Soberanía 🇦🇷
El peronismo copa la vigilia por Malvinas con tres gobernadores y deja afuera a Villarruel
El acto en Tierra del Fuego expone la pulseada interna de la oposición. Kicillof busca erigirse como referente nacional mientras La Cámpora arma contrapesos y la vicepresidenta declinó la invitación para no cruzarse con el bonaerense.
★ La vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se desarrolla esta noche en Río Grande, Tierra del Fuego, se convirtió en escenario de una disputa política interna que revela las tensiones del peronismo y la fragmentación del arco opositor. El gobernador anfitrión, Gustavo Melella, encabezará el acto acompañado por sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela, en una muestra de fuerza que busca consolidar una imagen de unidad partidaria aunque deja en evidencia las fisuras que persisten en el interior del movimiento.
La ausencia más notable será la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según confirmaron fuentes oficiales consultadas, Villarruel declinó la invitación para no compartir escenario con Kicillof, con quien mantiene una relación de enfrentamiento público desde la campaña electoral. Esta decisión marca un quiebre respecto de las dos ediciones anteriores del 2 de abril, cuando la vicepresidenta sí participó de los actos en Tierra del Fuego. La distancia entre ambos dirigentes se profundiza en medio de especulaciones, según trascendidos de dirigentes peronistas, sobre la posibilidad de que un sector del partido impulse un frente anti-Milei que incluya a Villarruel, hipótesis que por ahora no cuenta con confirmación oficial.
La estrategia de Kicillof y la resistencia interna
La presencia del gobernador bonaerense en el extremo sur del país no responde solo a la conmemoración de una fecha histórica. Kicillof arriba a Río Grande acompañado por funcionarios de su círculo íntimo, entre ellos el ministro de Seguridad Javier Alonso y el Asesor General de Gobierno Santiago Pérez Teruel, en una clara señal de que el viaje tiene componentes políticos estratégicos. De acuerdo a versiones de dirigentes consultados por este medio, el mandatario busca expandir su radio de influencia territorial y posicionarse como polo de acupulación de un frente opositor con proyección nacional.
Sin embargo, esa ambición encuentra resistencia dentro de las propias filas del peronismo. La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, no tiene intenciones de dejarle el camino allanado al kicillofismo. En paralelo al armado del gobernador bonaerense, el kirchnerismo duro encaró un proceso de descongelamiento político con dirigentes que se habían alejado del partido, como Guillermo Moreno y Miguel Pichetto, quien fue compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019. Este movimiento, confirmado por fuentes de la organización, apunta a construir un contrapeso organizativo que limite la hegemonía de Kicillof en un escenario electoral futuro.
El senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro dejó en claro los límites de estas negociaciones cuando afirmó públicamente que la única barrera insalvable para el kirchnerismo es Victoria Villarruel. La razón, según sus propias palabras, es una mirada radicalmente antagónica sobre la represión ilegal durante la última dictadura militar, tema que constituye un punto de no retorno para la identidad política de la organización.
La delegación de Unión por la Patria y la respuesta oficialista
El acto en Río Grande contará con una nutrida delegación de diputados nacionales que representa las distintas tribus internas de Unión por la Patria. Estarán presentes la diputada Victoria Tolosa Paz, quien impulsa un armado peronista federal; los referentes kicillofistas Hugo Yasky, Juan Marino y Hugo Moyano (hijo); la dirigente de izquierda Natalia Zaracho; los massistas Cecilia Moreau y Sabrina Selva; y la camporista Lucía Cámpora. Esta diversidad de facciones, lejos de garantizar una foto de unidad, exhibe la atomización del peronismo tras la derrota electoral de 2023.
Para evitar que la escena sea monopolizada por la oposición, La Libertad Avanza decidió enviar una delegación propia que participará de otra vigilia, esta vez en Ushuaia, la capital provincial. La comitiva oficialista está integrada por el senador nacional Bartolomé Abdala y los diputados Nicolás Mayoraz, Santiago Pauli, Lorena Villaverde, Verónica Razzini, Virginia Gallardo, Miguel Rodríguez y Agustín Coto, entre otros. Esta decisión de realizar un acto paralelo en otra ciudad de la misma provincia evidencia la imposibilidad de un encuentro transversal en una fecha que, históricamente, había logrado consensos más amplios.
Contexto: Malvinas como territorio disputado
La elección de Tierra del Fuego como escenario de esta pulseada política no es casual. La provincia, que administra los territorios insulares reclamados por la Argentina, concentra cada 2 de abril los actos centrales de conmemoración por la guerra de 1982. La vigilia del 1 de abril se constituyó en los últimos años como un espacio de reflexión que precede a la ceremonia principal, y su carácter federal lo convirtió en una oportunidad para que los dirigentes nacionales demuestren presencia territorial.
La disputa por la foto de esta noche anticipa lo que será el 2 de abril, cuando las miradas del país se posarán nuevamente en el sur. Entre tanto, el peronismo logra exhibir una imagen de gobernadores unidos que oculta, apenas superficialmente, las profundas diferencias sobre cómo reconstruirse como alternativa de poder.
