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Se cumplen 21 años del secuestro y desaparición de Marita Verón
Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
El próximo lunes se cumplirán 21 años del secuestro y desaparición de María de los Ángeles «Marita» Verón en manos de una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Tucumán, y la fundación que lleva su nombre impulsa una campaña en redes sociales para visibilizar su búsqueda y la lucha contra el delito.
«Los 21 años sin Marita son sinónimo de lucha incansable, persistente, tenaz e incesante, y nos enseña que el amor de su madre, Susana Trimarco, no tiene límites de tiempo, de espacio de ningún tipo», dijo a Télam Betina Laguna Mendoza, abogada de la Fundación María de los Ángeles.
En esta oportunidad la Fundación, que preside Trimarco, invitó a la sociedad a participar de una campaña en redes sociales a través de la cual se busca visibilizar que la búsqueda de Marita continúa, así como también, la lucha contra de la trata de personas.
Para concretar esta propuesta sugirieron compartir una placa elaborada por la institución que tiene inscripta la consigna #21AñosSinMarita y arrobar sus cuentas de Twitter: @fundacionmdla, en Instagram: @fundacionmariadelosangelesorg y en Facebook: Fundación María de los Ángeles.
Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Desde ese día la joven, que es madre de una niña que en ese momento tenía 2 años, desapareció.
Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
Gracias a su accionar, el caso de Marita llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.
Trimarco, quien continúa buscando incansablemente a su hija, transformó el dolor en una tarea que permitió rescatar a miles de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en el país y en el mundo.
«Es el amor infinito de Susana el que hizo que sea capaz de sortear todas las barreras y transformar esta causa en algo que va más allá de la búsqueda de Marita», manifestó Laguna Mendoza.
La abogada sostuvo: «Creo que esa búsqueda incansable de esta madre que aún hoy continúa, nos muestra como se puede transformar el dolor en fuerza y esperanza para seguir luchando y exigiendo la búsqueda de Marita, y el respeto de los derechos y el acceso a la justicia de todas las personas en situación de vulnerabilidad, que es lo que procuramos desde la Fundación».
El 19 de octubre de 2007, Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles la cual brinda asistencia integral a las víctimas, que consiste en acompañamiento legal, psicológico y social, y recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a familiares.
Actualmente, la Fundación María de los Ángeles tiene dos sedes, una en Tucumán y otra en Buenos Aires.
La sede de Tucumán funciona como un centro integral que cuenta con un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), una sede del Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi), una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Unidad Capital de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Tucumán y la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).
Por otra parte, la Fundación cuenta con una Casa Hogar que dispone de 26 camas, baños, living comedor y todas las instalaciones necesarias para que las mujeres puedan alojarse junto a sus hijas e hijos cuando se encuentran en situación de riesgo.
Para su resguardo obtienen una orden judicial, que incluye una custodia femenina, una terapeuta, más todo lo que se necesite.
Además del acompañamiento integral, se dictan talleres para que las mujeres puedan aprender un oficio, conozcan sus derechos y puedan defenderse y ayudarlas a que busquen un trabajo genuino donde las respeten y las valoren como trabajadoras.
En abril de 2013, se inauguró un Centro Maternal con calidad educativa que brinda un servicio gratuito para los hijos e hijas, desde los 45 días a 4 años, de víctimas en situación de trata, de violencia de género o madres que se hacen cargo solas de las crianzas, para que puedan estudiar o trabajar.
Con respecto al trabajo de la Fundación, la abogada sostuvo que «continúa diariamente dentro de nuestras posibilidades, ya que la Fundación no escapa a la realidad del país, pero le ponemos el cuerpo y el corazón y el compromiso con las personas que asistimos»
«Muchas veces se hace difícil por la falta de respuestas inmediatas que requieren las urgencias, sin embargo no bajamos los brazos y tratamos de dar soluciones y garantizar justamente que nuestras asistidas puedan acceder a sus derechos», concluyó.
Martina Verón tiene hoy 43 años y la siguen buscando.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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