Lo que tenés que saber:

• El CIPCE se presenta como querellante en el caso de la criptoestafa $LIBRA, pidiendo investigar a Javier Milei.
• La ONG alega que el presidente de Argentina promovió el token $LIBRA, lo que causó un aumento en su valor.
• Acusan a Milei de haber violado el artículo 256 del Código Penal por negociaciones incompatibles con su función pública.
• La querella incluye pruebas como un tuit presidencial y una entrevista en la que Milei reconoce conocer el proyecto.
• Se cuestiona la creación de una unidad de investigación dependiente del Ejecutivo, lo que genera temores de parcialidad.

El CIPCE solicita la investigación de Milei por la criptoestafa $LIBRA

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó una querella contra el presidente Javier Milei por su implicación en el escándalo de la criptoestafa vinculada al token $LIBRA. La organización anticorrupción argumenta que Milei, en su rol de mandatario, promovió un negocio privado, configurando así el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. A través de un tuit publicado el 14 de febrero, el presidente difundió información sobre el proyecto «Viva La Libertad Project» y el token, lo que provocó un notable aumento en su valor, pasando de $0,10 a $4,50.

La querella del CIPCE y la imputación de negociaciones incompatibles

El CIPCE imputa a Milei de participar en negociaciones incompatibles con su función pública, un delito previsto en el artículo 256 del Código Penal de Argentina. Esta figura penal se refiere a los funcionarios públicos que se interesan en contratos o negocios privados, ya sea directamente o a través de terceros. El CIPCE destaca que, en este caso, no se requiere comprobar el intercambio de dinero a cambio de favores, lo que hace más grave la acusación, dado que la ilegalidad se establece por el solo hecho de la acción.

En su presentación, el CIPCE resalta que Milei estaba al tanto del proyecto y su impulsor, Mark Davis. En el tuit presidencial, se compartió el link del contrato, el nombre del token y otros detalles clave del negocio, lo que implicaría que el presidente, como funcionario público, habría promovido el negocio de forma incompatible con su cargo. Este acto, argumenta la organización, tuvo un impacto directo en el valor del criptoactivo.

Pruebas y evidencia solicitada para la investigación

En su querella, el CIPCE solicita que se incorporen pruebas clave, como una grabación de una entrevista con el conductor Jonatan Viale, en la que Milei admite conocer el proyecto detrás de $LIBRA. Además, la organización pide que se preserve la evidencia digital relacionada con el token y que se obtenga toda la información pertinente de Solana, la red blockchain asociada al criptoactivo. El CIPCE también solicita que se abra una causa independiente para investigar la responsabilidad penal de Milei en este caso específico.

El rol del CIPCE como «querellante de la sociedad civil»

Esta querella es la primera presentada bajo la figura de “querellante de la sociedad civil”, una figura habilitada por el Código Procesal Penal para asociaciones civiles ante graves violaciones de derechos humanos. El CIPCE destaca la importancia de este mecanismo para garantizar la transparencia en la investigación, especialmente en casos de corrupción de alto perfil.

El escrito también señala los riesgos asociados con la creación de una «Unidad Transitoria de Investigación» por parte del Ejecutivo, la cual estaría a cargo de una funcionaria vinculada al propio presidente investigado. Esto ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad de la investigación y el riesgo de que se dilate o entorpezca el proceso.

Preocupaciones sobre la independencia de la investigación

El CIPCE advirtió sobre los posibles intentos del Gobierno para utilizar la unidad de investigación como una herramienta política. La organización teme que, al estar vinculada al Ejecutivo, esta unidad pueda afectar la imparcialidad del proceso y dilatar la resolución del caso. De acuerdo con el CIPCE, la Justicia federal debe demostrar si, como asegura el gobierno, «el que las hace la paga», o si, por el contrario, los responsables de crímenes económicos de alto perfil logran evadir su responsabilidad.