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Investigación 🔎

El caso Propofest: cómo un fallo en los controles del sistema de salud derivó en dos muertes

Dos muertes bajo circunstancias similares, anestésicos robados de una institución de referencia nacional y versiones extraoficiales sobre reuniones privadas con fármacos de quirófano. La investigación judicial avanza con dos imputados en libertad y una pregunta central todavía sin respuesta: ¿cuán profundo llega el entramado?

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★ Lo que empezó como un hallazgo policial en un departamento de Palermo el 20 de febrero pasado derivó en una de las causas más perturbadoras que sacuden al sistema de salud porteño en los últimos años. Con dos muertos, dos imputados en libertad, allanamientos con material incautado y versiones no confirmadas sobre un circuito clandestino de «viajes controlados» con anestésicos de uso quirúrgico, la Justicia intenta reconstruir una trama que podría ser mucho más amplia de lo que aparenta.

La primera muerte: el anestesista de Palermo

El 20 de febrero, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a un departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo, tras una denuncia de los familiares de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años que cumplía funciones en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que había realizado su residencia en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Al ingresar, lo encontraron sin vida.

No había indicios de violencia ni intervención de terceros. Lo que sí llamó la atención fue lo que rodeaba el cuerpo: elementos descartables para administración intravenosa y una vía conectada en uno de sus pies. La autopsia determinó que Zalazar murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

La investigación cobró un nuevo rumbo cuando el análisis de trazabilidad del instrumental y los medicamentos hallados en el domicilio estableció que parte de los insumos pertenecía al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que Zalazar no trabajaba. El hospital presentó entonces una denuncia formal por el faltante de insumos quirúrgicos, detectado a partir de filmaciones de vigilancia interna, según confirmaron fuentes judiciales.

El Hospital Italiano bajo la lupa

A partir de ese hallazgo, la investigación se trasladó hacia el interior de la reconocida institución privada de Almagro. Dos profesionales del área de Anestesiología quedaron identificados como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: Hernán Boveri, médico anestesiólogo que ocupaba un cargo de jerarquía en esa área, y Delfina Lanusse, residente de tercer año.

Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa. Lanusse fue apartada con licencia forzosa. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado, aunque el área de prensa de la institución no respondió los pedidos de información periodística durante los primeros días del escándalo.

El 13 de marzo, la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad ejecutó tres allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido de Tigre, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio. En uno de los domicilios se secuestraron pendrives, tablets, celulares y notebooks. En otro se halló una caja con tubos de anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, elementos que habrían pertenecido al Hospital Italiano.

También se realizó un allanamiento en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, aunque los resultados de ese operativo no fueron informados públicamente.

Los imputados: declararon inocentes y no respondieron preguntas

Boveri y Lanusse fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la causa, bajo la figura de hurto calificado de medicamentos. Ambos se encuentran en libertad; solo se les prohibió salir del país.

En sus indagatorias, los dos manifestaron ser inocentes y se negaron a responder preguntas, anunciando que presentarían un escrito. Sin embargo, las declaraciones del jefe y subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano complicaron su situación procesal: según esos testimonios, incorporados a la causa, Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años. Boveri, por su parte, admitió haber administrado sustancias anestésicas a la residente en tres o cuatro oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que había sido ella quien sustrajo los medicamentos.

La jueza a cargo es Javier Sánchez Sarmiento, quien intenta reconstruir el recorrido de los fármacos sustraídos para establecer las responsabilidades penales.

Las «Propo fest»: versiones extraoficiales de un circuito clandestino

En paralelo a la investigación formal, circularon audios de WhatsApp y mensajes en chats de profesionales de la salud que describían la existencia de reuniones privadas denominadas «Propo fest» o «Fiesta del propofol», según reveló Infobae. Se trataría, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de encuentros donde se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos, pagados en dólares.

Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros había personas encargadas de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, una depresión respiratoria que, sin intervención inmediata, puede resultar fatal. También se mencionó el uso de bombas de infusión para regular las dosis, herramientas que solo están disponibles en entornos hospitalarios. Otra línea apunta a la oferta de «viajes controlados»: experiencias pagas bajo supervisión médica informal.

Que Zalazar habría participado en alguno de esos encuentros es una versión que circuló en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial hasta el momento. Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, según indicaron fuentes de la causa consultadas por este medio.

