Lo que tenés que saber:

• El Gobierno transforma YCRT en sociedad anónima como parte de un proceso de privatización.
• Otros 60 organismos y empresas públicas también podrían ser modificadas con esta medida.
• YCRT acumula grandes déficits a pesar de las inversiones millonarias recibidas.
• Se busca mejorar la administración y transparencia de estas entidades.
• Algunos gremios y sectores kirchneristas se oponen a la privatización de la mina.

YCRT, una mina emblemática en crisis

Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ubicada en Santa Cruz, será transformada en sociedad anónima, acercándose a su privatización, un paso ya estipulado por la Ley Bases. A pesar de ser una de las nueve empresas autorizadas a ser privatizadas, YCRT se enfrenta a fuertes cuestionamientos debido a su funcionamiento deficitario. En 2024, la empresa tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones, y el déficit operativo alcanzó los $62.565 millones. La situación financiera de YCRT ha generado dudas sobre su viabilidad y necesidad de reestructuración.

La situación política y la reacción provincial

Este cambio se produce en un contexto en el que el Gobierno de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, mantiene una estrecha relación con el Ejecutivo nacional. Según se indicó, la administración provincial fue informada previamente sobre la medida. A pesar de ello, muchos sectores locales se oponen rotundamente a la privatización, recordando el historial de inversiones millonarias durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

Un sector que se resiste a la privatización

El gremio ATE Punta Loyola se ha mostrado firme en su postura contra el proceso privatizador, argumentando que el ajuste ha empeorado desde el inicio de la gestión actual. Además, la falta de éxito en la subasta de carbón a principios de año evidencia la ineficiencia en la administración de la mina. Desde el Gobierno, sin embargo, se asegura que existen compradores interesados, con ofertas que rondan los US$400 millones.

Los planes de reactivación y los gremios

El interventor de YCRT, Pablo Sebastián Gordillo Arriagada, presentó un plan de reactivación para la usina, que incluye la posibilidad de generar energía para Santa Cruz. A pesar de ello, algunos sectores gremiales y kirchneristas se mantienen firmes en su rechazo a la privatización, preocupados por la posible pérdida de empleos y el control de la empresa por parte del Estado.

Privatización de más empresas públicas en marcha

El Gobierno contempla que otras 60 empresas públicas, incluidas algunas que no forman parte de la Ley Bases, podrían seguir el mismo camino de YCRT. La idea central es transformar estas entidades en sociedades anónimas para «sanearlas» y hacerlas más transparentes. Según funcionarios cercanos, este proceso permitiría mejorar la administración y facilitar la venta de estas empresas a privados.

La privatización como política de Estado

Desde el Ejecutivo, se defiende el modelo de privatización y se asegura que no se trata de un castigo. “Privatizar no es castigar”, aseguran fuentes oficiales, destacando que los privados no son inherentemente negativos para la economía del país. Además, sostienen que estas medidas buscan garantizar administraciones responsables que rindan cuentas ante organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ).