Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Se multiplican las denuncias contra Bullrich por la represión

Las presentaciones tienen que ver con la represión del 11 de septiembre, que incluyó el uso de gas pimienta contra una niña de 10 años.

Publicado hace

#

Lo que tenés que saber

  • El 11 de septiembre, durante una manifestación en el Congreso, la policía atacó con gas pimienta a una niña de 10 años, lo que generó un escándalo.
  • La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo están acusados de encubrir la agresión con videos falsos.
  • Las denuncias se han presentado en tribunales locales, la CIDH y el Congreso, pidiendo explicaciones y la renuncia de Bullrich.
  • La ONU y organismos de derechos humanos condenaron la represión y el uso desproporcionado de la fuerza.

Escándalo por represión y encubrimiento

El gobierno de Javier Milei desató una fuerte represión el 11 de septiembre, mientras el oficialismo en el Congreso lograba mantener el veto al aumento de las jubilaciones. El operativo incluyó un ataque con gas pimienta a una niña de 10 años, conocida como Fabricia, y un intento de encubrir la acción policial con videos falsos. Las imágenes de la agresión provocaron una ola de protestas y denuncias tanto a nivel judicial como internacional.

Denuncias y reacciones

En total, se registraron tres denuncias en Comodoro Py y una ampliación en preparación, además de un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al menos dos proyectos legislativos buscan que Patricia Bullrich comparezca en el Congreso para brindar explicaciones. La Relatora Especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación en redes sociales, describiendo los hechos como “muy dolorosos” y contrarios a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Acusaciones contra Bullrich y su equipo

Bullrich se encuentra en el centro de la controversia no solo por el operativo represivo, sino también por la operación mediática montada para culpar a los manifestantes por el ataque a Fabricia. La ministra defendió a la policía diciendo que el agente involucrado no podía ver a la niña debido al casco. Esta postura se percibe como una defensa de lo indefendible, dado que las filmaciones del ataque son contundentes.

Presentaciones judiciales

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en Comodoro Py contra Bullrich y miembros de la Policía Federal. La denuncia, que recayó en el juzgado federal Nº 9 bajo la subrogancia de María Eugenia Capuchetti, incluye acusaciones de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Dalbón también anunció que asumirá la representación legal de Fabricia y pedirá ser considerado querellante.

Denuncias de organismos de derechos humanos

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que estuvo presente durante la manifestación, presentó una denuncia similar. En su escrito, denunciaron a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Aportaron fotos y videos del ataque a Fabricia, y la denuncia se encuentra en el juzgado federal Nº 1, a cargo de María Servini.

Repercusiones internacionales

El caso llegó también a la CIDH gracias al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que criticó el uso excesivo de la fuerza y la represión de la protesta social. La CIDH recibió un pedido para que solicite información al Estado argentino sobre el operativo y exprese su preocupación por el uso desproporcionado de armas menos letales, particularmente contra niños y adultos mayores.

Imagen

Proyecto de citación al Congreso

En el ámbito legislativo, los diputados Leandro Santoro y Esteban Paulón presentaron proyectos para que Patricia Bullrich brinde explicaciones en el Congreso. Santoro pidió la comparecencia de Bullrich y su vice, mientras que Paulón exigió que la ministra dé cuentas por el ataque a la menor y el encubrimiento del hecho.

Judiciales ⚖️

Urribarri irá a prisión tras quedar firme su condena por corrupción

La Corte Suprema rechazó el último recurso y habilitó el cumplimiento efectivo de la pena. También quedaron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, mientras la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Sergio Uribarri.

La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.

La condena que llegó hasta la Corte Suprema

El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.

El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado

La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.

Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva

La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.

El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.

Puntos clave

  • La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
  • La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
  • También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
  • La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
  • El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo