La Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima) expresó hoy la «enorme preocupación generada ante el tratamiento del Proyecto conocido como Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, tras obtenerse dictamen de mayoría en circunstancias poco claras, desoyendo los reclamos sectoriales que se expusieron durante varias horas en los plenarios de comisiones».

«Atenta de manera letal contra la continuidad laboral de los productores de cine y contenidos audiovisuales que representamos, al desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), y eliminar normativas virtuosas e imprescindibles como la Cuota de Pantalla, que regula la cantidad de películas nacionales que deber exhibir los complejos multipantalla», indicó un comunicado de la entidad.

Apima también señaló que «se han propiciado desde algunos medios campañas de desprestigio hacia el cine nacional y el Incaa, malversando información, confundiendo y estigmatizando, lo cual ha generado gran preocupación e indignación entre quienes venimos trabajando con enormes dificultades y generando empleo registrado, bajo las leyes de contratos de trabajo, y de calidad, sin mencionar el prestigio que a nivel internacional y regional tienen los productos que se realizan bajo un mecanismo virtuoso que combina autofinanciamiento con aportes privados».

«El cine argentino se autofinancia: no lo paga el Estado Nacional ni los impuestos de los contribuyentes. Por el contrario, nuestro sector aporta grandes cifras en impuestos que, en un sistema solidario y normal, contribuye como el resto de los sectores productivos, a mover la rueda virtuosa de la economía. El espíritu de esta Ley es delegar facultades al Ejecutivo y desregularizar y subvertir la matriz económica, social y cultural de nuestro país, propiciando para tal fin la pérdida de soberanía en esa materia», agrega el documento.

La Asociación «exige a los diputados que rechacen la Ley y voten en contra de la delegación de facultades al Ejecutivo, cuyo alcance es inconmensurable, y rechacen la totalidad del Capítulo 3 referido a Cultura. Proteger, fomentar y garantizar la Cultura en todas sus formas es un deber indelegable del Estado.

«Acallar las voces diversas que a lo largo y ancho del país se expresan a través del cine es un mecanismo de censura inaceptable al que no vamos a someternos», concluyó el comunicado.