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Judiciales ⚖️

La escribana de Adorni visitó siete veces Casa Rosada y será citada por la Justicia

La profesional que intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Los registros oficiales de ingresos a la sede gubernamental la ubican en siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, algunas coincidentes con momentos clave de las compras bajo investigación.

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★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito que la Justicia federal mantiene abierta contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni incorporó este jueves un nuevo elemento de peso: la escribana que intervino en sus operaciones inmobiliarias, Adriana Mónica Nechevenko, fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, y los registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada la ubican en al menos siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, según informaron fuentes judiciales. Algunas de esas visitas coincidieron temporalmente con momentos clave de las operaciones inmobiliarias que hoy están bajo análisis judicial.

Quién es Nechevenko y qué escrituras firmó

Según el material de base de esta nota, Nechevenko fue la profesional que intervino en dos operaciones inmobiliarias del entorno familiar de Adorni que concentran la atención judicial. La primera es la compra del departamento de 199,97 metros cuadrados con cochera ubicado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, inscripta el 18 de noviembre de 2025 por un total de US$230.000, con una hipoteca no bancaria por US$200.000 suscripta a favor de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos mujeres que esta semana negaron ante la prensa conocer al jefe de Gabinete.

La segunda es la escrituración de la vivienda ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, operación concretada durante 2024 y registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Esa propiedad no habría sido declarada en tiempo y forma, según reportes periodísticos que dieron origen a uno de los tres frentes judiciales que Adorni enfrenta en Comodoro Py.

La citación a Nechevenko apunta a esclarecer los detalles del financiamiento de ambas operaciones. En el caso del departamento de Caballito, la Justicia busca determinar cómo se articuló una hipoteca de US$200.000 entre particulares que, según sus propias declaraciones públicas, no conocen al jefe de Gabinete. La declaración de la escribana quedó fijada para después de Semana Santa, según trascendió a partir de fuentes judiciales.

Siete visitas a Casa Rosada: el dato que la Justicia analiza

El elemento que agrava el cuadro es la existencia de registros oficiales de ingresos a la sede gubernamental que ubican a Nechevenko en siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Esos registros son documentación oficial del Estado y constituyen, en la jerarquía de fuentes, evidencia de primera línea para la investigación judicial.

La coincidencia temporal entre algunas de esas visitas y los momentos clave de las operaciones inmobiliarias bajo análisis es el dato que la Justicia busca precisar. No implica por sí solo una irregularidad, ya que una escribana puede visitar a un funcionario por motivos lícitos, pero en el contexto de una investigación por enriquecimiento ilícito con tres causas abiertas simultáneamente, la frecuencia y el momento de los encuentros adquieren relevancia procesal.

El fiscal Pollicita solicitó además la documentación vinculada a la compra del departamento en Caballito, según informaron fuentes judiciales al material de base de esta nota. Aún no se confirmó el contenido exacto de esa documentación ni los resultados de las diligencias en curso.

El tercer frente: la hipoteca que las acreedoras no pueden explicar

Como informó este medio el martes, las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$200.000 para la compra del departamento de Caballito, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64), negaron conocer a Adorni cuando fueron consultadas por la prensa. La negativa instaló una pregunta que la citación de Nechevenko busca responder: cómo se articuló jurídicamente una operación de esa magnitud entre personas que, según sus propias declaraciones, no se conocen entre sí.

Ese interrogante se suma a los que rodean los otros dos frentes judiciales. El vuelo privado a Punta del Este durante el Carnaval, cuya investigación avanzó la semana pasada con la declaración del piloto y broker Agustín Issin Hansen ante el juez Ariel Lijo y el allanamiento de la empresa Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, mostró dos facturas que no están a nombre de Adorni: el vuelo de ida figura a nombre de Imhouse SA, productora del periodista Marcelo Grandio, con contratos en la TV Pública; el de vuelta formó parte de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares pagados en efectivo facturado a Issin. El vuelo en el ARG-01 de Bettina Angeletti, que este medio cubrió desde el 9 de marzo, sigue sin respuesta documental verificable sobre el costo para el Estado.

A ese cuadro se agrega la denuncia de la diputada Marcela Pagano ante el Juzgado Federal N°11 por los contratos de la consultora +BE de Angeletti con empresas vinculadas al Estado y los datos del Banco Central (BCRA) que este medio publicó: el stock de deuda financiera de Adorni en enero de 2026 superó los 9.350.000 pesos, casi el triple de su salario mensual de aproximadamente 3.500.000 pesos.

La respuesta oficial: «no se va» y «no hay nada que esconder»

Desde el entorno del jefe de Gabinete, las fuentes oficiales repiten desde hace semanas que Adorni no renunciará y que toda la documentación está a disposición de la Justicia. «Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria», sostuvo una fuente cercana al caso a comienzos de esta semana, según informó el material de base de esta nota.

Sin embargo, la acumulación de elementos judiciales hace cada vez más difícil sostener esa narrativa. En menos de cuatro semanas, el caso pasó del escándalo del ARG-01 a tres causas penales simultáneas, dos propiedades bajo análisis, dos acreedoras que niegan conocer al funcionario, una escribana con siete visitas registradas a Casa Rosada y un piloto que declaró ante el juez para explicar por qué el vuelo de regreso desde Uruguay está facturado a su nombre.

Puntos clave:

  • La escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en las escrituras del departamento de Caballito y la propiedad en el country Indio Cua, fue citada a declarar como testigo por el fiscal Pollicita después de Semana Santa.
  • Los registros oficiales de ingresos a Casa Rosada ubican a Nechevenko en siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, algunas coincidentes con momentos clave de las operaciones inmobiliarias bajo investigación.
  • La compra del departamento de Caballito, inscripta el 18 de noviembre de 2025 por US$230.000, incluyó una hipoteca no bancaria de US$200.000 a favor de Viegas y Sbabo, quienes esta semana negaron conocer a Adorni.
  • El fiscal Pollicita solicitó la documentación vinculada a la compra del departamento; el contenido y resultados de esas diligencias aún no fueron confirmados oficialmente.
  • Adorni acumula tres causas penales simultáneas en Comodoro Py: el vuelo privado a Punta del Este, el uso del ARG-01 y las irregularidades en la declaración de propiedades.

Policiales 🚨

Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre

El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.

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Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.

La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.

Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego

El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.

Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.

La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.

Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido

La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.

El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.

La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva

La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.

Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.

También dispusieron su expulsión de Argentina

Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.

El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.

Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.

De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.

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