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Judiciales ⚖️

Apelan ante Casación por el protocolo represivo de Bullrich y reclaman que causa siga en Comodoro Py

La legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) interpuso un recurso ante el máximo tribunal penal federal del país contra la decisión de la Cámara Federal porteña, que la semana pasada declaró la incompetencia para intervenir en el caso del juez federal Sebastián Casanello, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

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La diputada porteña Celeste Fierro apeló este miércoles ante la Cámara Federal de Casación la decisión de apartar al juez federal Sebastián Casanello de la causa por el llamado «protocolo antipiquetes» implementado desde el Gobierno nacional

La legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) interpuso un recurso ante el máximo tribunal penal federal del país contra la decisión de la Cámara Federal porteña, que la semana pasada declaró la incompetencia para intervenir en el caso del juez federal Sebastián Casanello, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

La sala II de ese tribunal intermedio de apelación del fuero federal dispuso que el expediente tramite en la justicia de instrucción en lo Criminal ordinaria.

Casanello había dado curso al trámite de un «habeas corpus» donde se reclamaba suspender la aplicación del Protocolo hasta que hubiera sentencia definitiva en el reclamo por la inconstitucionalidad de su aplicación.

De hecho el magistrado había realizado ya una primera audiencia para escuchar los argumentos de todas las partes y tenía prevista una segunda que no se hizo porque ese mismo día la Cámara decretó su incompetencia.

En la apelación que ahora se verá si es concedida o no por la Cámara Federal porteña, se reclama a Casación que «declare la competencia de la justicia federal para intervenir en esta causa»

También que «se dé trámite a la acción de habeas corpus y se tornen operativas las protecciones de derechos constitucionales que son materia de reclamo».

Los denunciantes además aclararon que dejan planteada «la ilegalidad y arbitrariedad» de otra decisión de la Cámara Federal, que revocó una «exhortación que había formulado el juez federal de instancia, para que (de manera resumida decimos ahora) las fuerzas de seguridad adecuen su actuación a los estándares constitucionales fijados en materia de manifestaciones públicas».

El reenvío de la causa a la justicia de instrucción «posterga de manera indefinida una respuesta judicial que “pondere” de manera real los intereses en juego en este proceso, esto es, el derecho a la libertad, la integridad y a la manifestación, así como los derechos de reunión y asociación», agregaron.

En la apelación se sostuvo que hay una «clara y evidente privación de justicia» ante el «escenario judicial creado por la decisión de la Cámara Federal».

La semana pasada, cuando se conoció la decisión ahora apelada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó en un posteo en red social X que el protocolo «sigue vigente».

En ese fallo, firmado por el juez de Cámara Eduardo Farah, se resolvió revocar la decisión de Casanello, quien ratificó su competencia para llevar adelante la causa, en la que se reclama el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del protocolo.

También se dispuso «no aceptar» la decisión del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, que había declinado la competencia y enviado el caso a Comodoro Py y devolverle la causa «en forma urgente», al hacer lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Si no se comparte lo resuelto en el juzgado 28, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, por ser el «superior común» entre ambos fueros.

Farah sostuvo en su resolución que en el caso se adoptaron medidas y decisiones «que –sumadas a la falta de competencia- revelan la invalidez de lo actuado».

Policiales 🚨

Chascomús: golpearon a un menor herido en el piso hasta la muerte y nadie hizo nada para detenerlo

La justicia bonaerense investiga si Kevin Martínez, de 15 años, murió como consecuencia del choque de tránsito que sufrió o de la golpiza que recibió mientras yacía herido en la calle. La autopsia determinó «politraumatismos» y «hemorragia interna», pero no resolvió aún la pregunta central del expediente.

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Entre el accidente y la golpiza: la Justicia busca determinar qué mató al adolescente de Chascomús

★ La muerte de Kevin Martínez sacudió a Chascomús y abrió una investigación judicial que todavía no tiene respuesta para la pregunta más urgente: ¿qué mató al adolescente de 15 años? ¿El impacto del accidente de tránsito o los golpes que recibió de un vecino mientras estaba herido en el suelo? La justicia trabaja para desentrañar esa secuencia, y la respuesta tendrá consecuencias penales determinantes para los involucrados.

La autopsia N°1282/2026, realizada en la Morgue Judicial de la Nación por el doctor Di Salvo, estableció que las causas de muerte fueron «politraumatismos» y «hemorragia interna». El resultado forense quedó incorporado al expediente, pero su alcance es técnicamente ambiguo: ambas causas pueden derivar tanto de un impacto vehicular como de una agresión física directa, razón por la cual la investigación continúa abierta y enfocada en reconstruir la cronología exacta de los hechos.

Un vecino que bajó del auto y golpeó a un menor en el piso

El episodio ocurrió en la ciudad bonaerense de Chascomús. El adolescente fue atropellado en un accidente de tránsito y, según denunciaron sus familiares y testigos presenciales, mientras permanecía herido en la calle, un hombre que descendió de uno de los vehículos involucrados en el siniestro lo golpeó en el piso. La combinación de ambos eventos derivó en su muerte.

Lo que esa escena dejó expuesto no fue solo la brutalidad de quien agredió a un menor ya lastimado: también exhibió la inacción de quienes estaban presentes y no hicieron nada para impedirlo.

La abuela del joven fue contundente al hablar públicamente sobre lo ocurrido: «Nadie hizo nada para evitar que le peguen», reclamó en declaraciones ante los medios. Sus palabras condensan una dimensión del caso que va más allá de lo judicial: la de la omisión social frente a una situación de violencia sobre un chico de 15 años que ya no podía defenderse.

La clave jurídica: qué lesión causó la muerte

La investigación se concentra ahora en una distinción que resultará determinante para el encuadre penal. Si los peritos logran establecer que Kevin ya estaba con riesgo de muerte por el choque antes de recibir los golpes, la situación del hombre que lo agredió podría encuadrar en una figura diferente a la del homicidio doloso. Si, en cambio, se acredita que la golpiza fue la causa determinante o agravante de su deceso, las consecuencias jurídicas para el agresor se amplían significativamente.

La justicia analiza pericias, testimonios y registros de cámaras de seguridad. El caso permanece en etapa de investigación y aún no se formalizaron imputaciones definitivas, según la información disponible al cierre de esta edición.

Un chico de 15 años, una ciudad conmocionada

La muerte de Kevin Martínez generó conmoción en Chascomús. El caso reúne varios elementos que lo vuelven especialmente sensible: la víctima era un adolescente, la agresión ocurrió en la vía pública con testigos, y la inacción de quienes presenciaron la golpiza sin intervenir forma parte del relato familiar. La investigación judicial todavía tiene por delante un tramo relevante antes de definir responsabilidades, pero lo que ya está probado desde el inicio del expediente es que un menor fue golpeado en el piso, herido, mientras otros miraban.

Puntos clave:

  • Kevin Martínez, 15 años, murió en Chascomús tras un accidente de tránsito seguido de una agresión física.
  • La autopsia N°1282/2026 determinó «politraumatismos» y «hemorragia interna» como causas de muerte.
  • La justicia investiga si el deceso fue consecuencia del choque o de la posterior golpiza de un vecino.
  • Familiares denuncian que el menor fue golpeado mientras yacía herido, sin que nadie intervinieran.
  • La causa analiza pericias, testimonios y cámaras de seguridad para establecer responsabilidades penales.

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