El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que prohíbe la intervención de fuerzas federales en el operativo de seguridad previsto para la marcha de jubilados y la CGT frente al Congreso. La medida judicial, que generó un fuerte rechazo desde la administración porteña, fue calificada como “nula” y “arbitraria” por la Procuración General de la Ciudad, que solicitó su revocación urgente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El jefe de Gobierno porteño argumentó que la seguridad en una manifestación de esta magnitud requiere una coordinación dinámica entre las fuerzas locales y federales. “Imaginar que detrás de un escritorio alguien puede decidir cómo actuar en tiempo real es forzado”, afirmó Macri, quien aseguró que la Ciudad garantizará la seguridad “como siempre”.

Un fallo que reaviva tensiones entre poderes

El fallo de Gallardo, que excluye a las fuerzas federales del operativo, fue interpretado por el Gobierno porteño como una intromisión en las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Según el recurso presentado por la Procuración General, la medida “afecta la división de poderes” y se basa en un “prejuzgamiento” que no respeta el debido proceso legal.

El documento, firmado por Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos, sostiene que el juez se arrogó facultades propias del Ejecutivo al intervenir en la planificación de políticas de seguridad. Además, se cuestionó que la resolución fue tomada sin consultar previamente al Gobierno de la Ciudad, lo que vulneraría su derecho a la defensa.

Este conflicto no es nuevo. La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo porteño ha estado marcada por tensiones en torno a la autonomía de la Ciudad y la coordinación con las fuerzas federales. En este caso, el debate se centra en la capacidad de la Ciudad para decidir cómo garantizar la seguridad en eventos masivos, un tema que ha sido objeto de controversia desde la transferencia de competencias en 2016.

Seguridad y política: el trasfondo de la disputa

La marcha de jubilados y la CGT, convocada para reclamar mejoras en las jubilaciones y condiciones laborales, se perfila como un evento de alta sensibilidad política y social. En este contexto, la exclusión de las fuerzas federales del operativo de seguridad no solo plantea desafíos logísticos, sino que también pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y el porteño.

Desde la Ciudad, se insiste en que la coordinación con las fuerzas federales es clave para garantizar la seguridad en manifestaciones de gran escala. Sin embargo, el fallo de Gallardo refleja una visión distinta, al priorizar la autonomía de las fuerzas locales en el manejo de la seguridad.

El trasfondo político de esta disputa no puede ser ignorado. La relación entre el Gobierno de la Ciudad, liderado por Juntos por el Cambio, y el Gobierno nacional, encabezado por el oficialismo, ha estado marcada por desacuerdos en temas clave como la coparticipación, la educación y, ahora, la seguridad.

¿Qué está en juego?

Más allá de la marcha de mañana, este conflicto pone en el centro del debate la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su capacidad para gestionar la seguridad en un contexto de creciente polarización política. La apelación presentada por la Procuración General no solo busca revertir el fallo de Gallardo, sino también sentar un precedente sobre los límites de la intervención judicial en las decisiones del Ejecutivo.

Mientras tanto, los jubilados y trabajadores que se movilizarán frente al Congreso esperan que la disputa entre poderes no desvíe la atención de sus reclamos, que incluyen aumentos en las jubilaciones mínimas y mejoras en las condiciones laborales.

La resolución de este conflicto será clave no solo para definir el operativo de seguridad de la marcha, sino también para establecer los límites entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto de creciente tensión política, la seguridad se convierte, una vez más, en un terreno de disputa.