Judiciales ⚖️
La escribana de Adorni visitó siete veces Casa Rosada y será citada por la Justicia
La profesional que intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Los registros oficiales de ingresos a la sede gubernamental la ubican en siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, algunas coincidentes con momentos clave de las compras bajo investigación.
★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito que la Justicia federal mantiene abierta contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni incorporó este jueves un nuevo elemento de peso: la escribana que intervino en sus operaciones inmobiliarias, Adriana Mónica Nechevenko, fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, y los registros oficiales de ingresos a la Casa Rosada la ubican en al menos siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, según informaron fuentes judiciales. Algunas de esas visitas coincidieron temporalmente con momentos clave de las operaciones inmobiliarias que hoy están bajo análisis judicial.
Quién es Nechevenko y qué escrituras firmó
Según el material de base de esta nota, Nechevenko fue la profesional que intervino en dos operaciones inmobiliarias del entorno familiar de Adorni que concentran la atención judicial. La primera es la compra del departamento de 199,97 metros cuadrados con cochera ubicado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, inscripta el 18 de noviembre de 2025 por un total de US$230.000, con una hipoteca no bancaria por US$200.000 suscripta a favor de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos mujeres que esta semana negaron ante la prensa conocer al jefe de Gabinete.
La segunda es la escrituración de la vivienda ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, operación concretada durante 2024 y registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Esa propiedad no habría sido declarada en tiempo y forma, según reportes periodísticos que dieron origen a uno de los tres frentes judiciales que Adorni enfrenta en Comodoro Py.
La citación a Nechevenko apunta a esclarecer los detalles del financiamiento de ambas operaciones. En el caso del departamento de Caballito, la Justicia busca determinar cómo se articuló una hipoteca de US$200.000 entre particulares que, según sus propias declaraciones públicas, no conocen al jefe de Gabinete. La declaración de la escribana quedó fijada para después de Semana Santa, según trascendió a partir de fuentes judiciales.
Siete visitas a Casa Rosada: el dato que la Justicia analiza
El elemento que agrava el cuadro es la existencia de registros oficiales de ingresos a la sede gubernamental que ubican a Nechevenko en siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Esos registros son documentación oficial del Estado y constituyen, en la jerarquía de fuentes, evidencia de primera línea para la investigación judicial.
La coincidencia temporal entre algunas de esas visitas y los momentos clave de las operaciones inmobiliarias bajo análisis es el dato que la Justicia busca precisar. No implica por sí solo una irregularidad, ya que una escribana puede visitar a un funcionario por motivos lícitos, pero en el contexto de una investigación por enriquecimiento ilícito con tres causas abiertas simultáneamente, la frecuencia y el momento de los encuentros adquieren relevancia procesal.
El fiscal Pollicita solicitó además la documentación vinculada a la compra del departamento en Caballito, según informaron fuentes judiciales al material de base de esta nota. Aún no se confirmó el contenido exacto de esa documentación ni los resultados de las diligencias en curso.
El tercer frente: la hipoteca que las acreedoras no pueden explicar
Como informó este medio el martes, las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$200.000 para la compra del departamento de Caballito, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64), negaron conocer a Adorni cuando fueron consultadas por la prensa. La negativa instaló una pregunta que la citación de Nechevenko busca responder: cómo se articuló jurídicamente una operación de esa magnitud entre personas que, según sus propias declaraciones, no se conocen entre sí.
Ese interrogante se suma a los que rodean los otros dos frentes judiciales. El vuelo privado a Punta del Este durante el Carnaval, cuya investigación avanzó la semana pasada con la declaración del piloto y broker Agustín Issin Hansen ante el juez Ariel Lijo y el allanamiento de la empresa Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, mostró dos facturas que no están a nombre de Adorni: el vuelo de ida figura a nombre de Imhouse SA, productora del periodista Marcelo Grandio, con contratos en la TV Pública; el de vuelta formó parte de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares pagados en efectivo facturado a Issin. El vuelo en el ARG-01 de Bettina Angeletti, que este medio cubrió desde el 9 de marzo, sigue sin respuesta documental verificable sobre el costo para el Estado.
A ese cuadro se agrega la denuncia de la diputada Marcela Pagano ante el Juzgado Federal N°11 por los contratos de la consultora +BE de Angeletti con empresas vinculadas al Estado y los datos del Banco Central (BCRA) que este medio publicó: el stock de deuda financiera de Adorni en enero de 2026 superó los 9.350.000 pesos, casi el triple de su salario mensual de aproximadamente 3.500.000 pesos.
La respuesta oficial: «no se va» y «no hay nada que esconder»
Desde el entorno del jefe de Gabinete, las fuentes oficiales repiten desde hace semanas que Adorni no renunciará y que toda la documentación está a disposición de la Justicia. «Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria», sostuvo una fuente cercana al caso a comienzos de esta semana, según informó el material de base de esta nota.
Sin embargo, la acumulación de elementos judiciales hace cada vez más difícil sostener esa narrativa. En menos de cuatro semanas, el caso pasó del escándalo del ARG-01 a tres causas penales simultáneas, dos propiedades bajo análisis, dos acreedoras que niegan conocer al funcionario, una escribana con siete visitas registradas a Casa Rosada y un piloto que declaró ante el juez para explicar por qué el vuelo de regreso desde Uruguay está facturado a su nombre.
Puntos clave:
- La escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en las escrituras del departamento de Caballito y la propiedad en el country Indio Cua, fue citada a declarar como testigo por el fiscal Pollicita después de Semana Santa.
- Los registros oficiales de ingresos a Casa Rosada ubican a Nechevenko en siete visitas entre julio de 2024 y septiembre de 2025, algunas coincidentes con momentos clave de las operaciones inmobiliarias bajo investigación.
- La compra del departamento de Caballito, inscripta el 18 de noviembre de 2025 por US$230.000, incluyó una hipoteca no bancaria de US$200.000 a favor de Viegas y Sbabo, quienes esta semana negaron conocer a Adorni.
- El fiscal Pollicita solicitó la documentación vinculada a la compra del departamento; el contenido y resultados de esas diligencias aún no fueron confirmados oficialmente.
- Adorni acumula tres causas penales simultáneas en Comodoro Py: el vuelo privado a Punta del Este, el uso del ARG-01 y las irregularidades en la declaración de propiedades.
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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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