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Transporte

Paro de colectivos: Milei se lava las manos y deja el conflicto en manos del mercado

El Gobierno pide postergar la medida pero no abre conciliación obligatoria. El paro afectará a más de 300 líneas en todo el país.

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El gremio mantendrá una reunión clave este lunes con el secretario de Trabajo. El paro afectará a más de 300 líneas en todo el país. El modelo de transporte, al borde del colapso.

El conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte urbano y suburbano escaló a su punto máximo.

Este martes 6 de mayo, el país enfrentará un nuevo paro nacional de colectivos, que afectará el servicio de corta y media distancia en todo el territorio y paralizará más de 300 líneas solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida de fuerza se definió tras el fracaso en las negociaciones paritarias, luego del vencimiento de la conciliación obligatoria el pasado 30 de abril.

El gremio que conduce Roberto Fernández reclama elevar el salario básico a $1.700.000, mientras las empresas ofrecen apenas un 9% de aumento.

Última reunión antes del paro

Este lunes a las 14 horas, la cúpula de la UTA mantendrá una reunión clave con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. En medio del cruce, el Gobierno —que no renovó la conciliación obligatoria— solicitó “. ” para dar tiempo al nuevo secretario de Transporte a interiorizarse del tema.

Pero la falta de respuesta concreta y la negativa del Ejecutivo a intervenir con herramientas legales refuerzan la estrategia de desentendimiento que el gobierno de Javier Milei viene aplicando en todos los conflictos gremiales.

“No tenemos la posibilidad de conciliación obligatoria”, reconoció el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una entrevista radial.

Modelo agotado, sin inversión ni planificación

El paro se da en el marco de una profunda crisis estructural del sistema de transporte, reconocida incluso por empresarios como Marcelo Pasciuto, del Grupo DOTA.

Con unidades obsoletas, sin inversión estatal ni privada, subsidios desfasados y salarios pulverizados por la inflación, el modelo se encuentra al borde del colapso.

Pasciuto admitió que el boleto debería valer $1.500 para cubrir los costos, aunque el Estado lo compensa en $900.

Al mismo tiempo, responsabilizó tanto a la falta de estrategia del Gobierno como al “sindicato debilitado” del periodo anterior por no haber logrado actualizar los ingresos de los trabajadores.

“Este sistema está vencido. Hay que reestructurarlo. Pero con esta gente no va a haber solución”, disparó el empresario.

Milei y su política de “desregulación por abandono”

En línea con otras decisiones de la administración libertaria, el Ejecutivo opta por no intervenir activamente y dejar que el conflicto se desgaste entre partes.

Sin embargo, la parálisis del transporte público impacta de lleno en sectores populares y trabajadores que dependen de estas líneas para movilizarse.

El Gobierno no ofrece un plan a largo plazo, ni una política de transporte integrada, ni garantías para que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo.

La respuesta, una vez más, parece ser la desregulación por omisión: que el mercado, las empresas y los sindicatos se arreglen solos.

Economía 💲

Milei entrega Retiro al negocio privado: 30 años de concesión sin un peso del Estado

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación.

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El Gobierno licitará la Terminal de Retiro con financiamiento 100% privado

El Ejecutivo nacional oficializó este viernes el llamado a licitación pública para remodelar y operar la Terminal de Ómnibus de Retiro, el principal nodo de transporte automotor de pasajeros del país.

La medida, formalizada mediante el Decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial, declara el proyecto de interés público y pone fin a la concesión que desde 1993 ejerció la empresa TEBA S.A., históricamente vinculada al empresario Néstor Otero, fallecido a fines de 2024.

La nueva concesión tendrá una duración de 30 años y se ejecutará con financiamiento íntegramente privado, sin comprometer recursos del Estado, según precisó el comunicado oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien amplificó el anuncio en sus redes sociales.

