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Energía

El gas sube todos los meses: nuevo golpe al bolsillo desde junio

La Secretaría de Energía modificó el esquema tarifario para las empresas de transporte y distribución. Los valores se ajustarán cada mes, según los índices del ENARGAS.

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El Gobierno nacional oficializó este jueves una resolución que cambia el esquema de actualización de tarifas del gas natural. A partir de junio, las empresas transportistas y distribuidoras podrán aplicar subas mensuales en sus ingresos, en vez de hacerlo cada seis meses como estaba previsto hasta ahora. El ajuste seguirá los índices de precios regulados definidos por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), según lo estableció la Resolución 241/2025 firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

El nuevo mecanismo fue publicado en el Boletín Oficial y se justifica, según el texto oficial, en “la necesidad de sostener la sostenibilidad económica del sector” dentro del “contexto del estado de emergencia vigente”. El Gobierno busca evitar saltos abruptos por acumulación de atrasos tarifarios, aunque el efecto inmediato será una mayor presión sobre los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Plazos breves para avalar aumentos

La resolución establece que las licenciatarias podrán presentar sus nuevos cuadros tarifarios a la autoridad reguladora con una memoria de cálculo mensual. El ENARGAS tendrá siete días para aprobar los cuadros correspondientes al transporte, y hasta quince días en el caso de la distribución. Las nuevas tarifas no podrán regir antes del día 1º de cada mes.

Con esta decisión, el Ejecutivo acelera el ritmo de actualización de ingresos para las empresas, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su última revisión del acuerdo con Argentina pidió mayor disciplina fiscal y “reducción de los subsidios económicos”.

Impacto en las facturas y en la economía doméstica

Aunque la resolución no especifica cómo se trasladarán estos ajustes a las facturas de los usuarios, el nuevo esquema deja abierta la puerta para que el ENARGAS los incorpore. La segmentación de subsidios, aún vigente, genera una disparidad en los niveles de cobertura: los hogares de altos ingresos (N1) ya pagan el costo pleno de la energía, mientras que los sectores medios (N3) y bajos (N2) conservan parte de los subsidios. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Secretaría de Energía comenzó a reducir las transferencias del Estado, lo que derivó en aumentos acumulados superiores al 300% en algunos casos.

El nuevo esquema mensual coincide con una aceleración en los precios de servicios públicos, que en mayo explicaron una parte sustancial del índice de inflación. Según proyecciones privadas, el Indec informará una suba del IPC por encima del 4% mensual, con fuerte incidencia de las tarifas de gas, agua y electricidad.

Un cambio que favorece a las empresas

El régimen de Revisión Tarifaria Quinquenal (RTI) fue uno de los pilares del modelo implementado por el expresidente Mauricio Macri entre 2016 y 2019, y había sido suspendido durante la pandemia. El nuevo gobierno de La Libertad Avanza decidió reactivarlo como parte de una estrategia de liberalización del sector energético.

De este modo, la nueva fórmula convierte al gas en un servicio con actualización casi automática, lo que reduce el riesgo regulatorio para las empresas. Pero el cambio también implica una mayor exposición de los hogares a la volatilidad macroeconómica. Si bien la Secretaría de Energía planteó que se busca “fomentar la predictibilidad de las economías domésticas”, no se estableció ningún mecanismo de tope, amortiguación o revisión social de los aumentos.

La Defensoría del Pueblo y asociaciones de consumidores criticaron la medida. “Están descargando el ajuste sobre los sectores medios y trabajadores sin contemplar el contexto de caída de ingresos reales”, advirtió la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), que pidió convocar a una audiencia pública con participación real.

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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