Por Marcelo Bátiz

Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentarán mañana sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que se realizará de manera virtual y será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de «febrero o marzo», de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comenzará a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.

Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la «determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes».

De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los seis puntos restantes son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién «para febrero o marzo» se podrían poner en marcha los nuevos números.

El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.

«El recorte de subsidios son 2 puntos del PBI, más o menos el 40% del déficit. No se puede decir en energía cómo va a terminar la tarifa porque vamos a un esquema diferente, con un esquema de optimización de las empresas. Se va a subsidiar la demanda. En vez de dar a las empresas se va a ayudar al que menos tiene», afirmó Caputo.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado «Material de consulta» de la página web del Enargas.

Si bien se presentaron propuestas de ajustes tarifarios que superan el 350%, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

Por otra parte, la decisión de aplicar un índice de actualización mensual deja en evidencia que los incrementos no se harán de una sola vez sino de manera paulatina.

Para completar, hay que considerar las complicaciones propias del servicio de gas natural para determinar un valor promedio, ya que hay tres niveles de segmentación de usuarios, diez distribuidoras y una subdistribuidora divididas a su vez en 25 subzonas y, por último, ocho categorías residenciales, de lo que resultarían más de doscientas tarifas diferentes.

Como cuarta variable, la estacionalidad de la producción y el consumo de gas natural incide a su vez en el nivel de cobertura de la tarifa sobre el costo de explotación.

Esas diferencias fueron señaladas en el «Monitor de subsidios a la energía de la Administración Nacional» que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por ejemplo, en 2022 la cobertura promedio fue del 69%, con extremos del 40% en julio y 87% en noviembre.

Al margen de esos altibajos estacionales, el seguimiento de la relación entre tarifas y subsidios de los últimos años permite identificar cuatro períodos: hasta 2015, con una alta participación de los subsidios y niveles tarifarios que no llegaban a cubrir la mitad de los costos de explotación; entre 2015 y 2019 con un cambio de tendencia que duplicó la cobertura tarifaria; y desde entonces hasta la actualidad, con dos etapas dentro de la presidencia de Alberto Fernández.

En ella, en un principio se retomó el congelamiento tarifario con el consecuente aumento de la proporción de subsidios, pero luego, con la segmentación en tres niveles de usuarios, se aplicó la tarifa plena para los de mayor poder adquisitivo, con una menor cobertura tarifaria para los otros dos segmentos.