DDHH
Cuatro de las siete mujeres detenidas en Villa Mascardi recibieron la prisión domiciliaria
La jueza de la causa dictó el sábado por la noche la prisión domiciliaria para Betiana Collhuan, Celeste Guenumil, Romina Rosas y Martha Luciana Jaramillo, por su condición de madres.
La jueza subrogante Silvina Domínguez otorgó la prisión domiciliaria a cuatro de las siete mujeres de la comunidad mapuche que habían sido detenidas durante el operativo de desalojo de la localidad de Villa Mascardi, mientras que las otras tres permanecían en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras haber sido trasladadas desde el penal de Ezeiza a la ciudad de Bariloche.
La jueza Domínguez dictó el sábado por la noche la prisión domiciliaria para Betiana Collhuan, Celeste Guenumil, Romina Rosas y Martha Luciana Jaramillo, por su condición de madres.
Las mujeres fueron trasladadas a un domicilio en el barrio Lomas de Villaverde de Bariloche, en un operativo que se llevó adelante entre las tres y cinco de la mañana.
Del resto, Betiana Collhuan y Celeste Guenumil habían quedado detenidas desde un primer momento en la Unidad Regional V de la PSA, mientras que Romina Rosas, que cursa un embarazado de 40 semanas, se encontraba en internada en el hospital Ramón Carrillo.
Jaramillo había sido trasladada el mismo sábado desde Ezeiza hacia Bariloche. «Su situación era conocida desde el primer momento», señaló Ezequiel Palavecino,el abogado defensor que pertenece a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en diálogo con Télam, y señaló las «contradicciones» de la jueza por haber decidido en primera instancia el traslado de Jaramillo a Buenos Aires.
El letrado indicó que «lo que viene haciendo la jueza nos genera toda esta situación de indefensión para ellas porque es imprevisible lo que va a hacer».
El abogado señaló como otra «contradicción» que en un mismo día «dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria».
Las otras tres mujeres de la comunidad mapuche que ayer fueron trasladadas nuevamente a Bariloche -Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera- permanecen todavía detenidas en la PSA.
Ayer por la noche, una de las mujeres detenidas -Andrea Despo- grabó un vídeo desde el lugar donde expresó que «parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió», y exhortó a la Justicia de devolverle la «libertad porque es nuestro derecho».
Palavecino señaló a esta agencia que «la jueza rechazó todos los pedidos» de excarcelación y argumentó que, sí, «pone en la defensa los riesgos que ella tiene que probar porque tiene que explicar cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial» para validar las detenciones.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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