El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció al juez Roberto Gallardo por «mal desempeño en sus funciones» tras su resolución judicial que impidió la intervención de las fuerzas federales en el operativo de seguridad de la próxima marcha de jubilados frente al Congreso. La medida judicial obligó al Gobierno porteño a reasumir la organización del operativo en el marco de una nueva movilización prevista para este miércoles.

Una resolución que reactivó la disputa por la autonomía porteña

La resolución judicial fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo de Gallardo, tras una presentación de los dirigentes sindicales Julio Piumato, Maia Volcovinsky y Walter Gramajo. El juez sostuvo que en los últimos meses el Gobierno nacional aplicó operativos desproporcionados con intervención de las fuerzas federales, lo que generó “violencia, conflictos y caos”.

Gallardo consideró que el Estado nacional incurrió en una “actitud avasalladora y excesiva” al avanzar sobre la autonomía de la Ciudad bajo el pretexto de aplicar protocolos de seguridad. En su fallo, remarcó: “Aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio”.

Además, criticó al Gobierno porteño por omitir su responsabilidad: “La omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder”.

La respuesta del Ministerio de Seguridad

En respuesta a esta resolución, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” del juez. En un comunicado publicado en la red social X, la cartera que conduce Patricia Bullrich afirmó que Gallardo “sobrepasó los límites de su rol con una clara intención política” y que sus decisiones “interfieren en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo”.

El Gobierno nacional también solicitó la recusación del magistrado por “parcialidad y prejuzgamiento”, apeló la medida cautelar, planteó su nulidad y cuestionó su competencia para intervenir en el caso. La denuncia remarcó que sus fallos “han puesto trabas a las políticas de seguridad y limitado la capacidad de acción del Estado”.

Desde el Ministerio señalaron que “la seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales”. Concluyeron: “No permitiremos que decisiones injustificadas afecten la protección de los argentinos de bien”.

Un conflicto institucional en plena escalada

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo nacional se produce en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por las movilizaciones de sectores vulnerables como los jubilados, los recortes de programas sociales y el endurecimiento de los protocolos de seguridad.

La intervención del juez Gallardo y la reacción del Gobierno nacional reavivan la histórica tensión sobre los alcances de la autonomía porteña y los límites del federalismo en materia de seguridad interior.