El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 493/2025) que da inicio formal a la privatización de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento. Además de habilitar la venta total o parcial de la participación accionaria del Estado (actualmente del 90%), la medida permite por primera vez el corte del servicio de agua por falta de pago, afectando a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida —anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni— fue publicada en el Boletín Oficial y entra en vigencia de inmediato, aunque aún debe ser evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para pronunciarse.

🧾 Lo que dice el DNU 493/2025

Habilita al Estado Nacional a vender total o parcialmente su participación accionaria en AySA, en línea con las leyes 23.696 (Reforma del Estado) y 27.742 (Bases). Sustituye más de 100 artículos del régimen regulatorio anterior. Redefine el rol del Ente Regulador (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA).

Establece un nuevo marco tarifario y permite a la empresa cobrar tarifas y cortar el servicio por mora. Los fondos recaudados podrán garantizar financiamiento privado, transformando el servicio público en activo financiero.

❗ ¿Qué implica el corte por falta de pago?

La nueva normativa autoriza a la empresa concesionaria —sea estatal, mixta o privada— a interrumpir el servicio de agua por falta de pago, algo hasta ahora prohibido por tratarse de un derecho esencial vinculado a la salud pública. La medida llega en un contexto donde la inflación, el desempleo y la caída de ingresos dificultan el pago de servicios básicos, lo que podría dejar a miles de familias sin acceso al agua.

💸 ¿Quién gana con la privatización?

El nuevo marco legal permite que los ingresos de la concesionaria se utilicen como garantía para financiar obras, lo que abre la puerta a la entrada de grandes grupos financieros y fondos de inversión. A su vez, se otorga al Ministerio de Economía el control de la implementación, desplazando al actual directorio y obligando a adecuar el estatuto de AySA a los nuevos lineamientos.

🧱 Régimen de transición: privatización en cuotas

El decreto establece un período de hasta cinco años de transición, durante los cuales se implementarán de forma progresiva las nuevas condiciones del contrato. Según el Gobierno, esto busca “mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera”, una fórmula que prioriza la rentabilidad empresarial por sobre la garantía de acceso universal al agua.

Esta decisión se enmarca en la avanzada privatizadora del Gobierno de Milei, que ya apuntó contra empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos. Pero el caso de AySA toca un servicio esencial para la salud pública, especialmente en los barrios populares donde muchas veces el acceso al agua potable ya es precario.