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Economía 💲

El Gobierno privatiza represas patagónicas y la plataforma CineAr en la misma semana

El remate de los bienes públicos avanza a toda máquina: Milei acelera las privatizaciones de represas hidroeléctricas y de la plataforma CineAr en una semana marcada por la urgencia de conseguir dólares.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Federico Sturzenegger.

El Gobierno de Javier Milei inició formalmente el proceso de privatización de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del país mediante el Decreto 564/2025, al tiempo que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) comunicó que se iniciará el proceso de privatización de la plataforma CineAr. Ambas medidas se concentraron esta semana, evidenciando la velocidad con que el Ejecutivo busca desprenderse de activos estatales para obtener recursos genuinos.

Las represas que serán privatizadas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la región patagónica y actualmente gestionadas por Enarsa. Las empresas operadoras tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta que se concrete el proceso de venta, lo que ocurra primero.

Las represas bajo el martillo

La privatización de estas cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia avanza luego de que, en 2023, vencieran las concesiones aprobadas por 30 años en 1993, las cuales fueron prorrogadas provisoriamente a inicios de 2024. El proceso había sido anunciado desde diciembre del año pasado, cuando el gobierno previó licitar las nuevas concesiones de las represas en enero, con venta de acciones mayoritarias, contrato a 30 años y tarifa fija dolarizada por la generación.

Según fuentes del sector energético consultadas por distintos medios especializados, la decisión responde a la necesidad urgente de obtener divisas para el sostenimiento del esquema económico. El presidente Javier Milei firmará un decreto que autoriza la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), aunque lo hará por partes, mediante la separación de las actividades y activos de cada una de las unidades de negocio de la compañía pública.

La medida había enfrentado resistencias de gobiernos provinciales, lo que llevó a que el gobierno fijara un nuevo plazo mediante el Decreto 263/2025, estipulando «un plazo de 15 días contados a partir de la publicación» en abril pasado, tras un pedido conjunto de los gobernadores para participar del proceso.

CineAr: por 330 mil dólares anuales

En paralelo, el INCAA formalizó la privatización de CineAr, una decisión que había comenzado su trámite en marzo. El primer paso para la privatización había sido dado en marzo, cuando se traspasó CineAr, CineAr Play y CineAr Estrenos a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, una empresa que depende de la Secretaría de Medios, conducida por el vocero presidencial Manuel Adorni.

Según el comunicado difundido por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la privatización permitiría un ahorro de aproximadamente 330 mil dólares anuales, de los cuales 175 mil corresponden a salarios y 155 mil al funcionamiento de la plataforma.

La plataforma de streaming gratuita cuenta con más de dos millones de usuarios y representa uno de los principales repositorios del acervo audiovisual argentino. Desde el INCAA justificaron la medida argumentando que «generará un ahorro de 330.000 dólares anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes», calificándolo como «Un paso hacia la eficiencia y la libertad económica».

El contexto de la ola privatizadora

Ambas privatizaciones se enmarcan en el plan de desguace del Estado impulsado desde Casa Rosada. El Estado argentino, a través de Enarsa, posee el 50% de las acciones de Citelec S.A., mientras que el otro 50% está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, lo que indica que el proceso privatizador abarca múltiples activos estratégicos del sector energético.

La decisión sobre CineAr generó fuertes reacciones en el sector audiovisual. Organizaciones del sector denunciaron que «el gobierno se apropia de la biblioteca audiovisual del Instituto y se queda con la potestad de decidir que películas podemos ver, porque la medida de transferencia incluye la titularidad de derechos, bienes, presupuesto y personal afectado».

El cronograma acelerado de estas privatizaciones coincide con la necesidad del gobierno de obtener recursos en divisas para sostener el programa económico, en un contexto donde las reservas del Banco Central mantienen niveles críticos y la presión cambiaria persiste como uno de los principales desafíos del esquema de Milei.


Puntos clave:

  • El gobierno privatizará cuatro represas hidroeléctricas patagónicas: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila
  • La plataforma CineAr será privatizada con un supuesto ahorro de 330 mil dólares anuales
  • Ambos procesos se aceleraron esta semana como parte de la búsqueda de recursos en divisas
  • Las represas forman parte del plan de privatización total de Enarsa
  • CineAr cuenta con más de dos millones de usuarios y un vasto catálogo audiovisual argentino

Dólar 💵

El vocero de Milei dijo que el dólar podría llegar a $1.800: la grieta entre el relato oficial y el mercado

El vocero presidencial admitió en un streaming oficialista que una corrección cambiaria «es una posibilidad», y el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta un tipo de cambio cercano a los $1.700 para fin de año. La confesión contradice el discurso gubernamental de estabilidad.

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Adrián Ravier reconoció que el tipo de cambio podría llegar a $1.700 o $1.800 en los próximos meses.

