★ Lo que comenzó como una imputación por presunto enriquecimiento ilícito se convirtió en un expediente judicial que crece semana a semana, incorporando nuevas aristas que el Gobierno de Javier Milei prefiere no comentar. Manuel Adorni, el hombre que pasó de tuitero a vocero presidencial y jefe de Gabinete, y que se perfila o perfilaba como candidato en las elecciones porteñas del año próximo, enfrenta una causa que examina con creciente detalle un entramado de propiedades no declaradas, hipotecas de origen opaco, vuelos privados facturados a terceros y movimientos migratorios que desmienten sus versiones públicas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, formalizó la imputación de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito el 27 de marzo de 2026, y solicitó doce medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. La causa tramita ante el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°4.

El departamento de Caballito: precio subvaluado, prestamistas desconocidas

El epicentro de la investigación es un departamento de casi 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito, adquirido por Adorni en noviembre de 2025 por un monto declarado de USD 230.000. Según trascendió, las vendedoras, Beatriz Viega (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), no solo transfirieron la propiedad sino que aportaron USD 100.000 cada una en concepto de préstamo hipotecario, mientras que el propio funcionario habría desembolsado apenas USD 30.000 de su bolsillo.

El problema es doble. Por un lado, el valor de mercado de esa zona de la Ciudad difícilmente baja de los USD 3.000 por metro cuadrado, lo que implica que la propiedad debería cotizar en torno a los USD 500.000, es decir, más del doble del precio escriturado.

Por otro lado, el perfil de las «prestamistas» genera interrogantes que la fiscalía intenta responder: Sbabo figura en los registros como empleada de una editorial y, un mes después de comprar el inmueble al exjugador de fútbol Hugo Alberto Morales (ex Huracán y Lanús) en mayo de 2025, apareció en la nómina del «Pase Cultural», un programa del Gobierno de la Ciudad destinado a jubilados con haberes inferiores a $600.000 mensuales.

Ninguna de las dos mujeres confirmó conocer a Adorni cuando fue consultada. Consultada al respecto, Viega respondió que no lo conocía; en el celular de Sbabo atendió otra persona que tampoco confirmó vínculo alguno con el funcionario. El fiscal evalúa si las citará como testigos o como eventuales imputadas, dado que aún no termina de establecer si desconocen efectivamente al jefe de Gabinete o si sus nombres forman parte de una operatoria más amplia. Pollicita investiga si actuaron como testaferros de un inversor oculto o si la operación busca evadir gravámenes y disimular el origen real de los fondos.

Los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano ampliaron la denuncia y señalaron que la escritura tampoco aclara el costo financiero del préstamo, la tasa de interés ni el plazo de devolución, en una operatoria en la que Adorni debió firmar una declaración jurada de Persona Expuesta Públicamente conforme a la Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La escribana que visitó la Rosada y declarará el 8 de abril

Un nombre aparece en forma recurrente en la ingeniería patrimonial del jefe de Gabinete: la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino tanto en la compra del departamento de Caballito como en la inscripción de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Esta segunda propiedad está registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, y tampoco figura en las declaraciones juradas del funcionario. Los valores de mercado del predio oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000, con expensas mensuales que contrastan con los ingresos formalmente declarados.

Lo que complica la situación es lo que surge de los registros de la ONG Poder Ciudadano, obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública: Nechevenko visitó la Casa Rosada en múltiples oportunidades para reunirse con Adorni cuando era vocero presidencial. La primera visita fue el 30 de julio de 2024, seguida de encuentros en agosto y octubre de ese año. La última visita registrada fue el 26 de diciembre de 2024, cuando Nechevenko llegó incluso antes que el propio Adorni, quien para ese momento ya había comprado la casa en el country. En 2025 registró tres visitas más, en mayo, julio y septiembre.

El fiscal Pollicita citó a Nechevenko para que declare como testigo el 8 de abril, con el objetivo de esclarecer el origen de los fondos y la naturaleza de su vínculo profesional con el matrimonio Adorni-Angeletti.

Un patrimonio que no cierra: tres propiedades sin declarar y una cuarta bajo sospecha

El departamento de Caballito no es la única propiedad que la investigación puso bajo la lupa. Adorni lo adquirió sin desprenderse del inmueble de 115 metros cuadrados donde vivía antes en Parque Chacabuco ni del que declaró en La Plata (107 metros cuadrados). A nombre de su esposa figura también un cuarto inmueble en la calle Bragado al 4700, adquirido al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada Marcela Pagano, que presentó varias ampliaciones de denuncia, también solicitó que se investigue si Adorni es propietario de una casa de grandes dimensiones en San Isidro, que los vecinos le atribuyen y que contaría con consigna permanente de la Policía Federal, aunque este punto aún no fue confirmado.

