Por Florencia Vaveluk

La protección, la escucha cuidada y la asistencia en presuntos casos de abuso sexual hacia menores de edad representan «la primera intervención» que debe realizarse antes de iniciar el proceso penal para impedir que las víctimas «estén expuestas nuevamente, en riesgo o en contacto con su agresor o agresora», indicaron especialistas.

El informe «Rutas de acción ante situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes», publicado por Unicef en 2017 -el último disponible sobre esa problemática-, identifica al «develamiento» como el momento «en que el niño, niña o adolescente se da cuenta de que ha sido víctima de una situación de abuso sexual». Esto puede ocurrir en diferentes contextos y momentos: en conversaciones con familiares, allegados, amigos y vecinos, y en establecimientos educativos, centros comunitarios, comisarías y centros de salud y hospitales.

En ese sentido, Mariana Melgarejo, directora nacional de Sistemas de Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), consideró que «es importante recurrir a servicios de salud, en caso de que el develamiento o sospecha de abuso no haya surgido directamente en ese ámbito, porque es fundamental considerar y evaluar daños y riesgos de salud producto del abuso, así como contener psicológicamente a la víctima y a su entorno familiar o de cuidado».

A su vez, desde Unicef recomendaron que, frente al develamiento, «se debe denunciar y proteger» a la víctima. «Siempre la primera intervención debe estar en función de proteger y asistir a la víctima, luego inmediatamente se iniciará el proceso penal contra el agresor que, de acuerdo con las estadísticas, muchas veces se encuentra dentro del propio entorno doméstico», señaló Melgarejo.

Para ello, destacó la importancia de «la escucha cuidada y no revictimizante», un aspecto que «aún genera muchos problemas y que debe ser fuertemente trabajado», teniendo en cuenta «que se trata de un niño o una niña, por lo cual es necesario tener en cuenta la edad, cómo comunica, un ámbito de cuidado y confianza, entre otras cuestiones».

Asimismo, si bien no hay un protocolo de acción unificado a nivel federal frente a los casos de abuso sexual, «varias provincias desarrollaron guías de actuación», explicó Melgarejo, quien también destacó el trabajo de las mesas territoriales para el abordaje de estos delitos contra las infancias.

A nivel nacional, las denuncias pueden realizarse en las oficinas de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), fiscalías y áreas de protección de niñez, y tanto las comisarías como las fiscalías están obligadas a recibir las denuncias por supuesto abuso sexual, incluso si el delito que se está denunciando ocurrió en el pasado.

Además, existen líneas gratuitas destinadas a la orientación y atención de las víctimas: la Línea 102, orientada a la promoción de derechos de niño y adolescentes; la Línea 149, opción 1, que por el momento está habilitada en unas pocas ciudades y municipios del conurbano bonaerense; y la Línea 137, dirigida a canalizar denuncias por violencia sexual o familiar.

Una llamada a cualquiera de esas líneas no implica una denuncia o expediente penal, pero sí una orientación con los pasos a seguir en cada caso.

Frente a estos casos, la denuncia «despliega la intervención de todas las áreas de Estado involucradas, independientemente de por dónde haya ingresado el develamiento o la denuncia, como niñez, salud, justicia, seguridad, educación, género, entre otros», resaltó Melgarejo.

Debido a que cada situación es «particular, compleja y de mucha vulneración», Melgarejo destacó que se deben tener en cuenta los aspectos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y económicos de las víctimas, junto con su entorno.

En primera instancia, «es necesario preservar a las víctimas, con todo lo que eso implique, impidiendo que pueda estar expuesta nuevamente, en riesgo o en contacto con su agresor o agresora».

Dependiendo del caso, las pruebas, la jurisdicción y el tiempo transcurrido, se llevará a cabo el proceso penal, que «no tiene un mismo formato aplicable a todos los casos».

En tanto, al tratarse de delitos de «instancia pública» en menores de edad, los adultos que trabajan en el cuidado, contención, educación y protección de la salud de las infancias y adolescencias que se encuentran ante un presunto caso de abuso sexual están obligados por ley a realizar la denuncia.

«Cuando cualquier funcionario público toma conocimiento de un hecho de vulnerabilidad de derechos debe informar al organismo de protección, que se organiza en la Senaf a nivel nacional y cada provincia tiene su propio órgano de protección un sistema articulado con la niñez», explicó Azul Romero Beery, directora nacional de Asistencia a las Víctimas.

En este sentido, el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR) brinda patrocinio gratuito e integral a las causas vinculadas al abuso sexual, «no solo en el fuero penal, sino también para los adultos que acompañan, que generalmente son mujeres», indicó Romero Beery.

Según datos oficiales del programa, entre mayo de 2022 y marzo de 2023 ingresaron 562 casos, de los cuales el 63,35% son niñas, niños y adolescentes, y del total de ellos el 87% son mujeres.

Además, el 90% de los referentes afectivos son mujeres y el 52% de los denunciados es el progenitor o progenitor afín de la víctima.

Otro de los datos evidenciados a través del programa es que el 36% de los casos que requieren el acompañamiento legal son personas mayores de 18 años que transitaron situaciones de violencia sexual en su niñez o adolescencia.

«Si la persona está lastimada, lo primero que va a hacer es ir al hospital, pero no es lo más habitual que recién haya sucedido», sino que esto ocurre «cuando la persona se anima o se reconoce como víctima, esto que me paso estaba siendo abusada».

Esto se debe a las campañas de sensibilización que llevan a las personas a «preguntarse y reflexionar. Hay un montón de consultas que realizan personas adultas victimizadas en la infancia que lleva mucho tiempo de elaboración, porque no era algo que se registraba».

«Cada víctima va a necesitar algo diferente, para algunas lo reparatorio es atravesar un juicio con todo lo que implica, y para otros es muy doloroso ventilar esas cuestiones y eligen no transitarlo», aclaró Romero Beery.

De este modo, PatrocinAR funciona a través de la línea 149 opción 1, y de manera presencial en todas las jurisdicciones capitales de las provincias del país, a excepción de la provincia de Santa Fe y Río Negro, cuyo funcionamiento se encuentra ubicado en la ciudad de Rosario, Bariloche, Cipolletti y General Roca.

A su vez, en la provincia de Buenos Aires, además de La Plata, brinda atención en Morón, La Matanza, Avellaneda, Lanús, San Martín, San Isidro, Quilmes y Lomas de Zamora.

Finalmente, Romero Beery destacó que «no todas las víctimas solicitan un patrocinio puntualmente, a veces es solo un asesoramiento o cómo tienen que manejarse con determinada situación».