CABA
Tensión por la marcha de jubilados: el Gobierno porteño acusa al juez Gallardo de “invadir competencias”
Jorge Macri calificó de “nulo” el fallo que excluye a las fuerzas federales del operativo de seguridad en la movilización frente al Congreso. La Ciudad apeló la medida y acusó al juez de invadir competencias del Poder Ejecutivo.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que prohíbe la intervención de fuerzas federales en el operativo de seguridad previsto para la marcha de jubilados y la CGT frente al Congreso. La medida judicial, que generó un fuerte rechazo desde la administración porteña, fue calificada como “nula” y “arbitraria” por la Procuración General de la Ciudad, que solicitó su revocación urgente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El jefe de Gobierno porteño argumentó que la seguridad en una manifestación de esta magnitud requiere una coordinación dinámica entre las fuerzas locales y federales. “Imaginar que detrás de un escritorio alguien puede decidir cómo actuar en tiempo real es forzado”, afirmó Macri, quien aseguró que la Ciudad garantizará la seguridad “como siempre”.
Un fallo que reaviva tensiones entre poderes
El fallo de Gallardo, que excluye a las fuerzas federales del operativo, fue interpretado por el Gobierno porteño como una intromisión en las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Según el recurso presentado por la Procuración General, la medida “afecta la división de poderes” y se basa en un “prejuzgamiento” que no respeta el debido proceso legal.
El documento, firmado por Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos, sostiene que el juez se arrogó facultades propias del Ejecutivo al intervenir en la planificación de políticas de seguridad. Además, se cuestionó que la resolución fue tomada sin consultar previamente al Gobierno de la Ciudad, lo que vulneraría su derecho a la defensa.
Este conflicto no es nuevo. La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo porteño ha estado marcada por tensiones en torno a la autonomía de la Ciudad y la coordinación con las fuerzas federales. En este caso, el debate se centra en la capacidad de la Ciudad para decidir cómo garantizar la seguridad en eventos masivos, un tema que ha sido objeto de controversia desde la transferencia de competencias en 2016.
Seguridad y política: el trasfondo de la disputa
La marcha de jubilados y la CGT, convocada para reclamar mejoras en las jubilaciones y condiciones laborales, se perfila como un evento de alta sensibilidad política y social. En este contexto, la exclusión de las fuerzas federales del operativo de seguridad no solo plantea desafíos logísticos, sino que también pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y el porteño.
Desde la Ciudad, se insiste en que la coordinación con las fuerzas federales es clave para garantizar la seguridad en manifestaciones de gran escala. Sin embargo, el fallo de Gallardo refleja una visión distinta, al priorizar la autonomía de las fuerzas locales en el manejo de la seguridad.
El trasfondo político de esta disputa no puede ser ignorado. La relación entre el Gobierno de la Ciudad, liderado por Juntos por el Cambio, y el Gobierno nacional, encabezado por el oficialismo, ha estado marcada por desacuerdos en temas clave como la coparticipación, la educación y, ahora, la seguridad.
¿Qué está en juego?
Más allá de la marcha de mañana, este conflicto pone en el centro del debate la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su capacidad para gestionar la seguridad en un contexto de creciente polarización política. La apelación presentada por la Procuración General no solo busca revertir el fallo de Gallardo, sino también sentar un precedente sobre los límites de la intervención judicial en las decisiones del Ejecutivo.
Mientras tanto, los jubilados y trabajadores que se movilizarán frente al Congreso esperan que la disputa entre poderes no desvíe la atención de sus reclamos, que incluyen aumentos en las jubilaciones mínimas y mejoras en las condiciones laborales.
La resolución de este conflicto será clave no solo para definir el operativo de seguridad de la marcha, sino también para establecer los límites entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto de creciente tensión política, la seguridad se convierte, una vez más, en un terreno de disputa.
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CABA
Ciudades inteligentes sin política laboral: el vacío que dejó el congreso de intendentes en CABA
Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes de distintas provincias se reunieron en la Usina del Arte para debatir inteligencia artificial, transformación digital y su impacto en el trabajo. Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores y reclamó que los gobiernos garanticen que la mayoría de la sociedad quede del lado de los beneficiados.
La primera edición de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, reunió este miércoles en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, a representantes de casi 300 municipios y a 82 intendentes de todo el país para discutir uno de los desafíos más urgentes de la gestión pública contemporánea: cómo incorporar la inteligencia artificial a los servicios del Estado sin que esa transformación profundice las desigualdades existentes en el mercado laboral y en el acceso a la educación.
El evento fue organizado por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad, encabezada por César Torres. La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien planteó el eje político del encuentro con una frase que sintetiza la tensión de fondo: «Estamos frente a una revolución tecnológica y nuestro desafío es que la mayoría de la sociedad esté del lado de los ganadores».
