Judiciales ⚖️
Se multiplican las denuncias contra Bullrich por la represión
Las presentaciones tienen que ver con la represión del 11 de septiembre, que incluyó el uso de gas pimienta contra una niña de 10 años.
Lo que tenés que saber
- El 11 de septiembre, durante una manifestación en el Congreso, la policía atacó con gas pimienta a una niña de 10 años, lo que generó un escándalo.
- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo están acusados de encubrir la agresión con videos falsos.
- Las denuncias se han presentado en tribunales locales, la CIDH y el Congreso, pidiendo explicaciones y la renuncia de Bullrich.
- La ONU y organismos de derechos humanos condenaron la represión y el uso desproporcionado de la fuerza.
Escándalo por represión y encubrimiento
El gobierno de Javier Milei desató una fuerte represión el 11 de septiembre, mientras el oficialismo en el Congreso lograba mantener el veto al aumento de las jubilaciones. El operativo incluyó un ataque con gas pimienta a una niña de 10 años, conocida como Fabricia, y un intento de encubrir la acción policial con videos falsos. Las imágenes de la agresión provocaron una ola de protestas y denuncias tanto a nivel judicial como internacional.
Denuncias y reacciones
En total, se registraron tres denuncias en Comodoro Py y una ampliación en preparación, además de un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al menos dos proyectos legislativos buscan que Patricia Bullrich comparezca en el Congreso para brindar explicaciones. La Relatora Especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación en redes sociales, describiendo los hechos como “muy dolorosos” y contrarios a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Acusaciones contra Bullrich y su equipo
Bullrich se encuentra en el centro de la controversia no solo por el operativo represivo, sino también por la operación mediática montada para culpar a los manifestantes por el ataque a Fabricia. La ministra defendió a la policía diciendo que el agente involucrado no podía ver a la niña debido al casco. Esta postura se percibe como una defensa de lo indefendible, dado que las filmaciones del ataque son contundentes.
Presentaciones judiciales
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en Comodoro Py contra Bullrich y miembros de la Policía Federal. La denuncia, que recayó en el juzgado federal Nº 9 bajo la subrogancia de María Eugenia Capuchetti, incluye acusaciones de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Dalbón también anunció que asumirá la representación legal de Fabricia y pedirá ser considerado querellante.
Denuncias de organismos de derechos humanos
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que estuvo presente durante la manifestación, presentó una denuncia similar. En su escrito, denunciaron a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Aportaron fotos y videos del ataque a Fabricia, y la denuncia se encuentra en el juzgado federal Nº 1, a cargo de María Servini.
Repercusiones internacionales
El caso llegó también a la CIDH gracias al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que criticó el uso excesivo de la fuerza y la represión de la protesta social. La CIDH recibió un pedido para que solicite información al Estado argentino sobre el operativo y exprese su preocupación por el uso desproporcionado de armas menos letales, particularmente contra niños y adultos mayores.
Proyecto de citación al Congreso
En el ámbito legislativo, los diputados Leandro Santoro y Esteban Paulón presentaron proyectos para que Patricia Bullrich brinde explicaciones en el Congreso. Santoro pidió la comparecencia de Bullrich y su vice, mientras que Paulón exigió que la ministra dé cuentas por el ataque a la menor y el encubrimiento del hecho.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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