La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que mañana marchará al Congreso junto a los jubilados, en una movilización que promete ser un acto de resistencia frente a las políticas de ajuste y los protocolos de seguridad que buscan limitar las protestas sociales. Octavio Argüello, cosecretario general de la central obrera y dirigente del gremio de Camioneros, fue contundente: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo antipiquetes”.

La declaración, realizada en el programa radial “Sin corbata”, refleja el clima de tensión entre los sindicatos y el Gobierno nacional, encabezado por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. La ministra, conocida por su enfoque duro hacia las manifestaciones, ha sido objeto de duras críticas por parte de la CGT, que la acusa de intentar criminalizar la protesta social.

Un fallo judicial en el centro de la disputa

La marcha de mañana no solo está marcada por el reclamo de los jubilados y trabajadores, sino también por un conflicto judicial que enfrenta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al juez Roberto Gallardo. Este último aceptó un recurso de amparo presentado por el sindicato de Judiciales, liderado por Julio Piumato, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezada por Juan Grabois, que busca limitar la intervención de fuerzas federales en el operativo de seguridad.

El fallo de Gallardo, que excluye a las fuerzas federales, fue apelado por el Gobierno porteño, que lo calificó de “nulo” y acusó al juez de invadir competencias del Poder Ejecutivo. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó un pedido de juicio político contra el magistrado, intensificando aún más la disputa.

Críticas a Bullrich y al modelo económico

Argüello no escatimó críticas hacia Patricia Bullrich, a quien acusó de tener una “larga historia” de represión y de vivir del Estado durante décadas. “La ministra de Seguridad no puede actuar en el ámbito de la Capital Federal, no está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra poner”, afirmó el dirigente camionero, en alusión a la autonomía de la Policía de la Ciudad.

El sindicalista también apuntó contra el modelo económico del Gobierno nacional, al que acusó de “encapricharse en pisar los aumentos salariales” y de implementar políticas que profundizan la crisis. “Todos los días hay despidos, no solo en el Estado sino también en las empresas privadas. El Presidente no entra en razones y esto se va a profundizar. El que siempre paga las consecuencias es el pueblo”, subrayó.

La marcha: un símbolo de resistencia

La movilización de mañana, que reunirá a jubilados, trabajadores y organizaciones sociales, se perfila como un acto de resistencia frente a un contexto de creciente conflictividad social. Los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la crisis económica, reclaman aumentos en las jubilaciones mínimas y medidas que garanticen su poder adquisitivo.

Por su parte, la CGT busca visibilizar el impacto de las políticas de ajuste en los trabajadores y denunciar lo que considera un intento de criminalizar la protesta social. “Intentar impedir la protesta es una locura”, afirmó Argüello, quien destacó la importancia de la movilización como herramienta para defender los derechos de los sectores más vulnerables.

Un conflicto que trasciende la marcha

Más allá de la movilización de mañana, este conflicto pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional, el porteño y los sindicatos en torno a la gestión de la seguridad y las políticas económicas. La exclusión de las fuerzas federales del operativo, ordenada por el juez Gallardo, y la apelación presentada por la Ciudad de Buenos Aires reflejan un escenario de creciente polarización política.

En este contexto, la marcha de jubilados y trabajadores no solo es un reclamo por derechos económicos, sino también un símbolo de resistencia frente a un modelo que, según los sindicatos, prioriza el ajuste por sobre las necesidades del pueblo.

La movilización de mañana será una prueba de fuego para el Gobierno nacional y la CGT, en un contexto de creciente descontento social. Mientras los jubilados y trabajadores se preparan para marchar, el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial sigue escalando, dejando en evidencia las profundas divisiones que atraviesan al país.