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El caso Propofest: cómo un fallo en los controles del sistema de salud derivó en dos muertes

Dos muertes bajo circunstancias similares, anestésicos robados de una institución de referencia nacional y versiones extraoficiales sobre reuniones privadas con fármacos de quirófano. La investigación judicial avanza con dos imputados en libertad y una pregunta central todavía sin respuesta: ¿cuán profundo llega el entramado?

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★ Lo que empezó como un hallazgo policial en un departamento de Palermo el 20 de febrero pasado derivó en una de las causas más perturbadoras que sacuden al sistema de salud porteño en los últimos años. Con dos muertos, dos imputados en libertad, allanamientos con material incautado y versiones no confirmadas sobre un circuito clandestino de «viajes controlados» con anestésicos de uso quirúrgico, la Justicia intenta reconstruir una trama que podría ser mucho más amplia de lo que aparenta.

La primera muerte: el anestesista de Palermo

El 20 de febrero, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a un departamento de la calle Juncal al 4600, en Palermo, tras una denuncia de los familiares de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años que cumplía funciones en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que había realizado su residencia en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Al ingresar, lo encontraron sin vida.

No había indicios de violencia ni intervención de terceros. Lo que sí llamó la atención fue lo que rodeaba el cuerpo: elementos descartables para administración intravenosa y una vía conectada en uno de sus pies. La autopsia determinó que Zalazar murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

La investigación cobró un nuevo rumbo cuando el análisis de trazabilidad del instrumental y los medicamentos hallados en el domicilio estableció que parte de los insumos pertenecía al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución en la que Zalazar no trabajaba. El hospital presentó entonces una denuncia formal por el faltante de insumos quirúrgicos, detectado a partir de filmaciones de vigilancia interna, según confirmaron fuentes judiciales.

El Hospital Italiano bajo la lupa

A partir de ese hallazgo, la investigación se trasladó hacia el interior de la reconocida institución privada de Almagro. Dos profesionales del área de Anestesiología quedaron identificados como presuntos responsables del retiro y distribución de las sustancias: Hernán Boveri, médico anestesiólogo que ocupaba un cargo de jerarquía en esa área, y Delfina Lanusse, residente de tercer año.

Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa. Lanusse fue apartada con licencia forzosa. El Hospital Italiano abrió un sumario interno para determinar cómo salieron del establecimiento fármacos de uso controlado, aunque el área de prensa de la institución no respondió los pedidos de información periodística durante los primeros días del escándalo.

El 13 de marzo, la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad ejecutó tres allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido de Tigre, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio. En uno de los domicilios se secuestraron pendrives, tablets, celulares y notebooks. En otro se halló una caja con tubos de anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, elementos que habrían pertenecido al Hospital Italiano.

También se realizó un allanamiento en la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, aunque los resultados de ese operativo no fueron informados públicamente.

Los imputados: declararon inocentes y no respondieron preguntas

Boveri y Lanusse fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la causa, bajo la figura de hurto calificado de medicamentos. Ambos se encuentran en libertad; solo se les prohibió salir del país.

En sus indagatorias, los dos manifestaron ser inocentes y se negaron a responder preguntas, anunciando que presentarían un escrito. Sin embargo, las declaraciones del jefe y subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano complicaron su situación procesal: según esos testimonios, incorporados a la causa, Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años. Boveri, por su parte, admitió haber administrado sustancias anestésicas a la residente en tres o cuatro oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que había sido ella quien sustrajo los medicamentos.

La jueza a cargo es Javier Sánchez Sarmiento, quien intenta reconstruir el recorrido de los fármacos sustraídos para establecer las responsabilidades penales.

Las «Propo fest»: versiones extraoficiales de un circuito clandestino

En paralelo a la investigación formal, circularon audios de WhatsApp y mensajes en chats de profesionales de la salud que describían la existencia de reuniones privadas denominadas «Propo fest» o «Fiesta del propofol», según reveló Infobae. Se trataría, de acuerdo a esos testimonios no validados judicialmente, de encuentros donde se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos, pagados en dólares.

Según esas versiones extraoficiales, en algunos de esos encuentros había personas encargadas de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, una depresión respiratoria que, sin intervención inmediata, puede resultar fatal. También se mencionó el uso de bombas de infusión para regular las dosis, herramientas que solo están disponibles en entornos hospitalarios. Otra línea apunta a la oferta de «viajes controlados»: experiencias pagas bajo supervisión médica informal.

Que Zalazar habría participado en alguno de esos encuentros es una versión que circuló en el ambiente médico, pero no cuenta con validación judicial hasta el momento. Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, según indicaron fuentes de la causa consultadas por este medio.

La segunda muerte: el enfermero de Entre Ríos

En las últimas horas previas al cierre de esta nota, una segunda muerte sumó una nueva dimensión al caso. Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años oriundo de Gualeguaychú que había llegado recientemente a Buenos Aires en busca de trabajo, fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, también en Palermo, tras varios días sin contacto con su familia.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos lo encontraron sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. En el lugar se secuestraron más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol, fentanilo, lidocaína, midazolam, diazepam, clonazepam, adrenalina y cloruro de potasio, además de jeringas, guantes de látex y teléfonos celulares. El cuerpo presentaba marcas de pinchazos en los brazos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, bajo la figura de averiguación de muerte dudosa. Los investigadores buscan determinar si Bentancourt se encontraba solo al momento de su fallecimiento y si existe conexión con la causa del Hospital Italiano.

Propofol y fentanilo: qué son y por qué su uso indebido puede ser letal

El propofol es un inductor anestésico de acción rápida utilizado en procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. Debe ser administrado exclusivamente por anestesiólogos o profesionales entrenados, ya que su potencia y sus riesgos respiratorios hacen que cualquier sobredosis pueda derivar en apnea y muerte.

