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Judiciales ⚖️

Revés para Bullrich: la Justicia prohibió que intervenga en la marcha de los jubilados

El juez Roberto Gallardo dispuso que la Policía de la Ciudad sea la única encargada del operativo de seguridad durante la movilización de este miércoles. La medida busca proteger la autonomía porteña y garantizar los derechos de los manifestantes.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich.

Un fallo que refuerza la autonomía de la Ciudad

La habitual marcha de los jubilados, que este miércoles 9 coincidirá con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de un paro general, estará bajo la custodia exclusiva de la Policía de la Ciudad. Así lo determinó el juez Roberto Gallardo, del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, quien prohibió la intervención de fuerzas federales en el operativo de seguridad.

El fallo responde a un amparo presentado por gremios de la CGT y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que solicitaron evitar la participación de fuerzas nacionales encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según el magistrado, la medida busca proteger la autonomía de la Ciudad y garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la seguridad de los manifestantes.

La tensión entre jurisdicciones y derechos

El juez Gallardo argumentó que la intervención de fuerzas federales en operativos locales podría vulnerar la autonomía porteña, establecida en la Ley de Seguridad Interior. En su fallo, ordenó al Gobierno de la Ciudad, liderado por Jorge Macri, que se abstenga de permitir la participación de fuerzas nacionales en el ámbito urbano, salvo en casos específicos y delimitados.

“El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, señaló Gallardo, en referencia a episodios previos de represión en manifestaciones similares. Además, el juez subrayó que el operativo debe garantizar la libre circulación y la seguridad de los habitantes, sin restringir el derecho a la protesta.

Un contexto de movilización y reclamos

La marcha de los jubilados, que se realiza de manera periódica, se verá potenciada este miércoles por la adhesión de gremios de la CGT, en el marco de un paro general que busca visibilizar la crisis económica y social que atraviesa el país. Entre los reclamos principales se encuentran la actualización de los haberes jubilatorios, el acceso a medicamentos gratuitos y la mejora de las condiciones laborales.

Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, el haber mínimo jubilatorio, que actualmente ronda los $87.460, está muy por debajo de la canasta básica para un adulto mayor, estimada en $200.000. Esta brecha económica, sumada a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, ha llevado a los jubilados a convertirse en un sector clave en las protestas sociales.

Por su parte, la CGT ha señalado que el paro general busca abrir un debate sobre las políticas económicas del gobierno y su impacto en los sectores más vulnerables. “No se trata solo de los jubilados, sino de toda una sociedad que está viendo cómo se deterioran sus derechos básicos”, expresó un dirigente sindical.

Un operativo bajo la lupa

El fallo de Gallardo también establece que la Policía de la Ciudad debe coordinar un operativo que respete los derechos de los manifestantes y delimite claramente las áreas de intervención de las fuerzas federales. Estas últimas solo podrán actuar en la custodia de “objetivos federales” específicos, como edificios gubernamentales o embajadas, sin intervenir en el espacio urbano circundante.

La decisión judicial llega en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y la administración porteña, liderada por Juntos por el Cambio. La disputa por el control de la seguridad en eventos masivos refleja un conflicto más amplio sobre la autonomía de la Ciudad y el alcance de las competencias federales.

Un precedente para futuras movilizaciones

El fallo de Gallardo no solo tiene implicancias inmediatas para la marcha de este miércoles, sino que también sienta un precedente para futuras movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Al reforzar la autonomía porteña y limitar la intervención de fuerzas federales, la medida podría influir en la forma en que se gestionan las protestas sociales en el ámbito urbano.

Mientras tanto, los jubilados y los gremios de la CGT se preparan para una jornada de movilización que promete ser masiva y cargada de simbolismo. En un contexto de crisis económica y social, la marcha no solo busca visibilizar los reclamos de los sectores más vulnerables, sino también defender el derecho a la protesta como una herramienta fundamental de la democracia.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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