Ante la consulta periodística sobre los bienes no declarados, Adorni respondió que «lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida», en referencia a la correspondiente al año 2025. La fiscalía, mientras tanto, solicitó las declaraciones juradas con sus anexos reservados ante la Oficina Anticorrupción, donde debería constar la casa del country.

Los vuelos privados y el testigo que denunció hostigamiento

En paralelo a la causa patrimonial, el juzgado del juez Lijo investiga dos vuelos privados a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, facturados a nombre del periodista y conductor Marcelo Grandio y su empresa, Imhouse. Adorni sostuvo públicamente que pagó «su parte», pero esa afirmación no tiene respaldo documental en el expediente. De haberlos pagado, además, debería poder justificar un desembolso aproximado de USD 9.000 entre ida y vuelta.

Dos testimonios clave ya fueron incorporados a la causa: el piloto y broker Agustín Issin Hansen y su secretaria Vanesa Tossi. Ambos confirmaron que Grandio gestionó el viaje y pagó los pasajes. Tossi declaró además que Grandio la presionó para que no hubiera facturación y definió el viaje como una «invitación a una familia». Señaló también que el procedimiento en Migraciones el día del vuelo no fue el habitual, con intervención del jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y una aparente relajación de los controles.

El juez Lijo dictó una prohibición de contacto de Grandio hacia Tossi, luego de que la testigo denunciara haber sido hostigada para modificar su testimonio. El juzgado aguarda documentación adicional, entre ella los contratos de Imhouse con el Estado, una empresa que tendría vínculos con la TV Pública a través de contratos gestionados, según trascendidos periodísticos, por el propio Adorni en su rol de funcionario.

El viaje al Caribe que la Justicia intenta confirmar

El capítulo más reciente de la causa apunta a un presunto viaje a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025. La fiscalía solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir los registros de entradas y salidas del país desde comienzos de 2023 hasta la actualidad, con el objetivo de verificar si ese desplazamiento existió y si contradice declaraciones previas del funcionario.

Adorni había sostenido públicamente que sus únicas vacaciones recientes habían sido un breve viaje a Punta del Este. Sin embargo, los registros migratorios relevados por este medio muestran que su historial de viajes incluye al menos destinos en Perú y Ecuador. La hipótesis de la fiscalía es que el destino final pudo haber sido Aruba mediante escalas o rutas indirectas que no quedaron claramente registradas en los sistemas habituales. Hasta el momento, no existe constancia directa de un vuelo hacia Aruba, aunque la investigación permanece abierta.

También se solicitó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y se requirió información sobre movimientos de personas del entorno cercano del funcionario.

El silencio oficial y la campaña que se complica

La Jefatura de Gabinete no emitió ninguna declaración pública que respondiera en forma específica las revelaciones de las últimas semanas. La estrategia del Gobierno ante el avance de la causa ha sido el silencio institucional, sin perjuicio de los gestos de respaldo político que Adorni recibió de Javier Milei en actos recientes.

Lo que está claro es que el panorama judicial se acumula con rapidez. Una escribana que declarará ante la Justicia, prestamistas de identidad difusa, vuelos sin respaldo de pago, registros migratorios que no cierran con los dichos públicos y al menos tres propiedades ausentes de las declaraciones juradas conforman un expediente que, a medida que avanza la campaña electoral porteña, pone en cuestión no solo la situación patrimonial de Adorni sino también la credibilidad del gobierno que representa.

Puntos clave

• El fiscal Pollicita imputó a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito el 27 de marzo de 2026 y solicitó doce medidas de prueba; la causa tramita ante el juez Ariel Lijo.
• El departamento de Caballito fue adquirido en USD 230.000 cuando el valor de mercado de la zona supera los USD 500.000; las vendedoras aportaron USD 200.000 de los USD 230.000 como préstamo hipotecario y ninguna confirmó conocer a Adorni.
• La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en la compra del departamento y en la casa del country Indio Cua, fue citada a declarar ante la fiscalía para el 8 de abril; registros de Poder Ciudadano muestran que visitó la Casa Rosada en múltiples ocasiones para reunirse con Adorni antes de ambas operaciones.
• En la causa por los vuelos a Punta del Este, dos testimonios confirmaron que Marcelo Grandio gestionó y pagó los pasajes; el juez Lijo dictó una prohibición de contacto de Grandio hacia la testigo Vanesa Tossi, quien denunció haber sido hostigada.
• La fiscalía investiga un presunto viaje a Aruba que no habría sido informado públicamente; los registros migratorios incluyen destinos en Perú y Ecuador que tampoco coinciden con las declaraciones del funcionario.