Puntos clave:
• La vigilia por Malvinas en Río Grande contará con los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja)
• Victoria Villarruel declinó la invitación para no compartir escenario con Kicillof, rompiendo con su asistencia de años anteriores
• La Cámpora impulsa un contrapeso al kicillofismo mediante el acercamiento a dirigentes alejados como Guillermo Moreno y Miguel Pichetto
• La Libertad Avanza realizará un acto paralelo en Ushuaia con una delegación de legisladores nacionales encabezada por el senador Bartolomé Abdala
• Eduardo «Wado» de Pedro estableció que Victoria Villarruel es «el único límite» para las alianzas del kirchnerismo por sus posiciones sobre la dictadura militar ★
Legislativo
Milei apela a Malvinas para pedir consenso, pero es el propio Gobierno quien certifica el fracaso de su gestión
El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes explotan recursos en el territorio reclamado y crear un Consejo de Seguridad Nacional. La iniciativa deja en evidencia que, según reconoce el propio Gobierno, las medidas tomadas hasta hoy fueron «insuficientes e ineficaces».
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió este miércoles a la Cámara de Diputados reconoce algo que el oficialismo prefiere no subrayar: que todo lo hecho hasta ahora por el Estado argentino para defender sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur fue, en palabras de la propia Oficina del Presidente, «insuficiente e ineficaz». La autocrítica involuntaria queda registrada en el comunicado oficial que acompañó el envío de la iniciativa.
La iniciativa, cuyo texto fue difundido por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, propone derogar el régimen vigente establecido por la Ley N° 26.659, sancionada en 2011 durante la gestión kirchnerista, y reemplazarlo por un esquema de sanciones más severas. El blanco son quienes realicen actividades económicas de manera ilegítima en el territorio reclamado, incluyendo a sus accionistas y proveedores.
Tres pilares y un Consejo de Seguridad Nacional
Según el comunicado oficial, el proyecto se estructura sobre tres ejes: castigar penalmente a quienes exploten recursos naturales de forma ilegítima en Malvinas y el Atlántico Sur; generar incentivos para que cesen esas conductas; y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas. La pieza más novedosa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como misión articular las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas, de inteligencia y de protección de infraestructuras críticas bajo una conducción unificada.
La arquitectura institucional propuesta replica, en su lógica, modelos de coordinación estratégica similares a los que existen en países como Estados Unidos o el Reino Unido, aunque el texto del proyecto no ha sido difundido en su integridad. La Causa Malvinas tiene en este punto una dimensión que el Gobierno omite: la potencia que hoy ocupa las islas es precisamente el Reino Unido, con quien el gobierno de Milei ha mantenido vínculos cordiales que contradicen la retórica de la firmeza soberana.
La convocatoria y sus silencios
En el mismo comunicado, Milei invitó «a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones» y pidió otorgar «máxima prioridad y celeridad» al tratamiento legislativo. La convocatoria a la unidad llega de un gobierno que ha hecho de la confrontación permanente con la oposición su marca registrada, incluyendo ataques sistemáticos a periodistas críticos y dirigentes del campo popular. El giro hacia el consenso en nombre de Malvinas tiene, en ese contexto, la textura de una operación política antes que de una urgencia diplomática genuina.
El mandatario cerró su comunicado con una frase de tono apelativo: «No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas». La recuperación de la soberanía sobre Malvinas es un objetivo que une a todo el espectro político argentino, pero el camino elegido por el Ejecutivo para alcanzarla merece un debate riguroso que el apuro legislativo reclamado por Milei pareciera querer evitar.
La Ley 26.659 y el antecedente kirchnerista
La norma que el proyecto busca derogar fue sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Establecía sanciones contra quienes operaran en el marco de la ocupación ilegal británica, en una lógica que el Gobierno libertario ahora califica de insuficiente. Lo que el oficialismo no aclara es qué medidas concretas tomó en sus casi tres años de gestión para profundizar esa política soberana antes de enviar este proyecto. La pregunta que queda pendiente es si el endurecimiento de las penas cambia algo en la práctica cuando el Estado argentino carece de los instrumentos de proyección de poder necesarios para hacer efectivas esas sanciones.
Lo que tenés que saber
- El gobierno de Milei envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones penales contra quienes explotan recursos en el territorio reclamado de Malvinas, incluyendo a accionistas y proveedores.
- La iniciativa propone derogar la Ley N° 26.659 de 2011 y crear un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar funciones diplomáticas, de defensa e inteligencia.
- El propio Ejecutivo reconoció en el comunicado oficial que las medidas tomadas hasta ahora fueron «insuficientes e ineficaces».
- Milei convocó a toda la dirigencia política a dar «máxima prioridad» al proyecto, aunque el Gobierno mantiene una postura de confrontación permanente con la oposición en todos los demás temas.
- El texto completo de la iniciativa no fue difundido al momento del anuncio.
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