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Gremiales

Productores rechazan ley ómnibus «por atentar contra el empleo» sectorial

«Atenta de manera letal contra la continuidad laboral de los productores de cine y contenidos audiovisuales que representamos, al desfinanciar a Incaa», indicó un comunicado de la entidad.

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La Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima) expresó hoy la «enorme preocupación generada ante el tratamiento del Proyecto conocido como Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, tras obtenerse dictamen de mayoría en circunstancias poco claras, desoyendo los reclamos sectoriales que se expusieron durante varias horas en los plenarios de comisiones».

«Atenta de manera letal contra la continuidad laboral de los productores de cine y contenidos audiovisuales que representamos, al desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), y eliminar normativas virtuosas e imprescindibles como la Cuota de Pantalla, que regula la cantidad de películas nacionales que deber exhibir los complejos multipantalla», indicó un comunicado de la entidad.

Apima también señaló que «se han propiciado desde algunos medios campañas de desprestigio hacia el cine nacional y el Incaa, malversando información, confundiendo y estigmatizando, lo cual ha generado gran preocupación e indignación entre quienes venimos trabajando con enormes dificultades y generando empleo registrado, bajo las leyes de contratos de trabajo, y de calidad, sin mencionar el prestigio que a nivel internacional y regional tienen los productos que se realizan bajo un mecanismo virtuoso que combina autofinanciamiento con aportes privados».

«El cine argentino se autofinancia: no lo paga el Estado Nacional ni los impuestos de los contribuyentes. Por el contrario, nuestro sector aporta grandes cifras en impuestos que, en un sistema solidario y normal, contribuye como el resto de los sectores productivos, a mover la rueda virtuosa de la economía. El espíritu de esta Ley es delegar facultades al Ejecutivo y desregularizar y subvertir la matriz económica, social y cultural de nuestro país, propiciando para tal fin la pérdida de soberanía en esa materia», agrega el documento.

La Asociación «exige a los diputados que rechacen la Ley y voten en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo, cuyo alcance es inconmensurable, y rechacen la totalidad del Capítulo 3 referido a Cultura. Proteger, fomentar y garantizar la Cultura en todas sus formas es un deber indelegable del Estado.

«Acallar las voces diversas que a lo largo y ancho del país se expresan a través del cine es un mecanismo de censura inaceptable al que no vamos a someternos», concluyó el comunicado.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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