Diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron hoy la «nulidad» de las audiencias celebradas por la Comisión de Juicio Político en el proceso de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, acusados por mal desempeño de sus funciones en las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La solicitud redactada por el diputado del Pro, Álvaro González, fue plasmada en una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, a quien pidió la anulación de las reuniones donde declararon los testigos en el marco de enjuiciamiento contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda.

La nota redactada por González fue firmada por sus pares en esa comisión Alejandro Finocchiario, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli, Omar De Marchi, Manuel Aguirre, María Joury, Graciela Ocaña, Mario Negri, Karina Banfi, Francisco Monti, Ximena Garcia, y Carla Carrizo.Los legisladores de JXC expresaron: «Solicitamos que se declare la nulidad de la totalidad de las audiencias llevadas a cabo hasta el momento y, eventualmente, en lo sucesivo, se instruya a modificar sustancialmente el modo y procedimiento mediante el cual se interroga a los testigos citados».

Argumentaron que el pedido de anular las audiencias donde declararon testigos sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, que se inició en enero pasado, es para «salvaguardar expresas garantías de rango constitucional».

El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó la semana pasada con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados.

Los legisladores de JxC afirmaron que «consideramos imperativo que se adopte esta solución, aún de oficio, debido que la totalidad de las audiencias se han celebrado en violación a las normas procedimentales más elementales, que rigen en todo proceso legal, pero en particular, y con mayor vigor, en aquellos que tienen un eventual contenido sancionatorio».

«Tal como lo dejaremos planteado en lo sucesivo, las violaciones a las garantías más elementales del debido proceso y defensa en juicio han sido varias y reiteradas. Pero todas estas tienen una nota común, que es un asombroso desprecio de parte de varios miembros de la Comisión por las reglas que, en todas las naciones civilizadas de la tierra, están vigentes para llevar a cabo audiencias de prueba testifical», añadieron.

Señalaron, además, que «el oficialismo, que persigue el propósito -decidido de antemano- de remover a los miembros de la CSJN, soslaya sistemáticamente las formas procedimentales en pos de un objetivo que juzga legítimo».

En ese sentido agregaron que «no obstante, se olvida que la legitimidad de cualquier sanción, sean las del Derecho Penal sustancial o de las normas constitucionales sobre Juicio Político, depende de que se llegue ese eventual reproche por el camino de la ley objetiva y el respeto de las garantías fundamentales».

Otra de las críticas realizadas por los legisladores de JxC es que no se permita «tal como lo venimos planteando desde el inicio mismo de este proceso, y nos vemos ahora obligados a reiterar, toda colección de prueba y toda celebración de audiencias testificales es nula si antes no se notifica a las personas sometidas a investigación que tienen derecho a designar a un abogado defensor de su confianza», que «cuentan con un plazo razonable para que se lleve a cabo esa designación y que, en su defecto, el Estado argentino tiene la obligación constitucional e internacional de designar a un defensor de oficio para cada uno de ellos».

Destacaron, además, que «como ya hemos dicho, tanto verbalmente como por escrito, la notificación de que existe un derecho a designar un abogado», y «la posterior designación de un abogado por elección de la persona denunciada o de oficio por el Estado, es derecho fundamental irrenunciable, consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y por la jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos 325:157, 321:1424, 319:1210, 306:821, 308:1557, 310:492, etc.)».