El dólar y los salarios son los dos pilares sobre los que el Gobierno de Javier Milei construyó su relato de éxito económico. Pero en las últimas horas, uno de los propios funcionarios del equipo oficialista horadó ese andamiaje: el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que el tipo de cambio podría experimentar una corrección y llegar a valores de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses. La declaración, formulada en un streaming de carácter oficialista, no pasó inadvertida en un contexto donde la devaluación es una amenaza latente para el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Es una posibilidad»: la admisión que el oficialismo intentó minimizar

Ravier intentó enmarcar la posible corrección cambiaria como un movimiento «mínimo» que «no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos». Tras recorrer una serie de grandes devaluaciones de gobiernos anteriores para contextualizar el escenario actual, el vocero reconoció que «es una posibilidad que el tipo de cambio llegue a $1.800 ó $1.700 para dentro de unos meses». El argumento del funcionario buscó diferenciarse de saltos cambiarios abruptos del pasado, pero la admisión en sí misma representa una fisura en el discurso oficial de estabilidad cambiaria que el equipo económico repite cada vez que puede.

La pregunta de si existe o no atraso cambiario sobrevoló la declaración de Ravier, quien esquivó una respuesta directa: «Si hay atraso cambiario o no, es muy difícil de decir», señaló, antes de concluir que cualquier corrección sería de magnitud acotada. Sin embargo, la dificultad para responder con certeza esa pregunta es, en sí misma, una señal de alarma para quienes siguen de cerca la política monetaria.

El mercado ya descuenta una suba del dólar

Las palabras de Ravier no llegaron en el vacío. Antes de su declaración, el propio mercado financiero ya venía descontando un tipo de cambio más elevado hacia fin de año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado en base a encuestas realizadas a las consultoras y empresas más relevantes del sector financiero, proyecta un dólar cercano a los $1.700 para diciembre de 2026. El consenso privado y las palabras del vocero apuntan, entonces, en la misma dirección, aunque el Gobierno se esfuerce en llamarlo «corrección mínima» en lugar de devaluación.

El Banco Central acumuló más de 6.000 millones de dólares en reservas desde principios de año, un dato que el oficialismo exhibe como señal de fortaleza. No obstante, analistas del sector advierten que ese ritmo de compra se desacelerará una vez superada la cosecha gruesa, lo que limitará el margen del Gobierno para sostener artificialmente el valor del dólar en los meses siguientes.

El ancla que sostiene una macroeconomía frágil

El tipo de cambio cumple en el esquema libertario una función doble y contradictoria: es, al mismo tiempo, el principal instrumento antiinflacionario y el punto de mayor fragilidad del modelo. La estabilidad financiera que el Gobierno exhibe hoy, a pesar de la caída de los salarios, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, depende en gran medida del dólar quieto. Una devaluación, aunque sea presentada como «mínima», arrastra un riesgo concreto: acelerar el cierre de negocios y licuar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente si la respuesta del Gobierno fuera profundizar el ajuste para evitar nuevas correcciones del tipo de cambio, como ya hizo en ciclos anteriores.

El propio Gobierno reconoció en otras instancias que el proceso de recomposición salarial «lleva tiempo» y «genera tensiones». Mientras tanto, los salarios privados registrados subieron apenas un 2% en mayo, por debajo de la inflación del mismo mes, que fue del 2,1%, según datos del INDEC. La brecha entre salarios y precios se repite en las comparaciones interanuales y acumula un deterioro sostenido desde el inicio de la gestión. En ese contexto, una nueva corrección del tipo de cambio sería una mala noticia más para los sectores populares.

La contradicción estructural del modelo

La declaración de Ravier expone una contradicción que el Gobierno prefiere no abordar frontalmente: si el tipo de cambio está atrasado, cualquier corrección afectará los precios internos y erosionará los ingresos reales; si no lo está, la competitividad de las exportaciones queda condicionada por otros factores estructurales que el modelo libertario tampoco resolvió. El propio Ravier intentó salir de ese dilema reivindicando el rendimiento exportador como prueba de competitividad sin necesidad de devaluación, pero sus números sobre la posible llegada del dólar a $1.700 o $1.800 desmienten esa certeza.

El mercado, los analistas y ahora el propio vocero presidencial confluyen en un escenario que el relato oficial prefiere esquivar: el dólar se va a mover. La discusión es cuánto, cuándo y, sobre todo, quién pagará el costo.

Puntos clave

  • El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el tipo de cambio podría llegar a $1.700 o $1.800 en los próximos meses.
  • El REM del Banco Central proyecta un dólar cercano a $1.700 para diciembre de 2026.
  • El Banco Central acumuló más de 6.000 millones de dólares desde principios de año, pero el ritmo se desaceleraría tras la cosecha gruesa.
  • Los salarios privados registrados subieron 2% en mayo, por debajo de la inflación del 2,1% según el INDEC.
  • Una corrección cambiaria profundizaría el deterioro del poder adquisitivo en un contexto de ajuste sostenido.
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