La segunda muerte: el enfermero de Entre Ríos

En las últimas horas previas al cierre de esta nota, una segunda muerte sumó una nueva dimensión al caso. Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años oriundo de Gualeguaychú que había llegado recientemente a Buenos Aires en busca de trabajo, fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, también en Palermo, tras varios días sin contacto con su familia.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos lo encontraron sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. En el lugar se secuestraron más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol, fentanilo, lidocaína, midazolam, diazepam, clonazepam, adrenalina y cloruro de potasio, además de jeringas, guantes de látex y teléfonos celulares. El cuerpo presentaba marcas de pinchazos en los brazos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Los investigadores buscan determinar si Bentancourt se encontraba solo al momento de su fallecimiento y si existe conexión con la causa del Hospital Italiano.

Propofol y fentanilo: qué son y por qué su uso indebido puede ser letal

El propofol es un inductor anestésico de acción rápida utilizado en procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. Debe ser administrado exclusivamente por anestesiólogos o profesionales entrenados, ya que su potencia y sus riesgos respiratorios hacen que cualquier sobredosis pueda derivar en apnea y muerte.

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia empleado para inducir y mantener la sedación y la analgesia durante cirugías. Al igual que el propofol, su administración fuera del entorno hospitalario puede generar adicción y depresión respiratoria severa. Sin ventilación asistida inmediata, una sobredosis de cualquiera de estas dos sustancias resulta fatal.

La causa expone, más allá de las versiones sobre reuniones clandestinas, una falla estructural grave en los controles del sistema de salud: la salida de medicamentos controlados de alta complejidad desde un hospital de referencia nacional sin que los mecanismos internos lo detectaran a tiempo.

Puntos clave:

  • Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 29 años del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en Palermo por sobredosis de propofol y remifentanilo, con insumos del Hospital Italiano en su domicilio.
  • Hernán Boveri y Delfina Lanusse, profesionales del Hospital Italiano, fueron imputados por hurto calificado de anestésicos y permanecen en libertad con prohibición de salida del país.
  • El 13 de marzo se ejecutaron tres allanamientos con secuestro de material médico controlado, dispositivos electrónicos y ampollas con sedantes quirúrgicos.
  • Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años, fue hallado muerto en Palermo rodeado de más de 50 ampollas de propofol y fentanilo; la causa tramita como muerte dudosa.
  • Circulan versiones extraoficiales no confirmadas judicialmente sobre reuniones clandestinas con anestésicos de quirófano; los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Investigación 🔎

Repudio unánime a la carpa VIP: $20.477 millones en contratos directos para un puñado de empresas

Una carpa de 30 por 40 metros con climatización, alfombras y catering para invitados especiales, y siete contrataciones directas por $20.477 millones (unos US$ 14 millones) para la misa de León XIV. DF Entertainment concentró el 42,4% del monto, y el repudio llegó desde la política y los medios.

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El Argentino Diario-Carpa Vip en la misa del Papa León XIV en Palermo.
El Papa habló de humildad y el Gobierno armó una carpa con aire acondicionado para los de siempre.

Mientras miles de fieles aguantaron horas al aire libre para ver al papa León XIV, una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos nivelados, alfombras y servicio gastronómico esperaba a los invitados especiales. Esa postal, difundida por los propios invitados en redes sociales, terminó de encender un escándalo que ya tenía números propios: siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75, unos US$ 14 millones al tipo de cambio implícito utilizado para esa estimación.

La cifra surge de una investigación de un medio local sobre la organización de la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. El trabajo reconstruyó contratos de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios. Atribuyó la responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete y señaló a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como la funcionaria interviniente en la adjudicación principal.

Siete procedimientos, ocho adjudicaciones y tres empresas con el 80%

La mayor adjudicación fue para DF Entertainment S.A., con $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes (procedimiento 79-0012-CDI26). Ese contrato por sí solo representa el 42,4% del total informado. La distribución publicada fue la siguiente:

  • DF Entertainment S.A.: $8.690.000.000
  • Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000
  • Recordvision S.A. (MediaHub): $3.090.000.000
  • PRG Argentina SRL: $1.979.345.158
  • Fidias Energía SRL: $1.736.000.000
  • VMG Video Tech S.A.: $225.000.000
  • Alfombra Mágica SRL: $128.080.000
  • Tetramon: $81.209.506,75

Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2% y Recordvision el 15,1%. Entre las tres firmas se quedaron con cerca del 80% de lo adjudicado.

Una carpa con aire, alfombras y mil detalles

Según el pliego de la contratación con DF Entertainment, los sectores reservados debían incluir una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario. También se previeron 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo. Se habló además de un dispositivo de acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, una cifra que no equivale a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad de personas que efectivamente la usaron.

Contratación por urgencia a casi tres meses de la confirmación

El mecanismo fue la contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto, pero los procedimientos recién se tramitaron a mediados de octubre. Esa secuencia abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.

