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Energía

El gas sube todos los meses: nuevo golpe al bolsillo desde junio

La Secretaría de Energía modificó el esquema tarifario para las empresas de transporte y distribución. Los valores se ajustarán cada mes, según los índices del ENARGAS.

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El Gobierno nacional oficializó este jueves una resolución que cambia el esquema de actualización de tarifas del gas natural. A partir de junio, las empresas transportistas y distribuidoras podrán aplicar subas mensuales en sus ingresos, en vez de hacerlo cada seis meses como estaba previsto hasta ahora. El ajuste seguirá los índices de precios regulados definidos por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), según lo estableció la Resolución 241/2025 firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

El nuevo mecanismo fue publicado en el Boletín Oficial y se justifica, según el texto oficial, en “la necesidad de sostener la sostenibilidad económica del sector” dentro del “contexto del estado de emergencia vigente”. El Gobierno busca evitar saltos abruptos por acumulación de atrasos tarifarios, aunque el efecto inmediato será una mayor presión sobre los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Plazos breves para avalar aumentos

La resolución establece que las licenciatarias podrán presentar sus nuevos cuadros tarifarios a la autoridad reguladora con una memoria de cálculo mensual. El ENARGAS tendrá siete días para aprobar los cuadros correspondientes al transporte, y hasta quince días en el caso de la distribución. Las nuevas tarifas no podrán regir antes del día 1º de cada mes.

Con esta decisión, el Ejecutivo acelera el ritmo de actualización de ingresos para las empresas, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su última revisión del acuerdo con Argentina pidió mayor disciplina fiscal y “reducción de los subsidios económicos”.

Impacto en las facturas y en la economía doméstica

Aunque la resolución no especifica cómo se trasladarán estos ajustes a las facturas de los usuarios, el nuevo esquema deja abierta la puerta para que el ENARGAS los incorpore. La segmentación de subsidios, aún vigente, genera una disparidad en los niveles de cobertura: los hogares de altos ingresos (N1) ya pagan el costo pleno de la energía, mientras que los sectores medios (N3) y bajos (N2) conservan parte de los subsidios. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Secretaría de Energía comenzó a reducir las transferencias del Estado, lo que derivó en aumentos acumulados superiores al 300% en algunos casos.

El nuevo esquema mensual coincide con una aceleración en los precios de servicios públicos, que en mayo explicaron una parte sustancial del índice de inflación. Según proyecciones privadas, el Indec informará una suba del IPC por encima del 4% mensual, con fuerte incidencia de las tarifas de gas, agua y electricidad.

Un cambio que favorece a las empresas

El régimen de Revisión Tarifaria Quinquenal (RTI) fue uno de los pilares del modelo implementado por el expresidente Mauricio Macri entre 2016 y 2019, y había sido suspendido durante la pandemia. El nuevo gobierno de La Libertad Avanza decidió reactivarlo como parte de una estrategia de liberalización del sector energético.

De este modo, la nueva fórmula convierte al gas en un servicio con actualización casi automática, lo que reduce el riesgo regulatorio para las empresas. Pero el cambio también implica una mayor exposición de los hogares a la volatilidad macroeconómica. Si bien la Secretaría de Energía planteó que se busca “fomentar la predictibilidad de las economías domésticas”, no se estableció ningún mecanismo de tope, amortiguación o revisión social de los aumentos.

La Defensoría del Pueblo y asociaciones de consumidores criticaron la medida. “Están descargando el ajuste sobre los sectores medios y trabajadores sin contemplar el contexto de caída de ingresos reales”, advirtió la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), que pidió convocar a una audiencia pública con participación real.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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