El debate por la baja de imputabilidad: entre el impacto mediático y la falta de políticas integrales

El dictamen de comisión que aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la Cámara de Diputados reavivó una discusión histórica en la política argentina. Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), criticó la iniciativa al calificarla como “una cáscara vacía” y un “titular rimbombante” que no resuelve el problema de los menores en conflicto con la ley. “Hablar solo de la edad es una simplificación absurda”, sostuvo en declaraciones a Radio Splendid, y remarcó la ausencia de un régimen penal juvenil que contemple la reinserción y la protección de derechos.

El proyecto, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y acompañado por bloques como el PRO, la UCR y otros espacios aliados, propone que los adolescentes de 14 años puedan ser juzgados penalmente. Sin embargo, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de sectores opositores y de organizaciones especializadas en derechos de la infancia, que advirtieron sobre la falta de recursos y políticas públicas para garantizar la reinserción social.

Críticas a la “revolución de la nomenclatura” y la falta de inversión

Giuliano, referente del Frente Renovador, denunció que el Gobierno “cambia los nombres, hace anuncios rimbombantes, pero después cuando uno va a ver la implementación en la realidad, no están ni los recursos ni la gente, y esto es de una alta irresponsabilidad”. El legislador recordó que su espacio político viene trabajando el tema desde hace años, pero insistió en que “no es la edad una solución mágica”.

La preocupación por la falta de inversión pública y de un enfoque integral fue compartida por UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que en comunicados recientes señalaron que la baja de la edad de imputabilidad no reduce el delito juvenil y puede agravar la exclusión social. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, los delitos cometidos por menores representan menos del 5% del total, y la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad.

Antecedentes y consecuencias: el riesgo de criminalizar la pobreza

La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva en la Argentina. Proyectos similares se debatieron en 2007, 2017 y 2019, pero nunca lograron consenso. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendaron al país no reducir la edad penal y priorizar políticas de prevención, educación y contención social.

Giuliano advirtió que “para muchos menores que no tienen una reinserción adecuada, dejarlos solos ha sido una pena de muerte, porque en poco tiempo terminan siendo utilizados por bandas de delincuentes que se aprovechan de ellos y lamentablemente tienen una vida muy corta”. El riesgo, según especialistas, es que la reforma termine criminalizando la pobreza y profundizando la exclusión, sin atacar las causas estructurales del delito juvenil.

¿Solución o parche? El desafío de construir un régimen penal juvenil efectivo

El debate de fondo, según los críticos, pasa por definir el rol del Estado en la protección y reinserción de los adolescentes. “Es fundamental saber cuál va a ser la responsabilidad del Estado en un régimen penal juvenil, que signifique reinserción, reeducación, resocialización, y no un abandono del menor”, subrayó Giuliano. Sin inversión en programas de acompañamiento, educación y salud mental, la baja de la edad de imputabilidad corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica, sin impacto real en la seguridad ni en la vida de los jóvenes.

Puntos clave:

• El proyecto de baja de imputabilidad a 14 años avanzó en Diputados, pero recibió críticas por su falta de sustancia y recursos.
• Diego Giuliano (UxP) calificó la reforma como “una cáscara vacía” y advirtió sobre la ausencia de políticas de reinserción.
• Organizaciones y organismos internacionales desaconsejaron la reducción de la edad penal y reclamaron políticas integrales.
• Los delitos cometidos por menores representan menos del 5% del total, según datos oficiales.
• El riesgo principal es la criminalización de la pobreza y la profundización de la exclusión social.