Un fallo que refuerza la autonomía de la Ciudad

La habitual marcha de los jubilados, que este miércoles 9 coincidirá con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de un paro general, estará bajo la custodia exclusiva de la Policía de la Ciudad. Así lo determinó el juez Roberto Gallardo, del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, quien prohibió la intervención de fuerzas federales en el operativo de seguridad.

El fallo responde a un amparo presentado por gremios de la CGT y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que solicitaron evitar la participación de fuerzas nacionales encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según el magistrado, la medida busca proteger la autonomía de la Ciudad y garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la seguridad de los manifestantes.

La tensión entre jurisdicciones y derechos

El juez Gallardo argumentó que la intervención de fuerzas federales en operativos locales podría vulnerar la autonomía porteña, establecida en la Ley de Seguridad Interior. En su fallo, ordenó al Gobierno de la Ciudad, liderado por Jorge Macri, que se abstenga de permitir la participación de fuerzas nacionales en el ámbito urbano, salvo en casos específicos y delimitados.

“El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, señaló Gallardo, en referencia a episodios previos de represión en manifestaciones similares. Además, el juez subrayó que el operativo debe garantizar la libre circulación y la seguridad de los habitantes, sin restringir el derecho a la protesta.

Un contexto de movilización y reclamos

La marcha de los jubilados, que se realiza de manera periódica, se verá potenciada este miércoles por la adhesión de gremios de la CGT, en el marco de un paro general que busca visibilizar la crisis económica y social que atraviesa el país. Entre los reclamos principales se encuentran la actualización de los haberes jubilatorios, el acceso a medicamentos gratuitos y la mejora de las condiciones laborales.

Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, el haber mínimo jubilatorio, que actualmente ronda los $87.460, está muy por debajo de la canasta básica para un adulto mayor, estimada en $200.000. Esta brecha económica, sumada a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, ha llevado a los jubilados a convertirse en un sector clave en las protestas sociales.

Por su parte, la CGT ha señalado que el paro general busca abrir un debate sobre las políticas económicas del gobierno y su impacto en los sectores más vulnerables. “No se trata solo de los jubilados, sino de toda una sociedad que está viendo cómo se deterioran sus derechos básicos”, expresó un dirigente sindical.

Un operativo bajo la lupa

El fallo de Gallardo también establece que la Policía de la Ciudad debe coordinar un operativo que respete los derechos de los manifestantes y delimite claramente las áreas de intervención de las fuerzas federales. Estas últimas solo podrán actuar en la custodia de “objetivos federales” específicos, como edificios gubernamentales o embajadas, sin intervenir en el espacio urbano circundante.

La decisión judicial llega en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y la administración porteña, liderada por Juntos por el Cambio. La disputa por el control de la seguridad en eventos masivos refleja un conflicto más amplio sobre la autonomía de la Ciudad y el alcance de las competencias federales.

Un precedente para futuras movilizaciones

El fallo de Gallardo no solo tiene implicancias inmediatas para la marcha de este miércoles, sino que también sienta un precedente para futuras movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Al reforzar la autonomía porteña y limitar la intervención de fuerzas federales, la medida podría influir en la forma en que se gestionan las protestas sociales en el ámbito urbano.

Mientras tanto, los jubilados y los gremios de la CGT se preparan para una jornada de movilización que promete ser masiva y cargada de simbolismo. En un contexto de crisis económica y social, la marcha no solo busca visibilizar los reclamos de los sectores más vulnerables, sino también defender el derecho a la protesta como una herramienta fundamental de la democracia.