Investigación 🔎
El caso Propofest: cómo un fallo en los controles del sistema de salud derivó en dos muertes
Dos muertes bajo circunstancias similares, anestésicos robados de una institución de referencia nacional y versiones extraoficiales sobre reuniones privadas con fármacos de quirófano. La investigación judicial avanza con dos imputados en libertad y una pregunta central todavía sin respuesta: ¿cuán profundo llega el entramado?
★ Lo que empezó como un hallazgo policial en un departamento de Palermo el 20 de febrero pasado derivó en una de las causas más perturbadoras que sacuden al sistema de salud porteño en los últimos años. Con dos muertos, dos imputados en libertad, allanamientos con material incautado y versiones no confirmadas sobre un circuito clandestino de «viajes controlados» con anestésicos de uso quirúrgico, la Justicia intenta reconstruir una trama que podría ser mucho más amplia de lo que aparenta.
La primera muerte: el anestesista de Palermo
El 20 de febrero, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a un departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo, tras una denuncia de los familiares de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años que cumplía funciones en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que había realizado su residencia en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Al ingresar, lo encontraron sin vida.
No había indicios de violencia ni intervención de terceros. Lo que sí llamó la atención fue lo que rodeaba el cuerpo: elementos descartables para administración intravenosa y una vía conectada en uno de sus pies. La autopsia determinó que Zalazar murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.
La investigación cobró un nuevo rumbo cuando el análisis de trazabilidad del instrumental y los medicamentos hallados en el domicilio estableció que parte de los insumos pertenecía al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que Zalazar no trabajaba. El hospital presentó entonces una denuncia formal por el faltante de insumos quirúrgicos, detectado a partir de filmaciones de vigilancia interna, según confirmaron fuentes judiciales.
El Hospital Italiano bajo la lupa
A partir de ese hallazgo, la investigación se trasladó hacia el interior de la reconocida institución privada de Almagro. Dos profesionales del área de Anestesiología quedaron identificados como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: Hernán Boveri, médico anestesiólogo que ocupaba un cargo de jerarquía en esa área, y Delfina Lanusse, residente de tercer año.
Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa. Lanusse fue apartada con licencia forzosa. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado, aunque el área de prensa de la institución no respondió los pedidos de información periodística durante los primeros días del escándalo.
El 13 de marzo, la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad ejecutó tres allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido de Tigre, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio. En uno de los domicilios se secuestraron pendrives, tablets, celulares y notebooks. En otro se halló una caja con tubos de anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, elementos que habrían pertenecido al Hospital Italiano.
También se realizó un allanamiento en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, aunque los resultados de ese operativo no fueron informados públicamente.
Los imputados: declararon inocentes y no respondieron preguntas
Boveri y Lanusse fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la causa, bajo la figura de hurto calificado de medicamentos. Ambos se encuentran en libertad; solo se les prohibió salir del país.
En sus indagatorias, los dos manifestaron ser inocentes y se negaron a responder preguntas, anunciando que presentarían un escrito. Sin embargo, las declaraciones del jefe y subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano complicaron su situación procesal: según esos testimonios, incorporados a la causa, Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años. Boveri, por su parte, admitió haber administrado sustancias anestésicas a la residente en tres o cuatro oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que había sido ella quien sustrajo los medicamentos.
La jueza a cargo es Javier Sánchez Sarmiento, quien intenta reconstruir el recorrido de los fármacos sustraídos para establecer las responsabilidades penales.
Las «Propo fest»: versiones extraoficiales de un circuito clandestino
En paralelo a la investigación formal, circularon audios de WhatsApp y mensajes en chats de profesionales de la salud que describían la existencia de reuniones privadas denominadas «Propo fest» o «Fiesta del propofol», según reveló Infobae. Se trataría, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de encuentros donde se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos, pagados en dólares.
Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros había personas encargadas de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, una depresión respiratoria que, sin intervención inmediata, puede resultar fatal. También se mencionó el uso de bombas de infusión para regular las dosis, herramientas que solo están disponibles en entornos hospitalarios. Otra línea apunta a la oferta de «viajes controlados»: experiencias pagas bajo supervisión médica informal.
Que Zalazar habría participado en alguno de esos encuentros es una versión que circuló en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial hasta el momento. Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, según indicaron fuentes de la causa consultadas por este medio.
La segunda muerte: el enfermero de Entre Ríos
En las últimas horas previas al cierre de esta nota, una segunda muerte sumó una nueva dimensión al caso. Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años oriundo de Gualeguaychú que había llegado recientemente a Buenos Aires en busca de trabajo, fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, también en Palermo, tras varios días sin contacto con su familia.
Al ingresar a la vivienda, los efectivos lo encontraron sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. En el lugar se secuestraron más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol, fentanilo, lidocaína, midazolam, diazepam, clonazepam, adrenalina y cloruro de potasio, además de jeringas, guantes de látex y teléfonos celulares. El cuerpo presentaba marcas de pinchazos en los brazos.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Los investigadores buscan determinar si Bentancourt se encontraba solo al momento de su fallecimiento y si existe conexión con la causa del Hospital Italiano.
Propofol y fentanilo: qué son y por qué su uso indebido puede ser letal
El propofol es un inductor anestésico de acción rápida utilizado en procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. Debe ser administrado exclusivamente por anestesiólogos o profesionales entrenados, ya que su potencia y sus riesgos respiratorios hacen que cualquier sobredosis pueda derivar en apnea y muerte.
El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia empleado para inducir y mantener la sedación y la analgesia durante cirugías. Al igual que el propofol, su administración fuera del entorno hospitalario puede generar adicción y depresión respiratoria severa. Sin ventilación asistida inmediata, una sobredosis de cualquiera de estas dos sustancias resulta fatal.
La causa expone, más allá de las versiones sobre reuniones clandestinas, una falla estructural grave en los controles del sistema de salud: la salida de medicamentos controlados de alta complejidad desde un hospital de referencia nacional sin que los mecanismos internos lo detectaran a tiempo.
Puntos clave:
- Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 29 años del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en Palermo por sobredosis de propofol y remifentanilo, con insumos del Hospital Italiano en su domicilio.
- Hernán Boveri y Delfina Lanusse, profesionales del Hospital Italiano, fueron imputados por hurto calificado de anestésicos y permanecen en libertad con prohibición de salida del país.
- El 13 de marzo se ejecutaron tres allanamientos con secuestro de material médico controlado, dispositivos electrónicos y ampollas con sedantes quirúrgicos.
- Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años, fue hallado muerto en Palermo rodeado de más de 50 ampollas de propofol y fentanilo; la causa tramita como muerte dudosa.
- Circulan versiones extraoficiales no confirmadas judicialmente sobre reuniones clandestinas con anestésicos de quirófano; los investigadores no descartan ninguna hipótesis.
Investigación 🔎
La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación
La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.
Sin legitimación para querellarse
Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.
Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.
La defensa de los Kovalivker, también sin éxito
El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.
Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.
La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto
El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.
En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.
Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga
El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.
La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
- También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
- Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
- La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
- La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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