El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desplegó una campaña publicitaria institucional con afiches en paradas de colectivos que muestran a efectivos antimotines de la Policía de la Ciudad y el lema «La ciudad sin Okupas con Ley y Orden», con la K deliberadamente elegida como operación de propaganda política.

La iniciativa del jefe de Gobierno, Jorge Macri, convive con un presupuesto para vivienda que según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es el más bajo de los últimos 14 años, una crisis habitacional que afecta a decenas de miles de familias porteñas y un colapso en el acceso al crédito hipotecario que convierte la vivienda propia en un privilegio inalcanzable para la mayoría.

La K que no es un error ortográfico

El afiche no escribe «ocupas» con C. La elección de la K no es descuido ni tradición ortográfica alternativa, es un recurso político deliberado: asociar visualmente la palabra con el kirchnerismo, con la letra que identifica al espacio político adversario.

Se trata de una pieza de propaganda institucional financiada con dinero público que atribuye a los sectores más vulnerables, quienes no tienen acceso a la vivienda propia y deben recurrir a la ocupación de inmuebles, una filiación política específica. El mensaje subyacente es tan claro como brutal: los que no tienen casa son K, son el enemigo.

La campaña se inscribe en una secuencia de operaciones comunicacionales que Jorge Macri viene ejecutando desde su asunción con evidente orientación electoral de cara a 2027. Poco antes de este afiche, el propio Macri publicó en sus redes sociales la frase «Un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof«, al lanzar el denominado «Operativo Muro» sobre la General Paz. La retórica de la seguridad como divisa electoral no es nueva; lo que la vuelve particularmente grave es que se financia con presupuesto estatal y se despliega mientras la crisis habitacional de la Ciudad se profundiza sin respuesta.

El presupuesto para vivienda: el más bajo en 14 años

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Presupuesto 2026 de la Ciudad prevé que las partidas destinadas a organismos de vivienda representen menos del 1% del gasto total porteño, con una caída real del 22,9% respecto de 2025, alcanzando su nivel más bajo desde al menos 2012. Mientras tanto, el mismo presupuesto asigna el 15,4% del gasto total a seguridad, unos 2,6 billones de pesos, según datos del propio Gobierno de la Ciudad.

El contraste es obsceno: Macri multiplica los recursos para policías y operativos de imagen mientras destroza la política habitacional. El propio jefe de Gobierno lo expresó sin eufemismos al anunciar en abril de 2026 la construcción de viviendas en un predio de Parque Chacabuco: «Vamos a construir viviendas para policías y familias de clase media en un terreno que recuperamos de los okupas. Con la plata que antes se usaba para regalar viviendas en las villas. Ley y orden.» La declaración resume con claridad el cambio de paradigma: el Estado porteño deja de atender a los que menos tienen para premiar a quienes ya tienen acceso a ingresos formales y estables.

Ese giro lo confirma el propio Macri al declarar que las gestiones anteriores «fracasaron» por concentrarse en villas y asentamientos. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad documentó que más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas permanecen vacías o deshabitadas en CABA, en contraste con el número de familias con situación habitacional deficitaria. El problema no es la falta de inmuebles; es la concentración de esos inmuebles en pocas manos y la ausencia de políticas que intervengan sobre esa concentración.

El crédito que nadie puede pagar

El Gobierno porteño anunció en marzo de 2026 una línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada del 7,5% más UVA para primera vivienda, destinada a unidades de hasta 80 metros cuadrados con un valor máximo de 2.800 dólares el metro cuadrado. La cuota inicial, según los propios ejemplos del Banco Ciudad, requiere ingresos familiares formales y documentados desde los 322.000 pesos por cada 10 millones solicitados. A eso se agrega la exigencia de aportar entre el 20 y el 30% del valor del inmueble como anticipo.

En la práctica, ese crédito está diseñado para quienes ya tienen ahorros, empleo en relación de dependencia con antigüedad, historial crediticio limpio y capacidad de endeudarse en UVA, es decir, un instrumento que se ajusta por inflación y que puede disparar la cuota ante cualquier salto de precios.

La enorme mayoría de los trabajadores informales, monotributistas de categorías bajas, desocupados y familias con ingresos inestables, que son precisamente quienes más necesitan acceso a la vivienda, quedan directamente excluidos del sistema. El crédito no resuelve el déficit habitacional; atiende a quienes ya están cerca de la solución y abandona a quienes están lejos.

La concentración que nadie nombra

El debate sobre la vivienda en CABA no puede separarse de la estructura de concentración del mercado inmobiliario porteño. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad advirtió que la Ciudad registra un importante déficit habitacional y duplicó su población en villas y asentamientos en paralelo al incremento del parque de viviendas ociosas. El suelo urbano y los alquileres presentan valores que las políticas públicas no logran contrarrestar, en un contexto de ausencia de regulación efectiva sobre la especulación inmobiliaria.

Entre 2017 y 2019 las partidas de vivienda porteña llegaron a representar alrededor del 4% del presupuesto, con procesos de integración sociourbana en barrios como el Mugica, Villa 20, Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita.

En la gestión Macri esos procesos se suspendieron, las licitaciones se paralizaron y las obras se retomaron de manera muy lenta sin finalizarse, según consignó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La parálisis de la integración urbana beneficia al mercado inmobiliario concentrado; la criminalización de los ocupantes sin recursos sirve para tapar esa parálisis con imágenes de escudos antimotines.

Represión como espectáculo, derechos como gasto

Organizaciones de DDHH cuestionaron el modelo securitario de la gestión Macri. Matías Busso, de la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI), señaló que el Gobierno porteño se caracteriza por utilizar las fuerzas de seguridad para violar todo tipo de derechos humanos, y advirtió que operativos como el «Tormenta Negra» pueden llevarse a cabo sin control jurisdiccional ni intervención de un juez. Integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunciaron que esas intervenciones son discriminatorias y racistas, aplicadas sobre barrios vulnerados bajo una presunción de sospecha permanente.

Los afiches con antimotines, el operativo muro, la retórica de la K usurpadora: todo es parte de la misma operación política. Una Ciudad que gasta 2,6 billones en seguridad y apenas el 1% de su presupuesto en vivienda no tiene un problema de ocupaciones ilegales. Tiene un problema de concentración de la riqueza, de exclusión estructural y de voluntad política para atender a los que quedan afuera del mercado. El afiche en la parada del colectivo no es una política de vivienda. Es una declaración de quiénes importan y quiénes no.