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia empleado para inducir y mantener la sedación y la analgesia durante cirugías. Al igual que el propofol, su administración fuera del entorno hospitalario puede generar adicción y depresión respiratoria severa. Sin ventilación asistida inmediata, una sobredosis de cualquiera de estas dos sustancias resulta fatal.

La causa expone, más allá de las versiones sobre reuniones clandestinas, una falla estructural grave en los controles del sistema de salud: la salida de medicamentos controlados de alta complejidad desde un hospital de referencia nacional sin que los mecanismos internos lo detectaran a tiempo.

Puntos clave:

  • Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 29 años del Hospital Gutiérrez, murió el 20 de febrero en Palermo por sobredosis de propofol y remifentanilo, con insumos del Hospital Italiano en su domicilio.
  • Hernán Boveri y Delfina Lanusse, profesionales del Hospital Italiano, fueron imputados por hurto calificado de anestésicos y permanecen en libertad con prohibición de salida del país.
  • El 13 de marzo se ejecutaron tres allanamientos con secuestro de material médico controlado, dispositivos electrónicos y ampollas con sedantes quirúrgicos.
  • Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años, fue hallado muerto en Palermo rodeado de más de 50 ampollas de propofol y fentanilo; la causa tramita como muerte dudosa.
  • Circulan versiones extraoficiales no confirmadas judicialmente sobre reuniones clandestinas con anestésicos de quirófano; los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Investigación 🔎

Del 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS

El juez Ariel Lijo extendió el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de su número dos y de una veintena de empresarios a las compras de insumos ortopédicos. La resolución describe una organización delictiva que operó dentro y fuera del organismo con fondos destinados a personas con discapacidad.

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Sillas de ruedas, andadores, implantes auditivos, prótesis para personas amputadas. Esos fueron los insumos sobre los que, según la Justicia federal, se montó un circuito de compras direccionadas, sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diferencia de precios detectada hasta ahora ya supera los 7.833 millones de pesos, y la propia resolución aclara que se trata de una cifra provisoria y parcial.

El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei, y contra quien fuera su segundo, Daniel Garbellini. La medida alcanza también a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un amplio grupo de empresarios proveedores del organismo. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que ya avanza sobre una nueva etapa de la investigación.

De los medicamentos a los insumos: la misma estructura

Todos los imputados ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por las maniobras en la compra de medicamentos, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal. La nueva resolución extiende esa imputación a las contrataciones del rubro insumos, al considerarlas parte de la misma estructura delictiva.

Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, el juez también tuvo por probados hechos de lavado de activos agravado, vinculados con la canalización y circulación del dinero obtenido mediante las maniobras.

La investigación examinó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Es decir, prestaciones básicas para una población que depende del Estado para acceder a ellas.

Los empresarios y los engranajes internos

Entre los procesados figuran Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.) y Patricio Oscar Acosta, vinculado entre otras firmas con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.

Dentro del organismo, la decisión alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, señalados por haber cumplido funciones clave en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.

En otro tramo, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de los circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita, mientras que otras 11 personas indagadas recibieron falta de mérito, con la indicación de profundizar la investigación sobre ellas.

«No se trató de irregularidades aisladas»

A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en operaciones de insumos. Sumadas a los 5.984.594.394,24 pesos detectados previamente en medicamentos, la cuantificación conjunta llega a 7.833.872.357,24 pesos.

La resolución es contundente sobre la naturaleza del esquema: «El conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo (principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas), operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos».

Sobre el funcionamiento, el fallo describe «la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación», con «selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas». Y concluye que, a través de ese mecanismo, se generaron «beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización». Para el juzgado, la reiteración de las prácticas demuestra que no hubo errores administrativos, sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.

La reconstrucción se apoya en lo ya resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar las contrataciones del sistema SIIPFIS sostuvo que «fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos», y que los vínculos entre funcionarios, operadores y proveedores «no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes».

Los audios que el Gobierno quiso enterrar

La causa nació en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que una voz afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía un 3% de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, y mencionaba también a Eduardo «Lule» Menem. El Gobierno echó a Spagnuolo, intervino la ANDIS y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni atribuyó el escándalo a una «manipulación política de la oposición en un año electoral». Milei calificó todo lo dicho por su ex amigo como «mentira» y luego llegó a hablar de «inteligencia artificial».

Más de un año después, la Justicia confirma, resolución tras resolución, que el sistema de retornos que describían esas grabaciones tenía un correlato concreto en las compras del Estado. La investigación, que inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, quedó luego bajo la órbita de Lijo, el magistrado que el propio Milei propuso para integrar la Corte Suprema. En septiembre, el abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia original, pidió ante ese juzgado la detención de Spagnuolo.

Mientras tanto, el mismo Gobierno que recortó prestaciones y pensiones por discapacidad en nombre del equilibrio fiscal sigue sin dar explicaciones sobre cómo funcionó, bajo su gestión, una estructura que convirtió las necesidades de las personas con discapacidad en un negocio para funcionarios y proveedores amigos.

Lo que tenés que saber:

  • El juez Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y una veintena de empresarios por la compra de insumos en la ANDIS.
  • Se les imputa asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada; en algunos casos, también lavado de activos agravado.
  • Las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos suman $7.833.872.357,24, una cifra provisoria y parcial.
  • Las compras investigadas abarcan sillas y andadores, implantes auditivos, insumos para amputaciones, cardio, neuro y traumatología.
  • El fiscal Franco Picardi avanza en una nueva etapa de la causa, mientras 11 indagados recibieron falta de mérito.

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