tiene apenas una semana, también figuran los nombres de Gabriel Nicolás Carrizo, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta, Miguel Ángel Castro Riglos y Lucas Acevedo, quienes aparecen, al menos por ahora, en calidad de testigos.

Se trata de los supuestos vendedores de copos de azúcar -ahora conocidos como “los copitos”- que se presentaron junto a Uliarte en una entrevista televisiva que le concedieron a Telefe, el viernes pasado, donde dijeron haber sufrido amenazas; tras lo cual se presentaron ante la justicia para aportar sus versiones.

El nuevo material audiovisual avala la teoría de que el ataque a CFK habría incluido largas jornadas de «inteligencia previa».

Con el paso de los días y el avance de la pesquisa, los investigadores comenzaron a analizar también la posibilidad de que “los copitos” pudieran tener alguna relación con la preparación del ataque fallido contra la Vicepresidenta, hipótesis que parece haberse robustecido a partir del análisis de sus comunicaciones.

Continuaba por estas horas el trabajo sobre los teléfonos que entregaron los miembros del grupo de forma voluntaria, y se trataba de establecer si fueron manipulados con anterioridad para eliminar o descartar información, ya que se encontró material borrado, señalaron fuentes de la investigación.

Los mismos voceros aseguraron que, a través del análisis de imágenes, geolocalización, comunicaciones, se los habría podido detectar en los alrededores del domicilio de Juncal y Uruguay, donde vive la vicepresidenta, días e incluso semanas antes del ataque.

Los investigadores analizan si Uliarte recibió contención de “los copitos” en las horas posteriores al ataque, tiempo en el que se habrían utilizado vías de comunicación alternativas como perfiles falsos de Facebook para evitar ser detectados; a la vez que una línea de investigación apunta a determinar quién les dio apoyo logístico y financiero.

“Ellos manipulaban a Brenda y no al revés. Ellos fueron los que la empujaron a dar una entrevista en televisión”, aseguró una fuente que por estas horas analiza los movimientos de la imputada y de los hombres con los que se presentó ante las cámaras.

Declaración de Brenda Uliarte

En su declaración indagatoria, Uliarte dijo que no tuvo nada que ver con el intento de homicidio, que solo fue hasta la casa de la Vicepresidenta para acompañar a su novio, que lo que él hizo le pareció aberrante y que no sabía que el llevaba un arma.

Intentó exhibir un perfil despolitizado aunque reconoció tener diferencias con las ideas del oficialismo.Ese posicionamiento en la causa choca con las fotos que ella misma había publicado en sus redes sociales cuando participó el 18 agosto pasado de una “marcha de antorchas” en la que se tiraron piedras contra la Casa Rosada.

Se pudo averiguar que Uliarte suele decir que le gustan las ideas de Javier Milei al que define como un “crack” de la economía y que se interesa por los libros de medicina, aunque de momento no hay elementos en la investigación que permitan vincularla a ningún espacio político.

Quienes siguen el expediente de cerca no descartan que, eventualmente, la defensa de Uliarte vaya a intentar que la declaren inimputable: en las últimas horas, su padre, se entrevistó con el defensor oficial Gustavo Kollman que ya pidió que se lleve a cabo un informe socio ambiental que incluirá la visita de psicólogos en la cárcel y un análisis de su situación familiar.

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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