La IA ya modificó el mercado laboral; la pregunta es quién paga el costo
Macri puso sobre la mesa una preocupación que los datos ya respaldan con crudeza. Un relevamiento publicado meses atrás por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estableció que el 67% del empleo porteño tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, con un índice de 0,353 que supera al de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Las ocupaciones más afectadas son precisamente las más numerosas del distrito: empleados administrativos, contables, de atención al público y profesionales de TIC.
En ese contexto, el jefe de Gobierno reconoció que una parte importante de quienes integran hoy el mercado laboral se formó en un mundo analógico y debe adaptarse a herramientas que cambian a una velocidad que los sistemas educativos no pueden seguir. «La IA va a plantear ganadores y perdedores», admitió, y llamó a que los gobiernos asuman ese desafío sin naturalizarlo. El planteo, sin embargo, no vino acompañado de ninguna medida concreta de protección para los sectores laborales más vulnerables a la automatización.
La tensión entre el discurso de la oportunidad tecnológica y la ausencia de políticas activas de reconversión laboral fue la que atravesó, de manera implícita, toda la jornada. Hablar de ciudades inteligentes sin debatir quién financia la transición y quién carga con sus costos es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una decisión política.
La educación, entre el discurso y la contradicción
Macri también colocó el problema educativo en el centro del debate. «En las escuelas hay chicos estudiando para trabajos que hoy no existen», afirmó, y señaló que la formación no puede concebirse como una etapa que cierra con el egreso escolar o universitario: «Necesitamos que los ciudadanos sigamos aprendiendo a lo largo de la vida».
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también expuso en el congreso. Su presencia tiene una lectura política específica: el gobierno de Macri incorporó el uso de inteligencia artificial como contenido obligatorio en la escuela primaria porteña, con un anexo curricular elaborado, según trascendió, con herramientas de IA generativa. La apuesta plantea preguntas abiertas sobre cómo se garantiza la equidad en el acceso a esas herramientas en un sistema educativo con brechas tecnológicas notorias entre escuelas.
Un mapa federal con lecturas cruzadas
La convocatoria tuvo un componente político que no pasó desapercibido: reunió a intendentes de distintos partidos y provincias bajo la conducción del gobierno porteño. Entre los presentes se contaron Julio Alak, intendente de La Plata; Daniel Passerini, de Córdoba; Soledad Martínez, de Vicente López; Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; Santiago Passaglia, de San Nicolás; Leonel Chiarella, de Venado Tuerto; y varios jefes comunales de la Patagonia y Cuyo, como Carlos Koopmann (Zapala), Bruno Pogliano (El Bolsón), Lino Yonar (Campo Quijano) y Susana Laciar (San Juan).
La presencia de Alak, intendente del principal municipio bonaerense y figura del kirchnerismo, en un evento organizado por la administración macrista no es un dato menor. Sugiere que la agenda de las ciudades inteligentes, con todo lo que implica en términos de infraestructura digital, datos ciudadanos y relación con el sector privado tecnológico, empieza a configurar un espacio de disputa política que cruza las fronteras partidarias tradicionales.
Entre los expositores también estuvieron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra, ex funcionario macrista con vínculos en el ecosistema tecnológico, y el emprendedor Mateo Salvatto. La participación de empresas tecnológicas y startups completó un cuadro en el que el sector privado tuvo un lugar central en la definición de la agenda pública.
Qué significa ciudad inteligente y para quién
Durante el encuentro también se discutió qué significa en la práctica aplicar tecnología a la gestión municipal. Macri planteó que «una ciudad inteligente no es algo que se compra» y señaló que requiere también una ciudadanía y equipos preparados. La frase es razonable, pero evade la pregunta más incómoda: qué pasa con los municipios que no tienen los recursos, la conectividad ni el capital humano técnico para implementar esas transformaciones sin asistencia del Estado nacional o provincial.
La jornada había comenzado el martes 1 de septiembre con una sesión técnica destinada a los equipos de gobiernos locales y provinciales, donde se trabajó sobre herramientas concretas de gestión de datos, seguridad, salud y movilidad. La intención declarada es que las experiencias exitosas puedan replicarse en otros distritos. El desafío real es que esa replicación no reproduzca también las asimetrías de partida.
Puntos clave
- Casi 300 gobiernos locales y 82 intendentes participaron del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Usina del Arte.
- Jorge Macri advirtió que la IA va a plantear ganadores y perdedores, sin anunciar medidas concretas de protección laboral.
- El CESBA y la OIT establecieron que el 67% del empleo porteño tiene exposición a la IA generativa, con un índice superior al de EE.UU. y Europa.
- El intendente kirchnerista de La Plata, Julio Alak, participó del evento organizado por la administración macrista.
- El congreso no incluyó propuestas concretas de reconversión laboral para los sectores más vulnerables a la automatización.
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