Proyecto
Los riesgos de reducir la edad penal y no invertir en inclusión: “La baja de imputabilidad es una cáscara vacía”
Diego Giuliano, diputado nacional de UxP, criticó el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a 14 años y advirtió que la reforma carece de sustancia y recursos para abordar el problema de fondo.
El debate por la baja de imputabilidad: entre el impacto mediático y la falta de políticas integrales
El dictamen de comisión que aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la Cámara de Diputados reavivó una discusión histórica en la política argentina. Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), criticó la iniciativa al calificarla como “una cáscara vacía” y un “titular rimbombante” que no resuelve el problema de los menores en conflicto con la ley. “Hablar solo de la edad es una simplificación absurda”, sostuvo en declaraciones a Radio Splendid, y remarcó la ausencia de un régimen penal juvenil que contemple la reinserción y la protección de derechos.
El proyecto, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y acompañado por bloques como el PRO, la UCR y otros espacios aliados, propone que los adolescentes de 14 años puedan ser juzgados penalmente. Sin embargo, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de sectores opositores y de organizaciones especializadas en derechos de la infancia, que advirtieron sobre la falta de recursos y políticas públicas para garantizar la reinserción social.
Críticas a la “revolución de la nomenclatura” y la falta de inversión
Giuliano, referente del Frente Renovador, denunció que el Gobierno “cambia los nombres, hace anuncios rimbombantes, pero después cuando uno va a ver la implementación en la realidad, no están ni los recursos ni la gente, y esto es de una alta irresponsabilidad”. El legislador recordó que su espacio político viene trabajando el tema desde hace años, pero insistió en que “no es la edad una solución mágica”.
La preocupación por la falta de inversión pública y de un enfoque integral fue compartida por UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que en comunicados recientes señalaron que la baja de la edad de imputabilidad no reduce el delito juvenil y puede agravar la exclusión social. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, los delitos cometidos por menores representan menos del 5% del total, y la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad.
Antecedentes y consecuencias: el riesgo de criminalizar la pobreza
La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva en la Argentina. Proyectos similares se debatieron en 2007, 2017 y 2019, pero nunca lograron consenso. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendaron al país no reducir la edad penal y priorizar políticas de prevención, educación y contención social.
Giuliano advirtió que “para muchos menores que no tienen una reinserción adecuada, dejarlos solos ha sido una pena de muerte, porque en poco tiempo terminan siendo utilizados por bandas de delincuentes que se aprovechan de ellos y lamentablemente tienen una vida muy corta”. El riesgo, según especialistas, es que la reforma termine criminalizando la pobreza y profundizando la exclusión, sin atacar las causas estructurales del delito juvenil.
¿Solución o parche? El desafío de construir un régimen penal juvenil efectivo
El debate de fondo, según los críticos, pasa por definir el rol del Estado en la protección y reinserción de los adolescentes. “Es fundamental saber cuál va a ser la responsabilidad del Estado en un régimen penal juvenil, que signifique reinserción, reeducación, resocialización, y no un abandono del menor”, subrayó Giuliano. Sin inversión en programas de acompañamiento, educación y salud mental, la baja de la edad de imputabilidad corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica, sin impacto real en la seguridad ni en la vida de los jóvenes.
Puntos clave:
- El proyecto de baja de imputabilidad a 14 años avanzó en Diputados, pero recibió críticas por su falta de sustancia y recursos.
- Diego Giuliano (UxP) calificó la reforma como “una cáscara vacía” y advirtió sobre la ausencia de políticas de reinserción.
- Organizaciones y organismos internacionales desaconsejaron la reducción de la edad penal y reclamaron políticas integrales.
- Los delitos cometidos por menores representan menos del 5% del total, según datos oficiales.
- El riesgo principal es la criminalización de la pobreza y la profundización de la exclusión social.
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Tenía 12 años, jugaba en un campamento y murió aplastado por un arco: así nació la Ley Joaquín
La comisión de Familias, Niñez y Juventudes aprobó por unanimidad el proyecto que obliga a instalar y mantener correctamente arcos, aros y postes en espacios públicos y privados. La iniciativa, impulsada por la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza, lleva el nombre del niño de 12 años que murió aplastado por un arco mal fijado en San Pedro, y fue celebrada incluso en un contexto de bloqueo deliberado de debates por parte de La Libertad Avanza.
La comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de «Ley Joaquín», que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en espacios destinados a prácticas deportivas y recreativas. La norma, que ya contaba con dictamen favorable de la comisión de Deportes desde fines de junio, quedó en condiciones de ser llevada al recinto para su votación definitiva. El consenso fue absoluto, sin fisuras entre bloques, en un Congreso donde los debates suelen estar atravesados por la lógica de confrontación.
La historia detrás del nombre
La ley lleva el nombre de Joaquín Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía, en el conurbano bonaerense, que murió el 4 de enero de 2026 tras caer sobre él un arco de fútbol mal fijado en un predio de la provincia de Neuquén. Eran aproximadamente las 11:30 cuando Joaquín, que participaba de un campamento de exploradores organizado por el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, se balanceó sobre uno de los travesaños de un arco. La estructura, de 7,40 metros de largo, 2,40 metros de alto y alrededor de 160 kilos de peso, cedió y cayó directamente sobre su pecho. Las estructuras deportivas del predio carecían de los anclajes reglamentarios mínimos.
Su muerte, evitable, no fue un accidente fortuito: fue la consecuencia directa de la negligencia en el mantenimiento de infraestructuras recreativas que nadie fiscalizaba. Los padres y allegados de Joaquín transformaron ese dolor en organización y acción legislativa. Bajo el lema «Que el juego no cueste la vida», impulsaron la iniciativa para que ninguna otra familia tuviera que atravesar lo mismo. La consigna sintetiza con precisión el espíritu de una norma que no pretende regular el deporte, sino garantizar que jugar no sea un riesgo de muerte por desidia.
Qué dispone la norma
El proyecto presentado por la diputada nacional de Unión por la Patria, Luciana Potenza, establece la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby; los aros de básquet; los postes de red de voley; y los juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados. La exigencia abarca desde canchas municipales hasta instalaciones de clubes y colegios, cubriendo así la multiplicidad de escenarios donde los niños practican deporte cotidianamente y donde la falta de controles puede ser fatal.
Consenso en un Congreso bloqueado
La aprobación unánime del dictamen adquiere un valor político especial en el contexto actual del Poder Legislativo. El presidente de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, el diputado Pablo Yedlin, no evitó señalarlo con claridad: «A pesar de que La Libertad Avanza mantiene cerrados los debates en Diputados, hemos logrado consenso hoy para llevar al recinto un tema prioritario para la prevención de accidentes», afirmó.
La declaración de Yedlin no es un dato menor. El bloque oficialista ha sostenido durante meses una política sistemática de obstrucción de la agenda legislativa en la Cámara baja, limitando los debates a las iniciativas del Ejecutivo y frenando proyectos que cuentan con apoyo transversal. Que una ley de estas características haya logrado dictamen unánime en ese escenario da cuenta tanto del consenso social que rodea a la propuesta como de la capacidad de la oposición para imponer ciertos temas en la agenda cuando la causa es irreprochable.
El próximo paso: el recinto
Con el doble dictamen favorable de las comisiones de Deportes y de Familias, Niñez y Juventudes, la «Ley Joaquín» se encuentra en condiciones de ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados. La aprobación en el recinto dependería de que el interbloque opositor logre imponer el tema en el orden del día, algo que en el marco de las restricciones impuestas por LLA no está garantizado, pero que el consenso ya obtenido hace difícil de bloquear sin costo político.
Puntos clave
- La comisión de Familias, Niñez y Juventudes aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto «Ley Joaquín».
- Joaquín Gatto tenía 12 años y murió el 4 de enero de 2026 en Neuquén cuando un arco de 160 kilos, sin anclaje, cayó sobre él.
- La norma obliga a instalar, anclar y mantener correctamente arcos, aros, postes y juegos de plaza en espacios públicos y privados.
- La iniciativa cuenta con el dictamen previo de la comisión de Deportes, obtenido a fines de junio.
- El diputado Pablo Yedlin destacó el consenso logrado pese al bloqueo sistemático de debates por parte de La Libertad Avanza.
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