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Judiciales ⚖️

Se multiplican las denuncias contra Bullrich por la represión

Las presentaciones tienen que ver con la represión del 11 de septiembre, que incluyó el uso de gas pimienta contra una niña de 10 años.

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Lo que tenés que saber

  • El 11 de septiembre, durante una manifestación en el Congreso, la policía atacó con gas pimienta a una niña de 10 años, lo que generó un escándalo.
  • La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo están acusados de encubrir la agresión con videos falsos.
  • Las denuncias se han presentado en tribunales locales, la CIDH y el Congreso, pidiendo explicaciones y la renuncia de Bullrich.
  • La ONU y organismos de derechos humanos condenaron la represión y el uso desproporcionado de la fuerza.

Escándalo por represión y encubrimiento

El gobierno de Javier Milei desató una fuerte represión el 11 de septiembre, mientras el oficialismo en el Congreso lograba mantener el veto al aumento de las jubilaciones. El operativo incluyó un ataque con gas pimienta a una niña de 10 años, conocida como Fabricia, y un intento de encubrir la acción policial con videos falsos. Las imágenes de la agresión provocaron una ola de protestas y denuncias tanto a nivel judicial como internacional.

Denuncias y reacciones

En total, se registraron tres denuncias en Comodoro Py y una ampliación en preparación, además de un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al menos dos proyectos legislativos buscan que Patricia Bullrich comparezca en el Congreso para brindar explicaciones. La Relatora Especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación en redes sociales, describiendo los hechos como “muy dolorosos” y contrarios a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Acusaciones contra Bullrich y su equipo

Bullrich se encuentra en el centro de la controversia no solo por el operativo represivo, sino también por la operación mediática montada para culpar a los manifestantes por el ataque a Fabricia. La ministra defendió a la policía diciendo que el agente involucrado no podía ver a la niña debido al casco. Esta postura se percibe como una defensa de lo indefendible, dado que las filmaciones del ataque son contundentes.

Presentaciones judiciales

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en Comodoro Py contra Bullrich y miembros de la Policía Federal. La denuncia, que recayó en el juzgado federal Nº 9 bajo la subrogancia de María Eugenia Capuchetti, incluye acusaciones de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Dalbón también anunció que asumirá la representación legal de Fabricia y pedirá ser considerado querellante.

Denuncias de organismos de derechos humanos

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que estuvo presente durante la manifestación, presentó una denuncia similar. En su escrito, denunciaron a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Aportaron fotos y videos del ataque a Fabricia, y la denuncia se encuentra en el juzgado federal Nº 1, a cargo de María Servini.

Repercusiones internacionales

El caso llegó también a la CIDH gracias al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que criticó el uso excesivo de la fuerza y la represión de la protesta social. La CIDH recibió un pedido para que solicite información al Estado argentino sobre el operativo y exprese su preocupación por el uso desproporcionado de armas menos letales, particularmente contra niños y adultos mayores.

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Proyecto de citación al Congreso

En el ámbito legislativo, los diputados Leandro Santoro y Esteban Paulón presentaron proyectos para que Patricia Bullrich brinde explicaciones en el Congreso. Santoro pidió la comparecencia de Bullrich y su vice, mientras que Paulón exigió que la ministra dé cuentas por el ataque a la menor y el encubrimiento del hecho.

Goles! ⚽

El juez de la causa AFA fue apartado: la detención de Tapia y Toviggino queda en suspenso

La Cámara Federal de Tucumán removió al magistrado Sebastián Argibay por sospechas de un vínculo comercial con el imputado Toviggino, en una causa que investiga asociación ilícita y lavado de activos en el fútbol argentino.

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El Argentino Diario-Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Apartaron al juez de la causa AFA: la detención de Tapia y Toviggino queda en suspenso

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez Sebastián Argibay del expediente donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La decisión marca un nuevo giro en una investigación que ya acumula tensiones, conflictos de competencia y maniobras procesales en distintas jurisdicciones.

El apartamiento se produjo en el marco de la causa impulsada por el fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó las detenciones de ambos dirigentes bajo la hipótesis de que podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia. La causa investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos vinculadas al manejo de fondos de la AFA.

El vínculo que desplazó al juez

El apartamiento de Argibay se dio en medio de cuestionamientos a su imparcialidad. La sospecha central gira en torno a un supuesto vínculo comercial entre familiares del magistrado y el propio Toviggino: concretamente, la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor real, una operación que habría involucrado a una hija del juez y a un hermano del dirigente futbolístico.

Un camarista anticipó que la aceptación formal de la recusación quedaría publicada en el Lex 100, la plataforma oficial de resoluciones de la Justicia Federal: «La decisión ya fue tomada», indicó la fuente judicial que pidió reserva de identidad.

Una investigación con múltiples focos de conflicto

El expediente no solo apunta a Tapia y Toviggino, sino que según los elementos reunidos en la causa, involucra a una red de empresas y bienes que estarían ligados al entorno del tesorero, bajo sospecha de operaciones irregulares en el circuito financiero del fútbol argentino.

A la complejidad del caso se suma un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, que demora definiciones clave y extiende la indefinición procesal sobre el futuro judicial de los implicados.

Con el apartamiento de Argibay, el expediente deberá ser reasignado a otro juez, lo que introduce una nueva dilación en la resolución del pedido de detención solicitado por la fiscalía.

Puntos clave

  • La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Sebastián Argibay de la causa que investiga a los dirigentes de la AFA.
  • El fiscal federal Pedro Simón había solicitado la detención de Tapia y Toviggino por riesgo de entorpecimiento de la investigación.
  • El apartamiento se fundó en sospechas sobre un vínculo comercial entre familiares del juez y Toviggino, en la venta de una finca escriturada por debajo de su valor.
  • La causa investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos en el manejo de fondos de la AFA.
  • El expediente enfrenta además un conflicto de competencia entre tribunales, lo que suma demoras al proceso.
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