Un negocio presentado como modernización

La licitación fue impulsada a partir de una iniciativa privada presentada por cuatro empresas: Inverlat Investments S.A. (propietaria de la cadena Havanna), Service Trade S.A. (vinculada al grupo inmobiliario Narváez, especializado en remates), Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A.. Estas firmas presentaron la propuesta ante las autoridades competentes, que elaboraron el informe que derivó en la declaración de interés público.

El esquema elegido es la concesión de obra, infraestructura y servicio público. La empresa que resulte adjudicataria asumirá la totalidad de la inversión, operará el sistema y percibirá los ingresos de su explotación comercial; a cambio, deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional.

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos, convocar a la licitación y resolver la adjudicación. Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas, y mejoras en seguridad e iluminación. Además, el decreto derogó el llamado licitatorio de 2015, lanzado sin éxito durante la gestión de Mauricio Macri.

El «Zar de Retiro» y tres décadas de zona liberada

La historia de TEBA S.A. en Retiro es, en sí misma, un capítulo emblemático de cómo operan los negocios con el Estado en la Argentina. La empresa obtuvo la concesión original en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en el marco del ciclo privatizador de aquella década.

El contrato vencía en 2005, pero fue prorrogado de manera directa hasta 2015 sin proceso competitivo alguno. A partir de ese año, la concesión continuó sin licitación vigente; entre 2015 y 2020 operó con el contrato ya expirado, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado. Desde entonces, la operación «se sostuvo en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado».

Otero, conocido en el ambiente del transporte como el «Zar de Retiro», también controlaba la estación de trenes de Once, concesión que también le fue otorgada durante el menemismo. En 2018 apareció en la Causa de los Cuadernos de las Coimas, señalado como uno de los empresarios del transporte que habría realizado aportes ilegales al esquema de recaudación durante la gestión kirchnerista. Fue procesado, aunque eso no alteró su control sobre la terminal.

Ya bajo la presidencia de Milei, en diciembre de 2024, fue desalojado de la estación de Once por orden judicial; no obstante, el Ejecutivo libertario no le quitó el dominio de Retiro mientras estuvo con vida. Solo ahora, tras su fallecimiento, el Gobierno avanza formalmente con la licitación.

Lo que el Estado cede, lo que el Estado cobra

El esquema planteado por el gobierno de Milei sigue la lógica central de su gestión: retirar al Estado como agente de inversión y relegar su rol al de cobrador de un canon. En ese modelo, quien controle la terminal por 30 años concentrará ingresos provenientes de alquileres de locales comerciales, tasas a las empresas de micros, estacionamiento, consigna, servicios y explotación de baños, entre otros rubros.

La determinación del valor del canon, su mecanismo de actualización y las condiciones de la ecuación económica que garantice inversión real, aún no están definidas: quedarán fijadas en los pliegos que elabore el Ministerio de Economía.

El Gobierno aseguró que la continuidad del servicio estará garantizada durante el período de transición: TEBA S.A., en su actual condición de operador precario y revocable, continuará a cargo hasta que se adjudique la nueva concesión.

Por la terminal pasan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y se realizan más de 300 mil servicios anuales hacia destinos nacionales e internacionales.

Puntos clave

  • El Decreto 273/2026 oficializó la licitación pública de la Terminal de Ómnibus de Retiro con financiamiento 100% privado y concesión por 30 años.
  • La iniciativa fue presentada por cuatro empresas privadas, entre ellas Inverlat Investments S.A. (dueña de Havanna) y Service Trade S.A. (grupo Narváez).
  • La concesión de TEBA S.A., iniciada en 1993 bajo el menemismo, operó con contratos vencidos o en condiciones precarias desde 2005.
  • El adjudicatario asumirá toda la inversión y explotación; el Estado recibirá un canon mensual cuya magnitud se definirá en los pliegos.
  • El Ministerio de Economía elaborará los pliegos y resolverá la adjudicación; el servicio continuará sin interrupciones durante la transición.
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