Los Menem en el radar y lo que todavía no se probó

La investigación vinculó a TechSecurity, empresa de seguridad, con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma de limpieza, con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados. Sostuvo que ambas participaron de los servicios del operativo. Sin embargo, no se informaron montos adjudicados ni procedimientos administrativos a nombre de esas dos empresas, por lo que su eventual participación contractual no puede sumarse a los $20.477 millones. Los vínculos societarios y el alcance de esos servicios requieren documentación adicional.

Tampoco está acreditado que el responsable político de la Jefatura de Gabinete haya firmado personalmente cada contratación. La conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento, la firma de una adjudicación y la conformidad con la prestación son intervenciones distintas, y solo los expedientes completos permitirán establecer quién respondió por cada una.

El repudio: de la Justicia a los micrófonos

La diputada nacional Marcela Pagano adelantó que el tema irá a la Justicia. “Ellos deberán explicar en la Justicia por qué tuvieron que utilizar los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering”, dijo en Radio Rivadavia. Para la legisladora, la carpa no estuvo de más, sino que fue pensada para que estén cómodos “los grupos de los amigos, los de siempre”. Pagano aseguró que se contrató el mismo catering que se usó en los casamientos de Mauricio Macri y de Luis Caputo, y el que se utilizó cuando visitó el país Barack Obama: “No me vengan a hacer creer que eran medialunas nada más porque en los videos se puede ver más que eso”.

El conductor Gonzalo Rodríguez, de Rock and Pop, habló de “vergüenza ajena” en su programa. “No eran las medialunas, ni las personas que estaban adentro, es lo que representa, esa necesidad permanente de sentirnos un poquito más importantes que los demás”, sostuvo. Describió una “pequeña isla de privilegiados, una carpa, una pulserita, un lugar reservado” frente a miles de personas que hicieron horas de cola bajo el sol, y cuestionó la “Argentina del atajo, la de la cintita, el contacto, el QR”.

El conductor Ari Paluch fue más lejos en un video en sus redes sociales: calificó al sector como “la carpa suntuosa, superficial, que banaliza el mensaje del Papa, de la justicia social, de la igualdad, de pensar en los que menos tienen”. Sostuvo que los VIP deberían haber sido “algún policía heroico, algún bombero que se jugó la vida en un incendio, algún maestro rural”, y cuestionó que los invitados publicaran sus experiencias. “Este ha sido un papelón enorme”, sentenció, y recordó que no hubo licitación y que se decidió de forma directa convocar a DF Entertainment. Cerró con una frase que resume el ánimo de las críticas: “la carpa del horror”.

Las ironías de una misa con jerarquías

El empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, explicó que aceptaron la invitación al sector VIP con emoción: “Es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”. Contó que llegaron a las siete y media de la mañana y que esperaron unas tres horas al sol antes de la ceremonia. La ironía es que hasta el testimonio de un invitado confirma que el sol pegó para todos, aunque no todos tuvieron aire acondicionado. Gravier agregó que había mucha gente conocida, entre ellos integrantes del Gobierno, ministros, diputados y sacerdotes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció después que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera al sector como un lujo descomunal. Un reconocimiento a medias para un episodio que sus propios organizadores admiten que se les fue de las manos.

El contraste se completa con el Pequeño Cottolengo Don Orione, institución por la que el pontífice expresó preocupación y que, según se informó, obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas. Son obligaciones de naturaleza diferente, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento sobre las prioridades del gasto público: US$ 14 millones para organizar la misa y un embargo judicial por deudas con una institución a la que el propio Papa mencionó.

Lo que sigue abierto

Falta establecer qué funcionarios autorizaron cada erogación, qué controles se aplicaron, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del total correspondió a los servicios exclusivos. Los expedientes completos dirán si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos exigidos y quién responde por cada una. Mientras tanto, el reclamo político ya anticipa que la discusión no se agota en las medialunas.

Lo que tenés que saber:

  • Se identificaron siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75 (unos US$ 14 millones) para la misa del Papa.
  • DF Entertainment recibió $8.690 millones, el 42,4% del total; con otras dos firmas reúne cerca del 80%.
  • La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto y los procedimientos se tramitaron a mediados de octubre, por compulsa abreviada por urgencia.
  • Pagano, Gonzalo Rodríguez y Ari Paluch repudiaron la carpa VIP; Pagano afirmó que los responsables deberán explicarlo en la Justicia.
  • No se informaron montos ni procedimientos de TechSecurity y Purgato, firmas vinculadas por la investigación con la familia Menem.
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