Actualidad
Jubilados: entre la represión y un bono de 70 mil pesos
El aumento llega luego de la brutalidad policial sufrida en la puerta del Congreso y el veto de Milei a la reforma jubilatoria.
El Gobierno nacional fijó un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados por un monto máximo de hasta 70.000 pesos que se abonará en el mes de septiembre de 2024.
La decisión llega después del veto del presidente a la reforma de actualización jubilatoria que se votó en el Congreso. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
¿Quiénes cobrarán el bono?
Según lo fijado en el decreto serán beneficiarias de este bono las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias; los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo ANSES.
Además se dispone que para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, también serán alcanzadas por el bono.
El decreto establece que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono. Es decir cobrará la diferencia.
El bono tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.
AMBA
Operativo Tormenta Negra en CABA: 1.500 policías, 11 allanamientos y 4 búnkeres narco
En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de **Javier Milei**, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera el narcotrafico en los barrios.
Blindados, helicópteros y cuatro búnkeres: el narcotráfico sigue en pie en los barrios que el Estado abandona
El megaoperativo antinarco desplegado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires intervino simultáneamente en seis barrios vulnerables. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, monitoreó el procedimiento desde Villa Lugano en un contexto de creciente conflictividad social y precariedad estatal en los territorios.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el denominado Operativo Tormenta Negra, un procedimiento antinarco de gran escala que movilizó a 1.500 efectivos y desplegó 11 allanamientos simultáneos en distintos barrios populares de la Capital Federal. La acción permitió identificar al menos cuatro búnkeres de venta de drogas en los barrios 31, 1.11.14, 20, Villa Zabaleta, Fraga y Villa 15.
Un Estado que llega armado
El operativo incluyó la participación de la Guardia de Infantería, vehículos blindados modelo Fénix y un helicóptero que sobrevoló las zonas intervenidas. Como parte de las acciones, se procedió a la remoción de automóviles abandonados en la vía pública que, según las fuerzas de seguridad, eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el procedimiento desde Villa Lugano, en un año marcado por las tensiones con el gobierno nacional sobre el reparto de responsabilidades en el territorio metropolitano.
Estrategia sorpresa en barrios históricamente abandonados
La estrategia del operativo se basó en el factor sorpresa, con el objetivo de desarticular las bandas narco sin darles tiempo de reacción. El procedimiento se inscribió además en una jornada de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en continuidad con el megaoperativo ejecutado el día anterior en Fuerte Apache, donde más de 500 efectivos intervinieron para desarticular dos bandas narco.
Lo que los comunicados oficiales presentan como «pacificación» y «recuperación del espacio público» no resuelve, sin embargo, las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en los barrios populares: la desocupación, el hacinamiento, el desfinanciamiento de políticas sociales y la ausencia de infraestructura básica en comunidades que concentran las peores condiciones habitacionales de la ciudad.
En ese marco, el ajuste del gasto social dispuesto por la gestión de Javier Milei, con recortes reales superiores al 61% en programas sociales según datos propios de la administración nacional, profundiza el terreno sobre el cual prospera la economía ilegal.
Barrios bajo la lupa, barrios sin soluciones de fondo
El Barrio 31, también conocido como Barrio Mugica, es emblemático de la contradicción entre la intervención policial puntual y la política de integración urbana inconclusa. Las promesas de urbanización avanzaron a distintas velocidades según la gestión de turno, pero el acceso a servicios básicos, la salud, la educación y el trabajo formal siguen siendo deudas pendientes para miles de familias que habitan esos territorios.
La pregunta que los operativos espectaculares no responden es siempre la misma: ¿qué Estado aguarda a los vecinos de estos barrios después de que se retiran los blindados?
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