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Partido judicial: JxC pidió la nulidad de audiencias en Juicio Político contra la Corte

La solicitud redactada por el diputado del Pro, Álvaro González, fue plasmada en una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, a quien pidió la anulación de las reuniones donde declararon los testigos en el marco de enjuiciamiento contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda.

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Diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron hoy la «nulidad» de las audiencias celebradas por la Comisión de Juicio Político en el proceso de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, acusados por mal desempeño de sus funciones en las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La solicitud redactada por el diputado del Pro, Álvaro González, fue plasmada en una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, a quien pidió la anulación de las reuniones donde declararon los testigos en el marco de enjuiciamiento contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda.

La nota redactada por González fue firmada por sus pares en esa comisión Alejandro Finocchiario, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli, Omar De Marchi, Manuel Aguirre, María Joury, Graciela Ocaña, Mario Negri, Karina Banfi, Francisco Monti, Ximena Garcia, y Carla Carrizo.Los legisladores de JXC expresaron: «Solicitamos que se declare la nulidad de la totalidad de las audiencias llevadas a cabo hasta el momento y, eventualmente, en lo sucesivo, se instruya a modificar sustancialmente el modo y procedimiento mediante el cual se interroga a los testigos citados».

Argumentaron que el pedido de anular las audiencias donde declararon testigos sobre el pedido de juicio político contra la Corte Suprema, que se inició en enero pasado, es para «salvaguardar expresas garantías de rango constitucional».

El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó la semana pasada con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados.

Los legisladores de JxC afirmaron que «consideramos imperativo que se adopte esta solución, aún de oficio, debido que la totalidad de las audiencias se han celebrado en violación a las normas procedimentales más elementales, que rigen en todo proceso legal, pero en particular, y con mayor vigor, en aquellos que tienen un eventual contenido sancionatorio».

«Tal como lo dejaremos planteado en lo sucesivo, las violaciones a las garantías más elementales del debido proceso y defensa en juicio han sido varias y reiteradas. Pero todas estas tienen una nota común, que es un asombroso desprecio de parte de varios miembros de la Comisión por las reglas que, en todas las naciones civilizadas de la tierra, están vigentes para llevar a cabo audiencias de prueba testifical», añadieron.

Señalaron, además, que «el oficialismo, que persigue el propósito -decidido de antemano- de remover a los miembros de la CSJN, soslaya sistemáticamente las formas procedimentales en pos de un objetivo que juzga legítimo».

En ese sentido agregaron que «no obstante, se olvida que la legitimidad de cualquier sanción, sean las del Derecho Penal sustancial o de las normas constitucionales sobre Juicio Político, depende de que se llegue ese eventual reproche por el camino de la ley objetiva y el respeto de las garantías fundamentales».

Otra de las críticas realizadas por los legisladores de JxC es que no se permita «tal como lo venimos planteando desde el inicio mismo de este proceso, y nos vemos ahora obligados a reiterar, toda colección de prueba y toda celebración de audiencias testificales es nula si antes no se notifica a las personas sometidas a investigación que tienen derecho a designar a un abogado defensor de su confianza», que «cuentan con un plazo razonable para que se lleve a cabo esa designación y que, en su defecto, el Estado argentino tiene la obligación constitucional e internacional de designar a un defensor de oficio para cada uno de ellos».

Destacaron, además, que «como ya hemos dicho, tanto verbalmente como por escrito, la notificación de que existe un derecho a designar un abogado», y «la posterior designación de un abogado por elección de la persona denunciada o de oficio por el Estado, es derecho fundamental irrenunciable, consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y por la jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos 325:157, 321:1424, 319:1210, 306:821, 308:1557, 310:492, etc.)».

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Cerimedo declaró ante la Justicia boliviana y reveló cuánto gana por mes con sus empresas

El exconsultor de Javier Milei respondió sobre su patrimonio y actividad profesional durante una declaración informativa. También describió sus compañías en Argentina y Estados Unidos y habló sobre su participación en la campaña presidencial boliviana.

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Fernando Cerimedo, exasesor político de Javier Milei y colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró ante la Justicia boliviana en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.

Durante una declaración informativa citada por Noticias Argentinas, el consultor decidió no responder las más de 200 preguntas que recibió. Al referirse a su actividad laboral, sostuvo que «su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y reafirmó su relación con Rodrigo Paz.

Según su declaración, sus ingresos provenientes de actividades realizadas fuera de Bolivia alcanzaron cifras cercanas al millón de dólares.

Cuánto dijo ganar Cerimedo

Ante la consulta sobre sus ingresos mensuales durante 2025, Cerimedo respondió:

«Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia».

Cuando fue consultado por sus ingresos durante 2026, respondió:

«Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior».

En la declaración también quedó establecido que esos ingresos no contemplan los trabajos que realizó en Bolivia.

Las empresas que mencionó durante su declaración

Al explicar su actividad profesional, Cerimedo se definió como un «consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos».

También afirmó que no posee sociedades en Bolivia y detalló las empresas y actividades comerciales que, según su declaración, mantiene en otros países.

Sobre su actividad en Estados Unidos, señaló:

«En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene dos sucursales».

Luego enumeró otras actividades empresariales:

«También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”.

Su relación empresarial con Natalia Basil

Cerimedo también indicó -según expuso NA- que está asociado con su esposa, Natalia Basil, en todas las empresas mencionadas, con excepción de la compañía radicada en Estados Unidos.

Además, reiteró que no posee compañías en Bolivia. Según explicó, su intención era establecer una empresa de marketing en ese país para instalarse allí.

En ese sentido, afirmó que «quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá”.

También sostuvo que no cuenta con ingresos adicionales ni empresas registradas a nombre de terceros.

Qué dijo sobre sus viajes a Bolivia

Durante la declaración, Cerimedo indicó que ingresó por primera vez a Bolivia en 2024, en un viaje que, según afirmó, financió personalmente.

Consultado sobre el motivo de esa primera visita, manifestó que no lo recordaba y negó haber desarrollado actividades o mantenido reuniones durante ese viaje.

Luego señaló que volvió al país durante 2025 y 2026, aunque no precisó la cantidad de viajes.

“Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”, expresó.

Cerimedo y su vínculo con Rodrigo Paz

Otro tramo de la declaración estuvo relacionado con su participación durante la campaña presidencial boliviana y su vínculo con Rodrigo Paz.

Cerimedo volvió a sostener que «jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial».

Sobre su participación en la campaña, describió su aporte como “consejos de comunicación digital”.

No precisó quién lo conectó con el equipo de Rodrigo Paz y sostuvo que no existió un contrato escrito ni pagos provenientes de empresas.

En ese sentido, declaró:

«Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital».

Qué declaró sobre sus ingresos y sus negocios

La declaración de Cerimedo incluyó referencias a sus ingresos, sociedades comerciales y actividades profesionales en Argentina y Estados Unidos.

Entre los datos que aportó durante la presentación judicial figuran:

  • Ingresos cercanos a US$ 1 millón durante 2025 por actividades fuera de Bolivia.
  • Ingresos similares durante 2026, según su declaración.
  • Una empresa denominada Numen Group Inc. en Estados Unidos.
  • Numen de Publicidad en Argentina, con 35 empleados y 12 clientes.
  • Academia Numen, dedicada a cursos de tecnología vinculados con Project Management Institute.
  • Una productora audiovisual.
  • Participaciones en otras empresas sin actividad.
  • Una asociación empresarial con Natalia Basil, salvo en la compañía estadounidense.
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