La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados inició esta tarde el análisis de la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de ley de Presupuesto 2024, que incluye una serie de beneficios impositivos y fiscales que el Congreso podría eliminar para que se alcance el superávit fiscal.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dijo que la intención es tratar esta propuesta diseñada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y «analizar los contenidos de la Separata que se adjuntó en el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, para considerar la viabilidad de utilizar algunos de los recursos que incluye».

«El propósito de hoy es posibilitar que los funcionarios del Ministerio de Economía nos puedan dar la más amplia información posible, y no tomaremos ningún tipo de decisión ni dictaminen, es una reunión estrictamente informativa», aclaró el diputado del FDT.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, aseguró que es «relevante convocar a analizar este gasto tributario que provoca esta merma en la recaudación» y que «nos impide llegar a un superávit fiscal».

Rigo señaló que el Gobierno remitió el proyecto 2024 «es compatible con el déficit del 0,9 negativo» y dijo que es «un valor que representa un esfuerzo para disminuir el déficit» que para el 2023 es de 1,9 por ciento negativo.

También señaló que para bajar ese déficit y lograr superávit del 1 por ciento «es necesario hacer el análisis de los gastos tributarios para llegar a un superávit del 1 por ciento y no se lo puede hacer con una revisión de las partidas».

El funcionario recordó que los «gastos tributario es la cantidad de recursos a lo que renuncia el estado nacional a los efectos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y el financiamiento de los regímenes de promoción».

En el proyecto de Presupuesto 2024, señaló, hay «una fuerte incidencia de un gasto que resultan prioritario y en función de la situación economía y social que atraviesa el país».

Rigo dijo que los servicios sociales «toman un 80 por ciento del gasto primario, todos aquellos que financian nuestro sistema de seguridad social, de asistencia social, y todos aquellos del gastos de salud y en educación».

En esa línea, agregó que «si se incorporaron los subsidios a los servicios económicos, entre los que subsidios al transporte, llega al 85 por ciento».

Por su parte, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, señaló que hay «muchas dispensas y alícuotas reducidas que vienen de muchos años atrás y no se revisan, y a lo mejor se agregan otras como pueden ser los productos de primera necesidad, pero no se revisa lo que está vigente».

«Si desmenuzamos la composición del impuesto a las ganancias tenemos exenciones que están incluidas en el gravamen desde su creación, pero que se fueron acotando, restringiendo y se fiscalizan a los efectos que tengan trazabilidad», completó.

Balestrini opinó que abría que analizar la situación de los magistrados y recordó que en el «1996 se elimina la exención pero luego una acordada hace que continúe vigente. En el 2016 se aplica pero sólo para las nuevas designaciones y allí se plantea situaciones inequitativas».

Sobre los impuestos internos, la funcionaria dijo que «hay una asimetría donde el agua mineral sigue tributando y otras bebidas alcohólicas están exentas y eso habría que revisarlo», y agregó que los «honorarios de directores están exentos de IVA y eso habría que analizarlo».

Entre las cuestiones que se analizarán figuran la exención de Ganancias a jueces y para asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA y el esquema de promoción industrial para Tierra del Fuego.

Se trata de un amplio listado de regímenes tributarios diferenciales o de estímulo fiscal a distintos sectores de la economía, que representan para el fisco una pérdida de recaudación equivalente a 4,72% del PBI.

El Ministerio de Economía buscará consenso con los bloques opositores para que las cuentas fiscales puedan llegar a nivel de equilibrio más rápido.

Concretamente, la separata del oficialismo plantea que con la baja de algunos de estos ítems se podría alcanzar, en 2024, un superávit de 1%.

En el detalle del texto enviado al Congreso figuran: Ganancias de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%) y régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%).