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Legislativo

Nuevo paso del Senado en el proyecto para recusar jueces sin perspectiva de género

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría de los legisladores del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores.

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Un proyecto de ley que pretende establecer la inhibición, recusación y excusación de jueces que, a priori, tuvieran una posición contraria a la perspectiva de género, obtuvo dictamen de mayoría de los legisladores del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores.

La iniciativa que modifica varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Penal Federal y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres lleva la firma de la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

El artículo 1 del proyecto establece que es causal de recusación para el magistrado que «manifieste judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utilice discursos de odio, o no respete y haga respetar la ley de identidad de género».

En los fundamentos de la medida se establece que los magistrados que «adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones».

Además, se señala que «el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso».

«Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio», señala en sus fundamentos el proyecto de ley.

El debate del tema no contó con la presencia de los senadores de Juntos por el Cambio, lo que fue cuestionado por el presidente de la Comisión, el oficialista neuquino Oscar Parrilli.

«Es difícil trabajar así sin el bloque opositor. Hay una desidia y una actitud infantil en el bloque de la oposición», indicó.

Tras las críticas de Parrilli aparecieron en el Salón Arturo Illia del Senado dos legisladores de Juntos por el Cambio: el fueguino Pablo Blanco y la mendocina Mariana Juri, que se retiró a los pocos minutos.

«Es necesario y urgente este proyecto», expresó la autora de la iniciativa quien agregó que «esto no tiene nada que ver con lo que dice la oposición de que sólo tratamos la agenda judicial de la vicepresidenta» Cristina Fernández de Kirchner.

Para Fernández Sagasti, «este proyecto no es una solución para las violencias, pero sí una forma de sentirnos protegidas».

«Si un juez no incorpora la perspectiva de género, no está impartiendo justicia», agregó la senadora mendocina para luego calificar al Poder Judicial como «patriarcal y misógino».

Según Fernández Sagasti, «muchos jueces firman sentencias homofóbicas y transfóbicas», al tiempo que detalló «la principal garantía para las mujeres y para el colectivo LGBTIQ+ es la imparcialidad».

A su turno, la bonaerense Juliana Di Tullio, quien no pertenece a la Comisión pero hizo uso de la palabra, cuestionó que «el único Poder que no se modificó en estos últimos 40 años desde la recuperación de la democracia fue el Judicial».

«La Justicia está muy lejos de la sociedad en general. Las mujeres necesitamos una justicia feminista», sentenció.

Legislativo

Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno

Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.

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Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas

★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.

La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo

El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.

Qué cambia con la nueva ley

El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.

Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.

El contexto: ajuste sobre ajuste

La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.

En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.

Las voces del debate

El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.

Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.

El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.

La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.

Los votos: cómo se armó la mayoría

El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.

La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.

Puntos clave

  • Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
  • 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
  • El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
  • La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
  • El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
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