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El caso Propofest: cómo un fallo en los controles del sistema de salud derivó en dos muertes

Dos muertes bajo circunstancias similares, anestésicos robados de una institución de referencia nacional y versiones extraoficiales sobre reuniones privadas con fármacos de quirófano. La investigación judicial avanza con dos imputados en libertad y una pregunta central todavía sin respuesta: ¿cuán profundo llega el entramado?

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★ Lo que empezó como un hallazgo policial en un departamento de Palermo el 20 de febrero pasado derivó en una de las causas más perturbadoras que sacuden al sistema de salud porteño en los últimos años. Con dos muertos, dos imputados en libertad, allanamientos con material incautado y versiones no confirmadas sobre un circuito clandestino de «viajes controlados» con anestésicos de uso quirúrgico, la Justicia intenta reconstruir una trama que podría ser mucho más amplia de lo que aparenta.

La primera muerte: el anestesista de Palermo

El 20 de febrero, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a un departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo, tras una denuncia de los familiares de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años que cumplía funciones en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que había realizado su residencia en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Al ingresar, lo encontraron sin vida.

No había indicios de violencia ni intervención de terceros. Lo que sí llamó la atención fue lo que rodeaba el cuerpo: elementos descartables para administración intravenosa y una vía conectada en uno de sus pies. La autopsia determinó que Zalazar murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

La investigación cobró un nuevo rumbo cuando el análisis de trazabilidad del instrumental y los medicamentos hallados en el domicilio estableció que parte de los insumos pertenecía al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que Zalazar no trabajaba. El hospital presentó entonces una denuncia formal por el faltante de insumos quirúrgicos, detectado a partir de filmaciones de vigilancia interna, según confirmaron fuentes judiciales.

El Hospital Italiano bajo la lupa

A partir de ese hallazgo, la investigación se trasladó hacia el interior de la reconocida institución privada de Almagro. Dos profesionales del área de Anestesiología quedaron identificados como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: Hernán Boveri, médico anestesiólogo que ocupaba un cargo de jerarquía en esa área, y Delfina Lanusse, residente de tercer año.

Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa. Lanusse fue apartada con licencia forzosa. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado, aunque el área de prensa de la institución no respondió los pedidos de información periodística durante los primeros días del escándalo.

El 13 de marzo, la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad ejecutó tres allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido de Tigre, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio. En uno de los domicilios se secuestraron pendrives, tablets, celulares y notebooks. En otro se halló una caja con tubos de anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, elementos que habrían pertenecido al Hospital Italiano.

También se realizó un allanamiento en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, aunque los resultados de ese operativo no fueron informados públicamente.

Los imputados: declararon inocentes y no respondieron preguntas

Boveri y Lanusse fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la causa, bajo la figura de hurto calificado de medicamentos. Ambos se encuentran en libertad; solo se les prohibió salir del país.

En sus indagatorias, los dos manifestaron ser inocentes y se negaron a responder preguntas, anunciando que presentarían un escrito. Sin embargo, las declaraciones del jefe y subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano complicaron su situación procesal: según esos testimonios, incorporados a la causa, Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años. Boveri, por su parte, admitió haber administrado sustancias anestésicas a la residente en tres o cuatro oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que había sido ella quien sustrajo los medicamentos.

La jueza a cargo es Javier Sánchez Sarmiento, quien intenta reconstruir el recorrido de los fármacos sustraídos para establecer las responsabilidades penales.

Las «Propo fest»: versiones extraoficiales de un circuito clandestino

En paralelo a la investigación formal, circularon audios de WhatsApp y mensajes en chats de profesionales de la salud que describían la existencia de reuniones privadas denominadas «Propo fest» o «Fiesta del propofol», según reveló Infobae. Se trataría, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de encuentros donde se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos, pagados en dólares.

Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros había personas encargadas de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, una depresión respiratoria que, sin intervención inmediata, puede resultar fatal. También se mencionó el uso de bombas de infusión para regular las dosis, herramientas que solo están disponibles en entornos hospitalarios. Otra línea apunta a la oferta de «viajes controlados»: experiencias pagas bajo supervisión médica informal.

Que Zalazar habría participado en alguno de esos encuentros es una versión que circuló en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial hasta el momento. Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, según indicaron fuentes de la causa consultadas por este medio.

La segunda muerte: el enfermero de Entre Ríos

En las últimas horas previas al cierre de esta nota, una segunda muerte sumó una nueva dimensión al caso. Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años oriundo de Gualeguaychú que había llegado recientemente a Buenos Aires en busca de trabajo, fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, también en Palermo, tras varios días sin contacto con su familia.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos lo encontraron sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. En el lugar se secuestraron más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol, fentanilo, lidocaína, midazolam, diazepam, clonazepam, adrenalina y cloruro de potasio, además de jeringas, guantes de látex y teléfonos celulares. El cuerpo presentaba marcas de pinchazos en los brazos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Los investigadores buscan determinar si Bentancourt se encontraba solo al momento de su fallecimiento y si existe conexión con la causa del Hospital Italiano.

Propofol y fentanilo: qué son y por qué su uso indebido puede ser letal

El propofol es un inductor anestésico de acción rápida utilizado en procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. Debe ser administrado exclusivamente por anestesiólogos o profesionales entrenados, ya que su potencia y sus riesgos respiratorios hacen que cualquier sobredosis pueda derivar en apnea y muerte.

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia empleado para inducir y mantener la sedación y la analgesia durante cirugías. Al igual que el propofol, su administración fuera del entorno hospitalario puede generar adicción y depresión respiratoria severa. Sin ventilación asistida inmediata, una sobredosis de cualquiera de estas dos sustancias resulta fatal.

La causa expone, más allá de las versiones sobre reuniones clandestinas, una falla estructural grave en los controles del sistema de salud: la salida de medicamentos controlados de alta complejidad desde un hospital de referencia nacional sin que los mecanismos internos lo detectaran a tiempo.

Puntos clave:

  • Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 29 años del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en Palermo por sobredosis de propofol y remifentanilo, con insumos del Hospital Italiano en su domicilio.
  • Hernán Boveri y Delfina Lanusse, profesionales del Hospital Italiano, fueron imputados por hurto calificado de anestésicos y permanecen en libertad con prohibición de salida del país.
  • El 13 de marzo se ejecutaron tres allanamientos con secuestro de material médico controlado, dispositivos electrónicos y ampollas con sedantes quirúrgicos.
  • Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años, fue hallado muerto en Palermo rodeado de más de 50 ampollas de propofol y fentanilo; la causa tramita como muerte dudosa.
  • Circulan versiones extraoficiales no confirmadas judicialmente sobre reuniones clandestinas con anestésicos de quirófano; los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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