Manuel García-Mansilla, designado por decreto presidencial en febrero de 2025 para integrar la Corte Suprema de Justicia, presentó este lunes su renuncia indeclinable al cargo. En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el magistrado expresó severas críticas al funcionamiento del máximo tribunal, que desde diciembre opera con solo tres jueces, una situación que calificó como “un grave problema institucional”.

El juez fundamentó su decisión en la falta de avances para completar la integración de la Corte, lo que, según él, ha generado una parálisis judicial que afecta directamente a los ciudadanos. “El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, señaló en su misiva, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

García-Mansilla, cuyo pliego fue rechazado por el Senado, también cuestionó la “falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces”, advirtiendo que esta situación no solo agrava la demora en la resolución de casos, sino que también pone en riesgo la legitimidad del tribunal.

La Corte Suprema, en crisis por su integración insuficiente

Desde diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia opera con solo tres miembros, una situación que ha generado críticas desde diversos sectores. Según la Constitución Nacional, el tribunal debe estar compuesto por cinco jueces, aunque el número puede ser ampliado o reducido por ley. Sin embargo, la falta de consenso político para cubrir las vacantes ha dejado al máximo tribunal en una situación de vulnerabilidad institucional.

La renuncia de García-Mansilla pone de relieve las consecuencias de esta crisis. En su carta, el magistrado advirtió que la demora en la integración de la Corte no solo afecta el funcionamiento interno del tribunal, sino que también tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. “La lentitud en la resolución de las disputas que se someten a la Corte afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos”, expresó.

El rechazo del Senado y la polémica designación por decreto

La designación de García-Mansilla por decreto presidencial en febrero de 2025 ya había generado controversia. El presidente Javier Milei justificó la medida como una solución urgente ante la falta de avances en el Senado para aprobar los pliegos de los candidatos propuestos. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional, quienes señalaron que la designación por decreto podría vulnerar el principio de independencia judicial.

El Senado, dominado por una oposición fragmentada, rechazó el pliego de García-Mansilla, lo que dejó al magistrado en una posición de incertidumbre. En su carta de renuncia, el juez señaló que la falta de consenso político para completar la integración de la Corte es un reflejo de la crisis institucional que atraviesa el país.

Las implicancias de la renuncia

La salida de García-Mansilla agrava aún más la situación de la Corte Suprema, que ahora enfrenta el desafío de operar con una integración mínima en un contexto de alta demanda judicial. Según datos del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte tiene más de 10.000 causas pendientes, muchas de las cuales involucran temas de alto impacto social, como derechos laborales, acceso a la salud y conflictos ambientales.

La renuncia también pone en evidencia la falta de voluntad política para resolver la crisis institucional del máximo tribunal. Mientras el oficialismo y la oposición se culpan mutuamente por la parálisis en el Senado, los ciudadanos ven cómo se dilatan las decisiones judiciales que afectan sus derechos.

La renuncia de García-Mansilla no solo es un síntoma de la crisis del Gobierno libertario y de la Corte Suprema, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema judicial. La falta de consenso político para completar la integración del tribunal refleja un problema más amplio: la incapacidad de las instituciones para garantizar el funcionamiento pleno de los poderes del Estado.

En este contexto, la pregunta que queda abierta es si el gobierno y el Congreso podrán superar sus diferencias para resolver una crisis que no solo afecta al Poder Judicial, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la justicia.