La Justicia de General Rodrìguez ordenó liberar a dos de nueve policías detenidos acusados de robar cocaína en un allanamiento mientras investigaban el crimen de un hombre en el marco de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dictada por el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la jueza Adriana Julián, que beneficia al capitán Abel Ramón Acosta y el oficial Alexis Abel Romero, dado que quedó comprobado que ambos imputados no tenían que ver con el evento al que terminaron salpicados.

El fiscal Leandro Ventrichelli a cargo de la investigación mantendrá detenidos a la oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el oficial Juan Eduardo Vieira, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales, el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.

Para todos ellos el fiscal mantiene la acusación de coautores de los delitos de «robo agravado por el uso de arma de fuego agravado por su comisión en poblado y en banda y por haberse perpetrado por miembros integrantes de fuerzas policiales, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada».

A Ibarra, en tanto, la señaló como partícipe necesaria y no autora de los hechos. Además a Torres se lo acusa por tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal» y a Branchi por «tenencia de arma de fuego civil sin la debida autorización legal».

Sobre los liberados Acosta y Romero, la jueza dejó por acreditado las declaraciones indagatoria de inocencia a la acusación debido no haber conexión telefónica que lo salpique con el robo de cocaína y el falso allanamiento.

Los investigadores judiciales realizaron el peritaje de los teléfonos celulares de todos los implicados y sobre Acosta y Romero, no encontraron pruebas en su contra.

Tampoco encontraron registros de llamadas, ni mensajes entre Acosta con Romero, lo que indicó el informe de análisis de las comunicaciones entre varios abonados examinados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Criminal.

Es por esa razón que el propio fiscal Ventrichelli le solicitó a la jueza Julián la liberación para Acosta y Romero bajo juramento de no ausentarse por el término de 24 horas del domicilio declarado.

Los acusados pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez y al gabinete de Drogas Ilícitas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y, en el caso de Ibarra, los voceros dijeron que era jefa del Gabinete de Investigación antidrogas de la DDI y que su padre, el comisario jubilado de la policía bonaerense Alberto Daniel Ibarra, era el subsecretario de Seguridad del Municipio de General Rodríguez, aunque renunció debido al arresto de su hija.

El Javier Baños, quien representa al policía Romero, sostuvo que «contra su defendido no había acusación que acredite que está implicado en el robo de droga ni en un falso operativo policial».

«Romero, solo cumplió con la orden que le dieron de traslado de personas a la sede policial y que después se terminó su trabajo sobre el tema. Ni una llamada de teléfono ni mensajes lo salpica en la causa. Fue un perejil en la causa narco», agregó el letrado.

Los arrestos de los nueve efectivos se concretaron en la noche del miércoles 22 de abril pasado en varios allanamientos realizados por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal (PFA), con apoyo de policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Moreno, a pedido de la jueza Julián.

Los operativos fueron realizados en las sedes de la comisaría de Francisco Álvarez y de la Delegación Departamental de Moreno-General Rodríguez, donde se hallaban todos los policías imputados, a los que les informaron que quedaban detenidos por sospechas de estar todos involucrados en una causa de narcotráfico.

La causa en la que quedaron implicados comenzó el 15 de febrero a las 23.20 con el homicidio de un hombre llamado José Gutiérrez (32), apodado «Diosito», cometido en un ajuste de cuentas narco frente a su mujer y sus dos pequeños hijos.