Gremiales
“No va a prosperar”: Manrique vaticinó el fracaso de la reforma laboral en el Congreso
El diputado y sindicalista del SMATA consideró que la propuesta gubernamental no encontrará respaldo parlamentario suficiente y cuestionó la ausencia de políticas de promoción industrial en los proyectos existentes.
El diputado nacional Mario «Paco» Manrique, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), expresó hoy su convicción de que la reforma laboral que analiza el Consejo de Mayo «no va a prosperar» cuando llegue al tratamiento legislativo. El sindicalista afirmó que una reforma laboral debe «salir por ley» del Congreso, donde «no todo el mundo estará dispuesto» a aprobarla.
El Consejo de Mayo, estamento creado por el Pacto de Mayo que tiene entre sus participantes a Gerardo Martínez (CGT) y a Martín Rappallini (UIA), comenzó a funcionar el pasado mes con una propuesta de flexibilización laboral, y el Poder Ejecutivo busca iniciar el debate por una reforma en el régimen laboral, contemplada en uno de los puntos firmados en el Pacto de Mayo del 9 de julio de 2024.
Críticas al modelo económico y falta de agenda industrial
En declaraciones al programa «Sin corbata» que se emite por Splendid AM 990, Manrique planteó que desde el Gobierno nacional se busca «imponer agendas» sin considerar que en el Congreso «ya hay muchos proyectos de ley de reforma laboral, de los cuales ninguno habla de creación de empleo, ni de promoción industrial, ni mucho menos».
El gremialista cuestionó directamente la visión económica del Ejecutivo: «El presidente en la cabeza no tiene un país industrial sino financiero», y sostuvo que con ese esquema «más de 70% de la población queda afuera» del sistema. Para Manrique, la situación económica de la Argentina «no va a cerrar nunca con este modelo económico» porque «el presidente no habla de industrializar a la nación».
Rechazo a flexibilización a costa de los trabajadores
El dirigente del SMATA fue contundente al señalar que «el empresariado argentino tiene que entender que su rentabilidad no puede ser a costilla de los trabajadores, que son los que realmente traccionan y amasan esa rentabilidad que ellos tienen».
Manrique agregó que si el Estado «se ausenta o no les da respuestas» a los pedidos empresariales «en la parte impositiva, en la parte cambiaria, en el tema de las importaciones», los empresarios «no pueden suplir eso pidiéndole a los laburantes que hagamos más sacrificio de lo que ya estamos haciendo».
El contexto del Consejo de Mayo
El Consejo de Mayo tiene por misión elaborar proyectos de ley y políticas públicas que operativicen los compromisos establecidos en el Pacto de Mayo, cuyos principios rectores quedaron definidos con la aprobación de las Leyes Bases y de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. El gran objetivo de esta reunión del Consejo de Mayo es alcanzar un principio de acuerdo para terminar con la informalidad laboral.
El encuentro se realizó en la Casa Rosada con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, con la mirada puesta en el Congreso Nacional que se conformará tras las elecciones legislativas. El objetivo del Consejo de Mayo es llegar a un consenso que permita elaborar un informe a fin de año.
Las declaraciones de Manrique reflejan la resistencia sindical a las propuestas de flexibilización laboral que el Gobierno busca instrumentar a través del Consejo de Mayo, en un contexto donde la reforma deberá enfrentar el escrutinio parlamentario para convertirse en ley.
Puntos clave:
- Paco Manrique pronostica fracaso parlamentario de reforma laboral del Consejo de Mayo
- Critica ausencia de políticas industriales en proyectos existentes del Congreso
- Cuestiona modelo económico «financiero» versus desarrollo industrial
- Rechaza flexibilización laboral «a costilla de los trabajadores»
- Consejo de Mayo busca consenso para informe de reforma a fin de año
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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